Habla candidata nicaragüense perseguida por Ortega

Desde su escondite en el exilio, una de las candidatas de la oposición en Nicaragua, la abogada María Asunción Moreno, explica cómo ha funcionado la represión electoral del régimen Ortega-Murillo y cómo ella misma tuvo que salir de su país para proteger su vida.

Ante la persecución política a través de la Fiscalía y la Policía, una vez que se conoció mi postulación a la precandidatura presidencial, mis opciones fueron cárcel o exilio. Muy a mi pesar tuve que salir de mi país para salvaguardar mi integridad, mi libertad y la vida, y poder levantar mi voz por quienes hoy están silenciados en las cárceles de Nicaragua, por los que viven la represión y violencia del régimen de Ortega, que practica actos de terrorismo contra una población que tiene vocación democrática y pacífica.

A la Alianza Cívica, nacida en el 2018. La única organización de la sociedad civil que estaba participando en este proceso, junto con Ciudadanos por la Libertad (CxL). Pero ya hay evidencia suficiente de que es un proceso electoral fraudulento desde su origen, sin precedentes en América Latina, que pondrá al desnudo la ilegitimidad de Ortega-Murillo con su propósito de perpetuarse en el poder. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tomó la decisión, por consenso, de postular mi precandidatura para la presidencia el 9 de julio. Y al día siguiente, antes de las veinticuatro horas, yo estaba siendo citada por la Fiscalía.

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Efectivamente, gran parte de mi vida la dediqué, hasta el 2018, a la vida académica, a la investigación y a la asesoría técnica en elaboración de leyes a través de consultorías, que era contratada por organismos internacionales para apoyar todo el proceso de fortalecimiento institucional del sistema de justicia. Estando en la universidad, se dio la rebelión de abril y a partir de ahí tomé la decisión de participar de forma voluntaria, junto con un grupo de estudiantes, para apoyar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la recepción de denuncias de todas las familias de los asesinados durante las manifestaciones del 2018. Ahí nos involucramos en la vida política, acompañando a organizaciones de víctimas que empezaron a crearse a partir de todos los crímenes y asesinatos de jóvenes manifestantes.

En Nicaragua hay una dictadura que ha implantado un modelo totalitario, que está en su fase de radicalización. Se vive en un estado de emergencia de facto donde todas las libertades civiles y políticas prácticamente están suspendidas. La población, en general, sufre represión y violencia. El régimen de Ortega tiene una concentración casi absoluta del poder, todas las instituciones gubernamentales y poderes del Estado son utilizados para ejecutar actos de persecución y criminalización en contra de quienes piden libertad y democracia. Estamos en un año electoral en el que las condiciones son desfavorables para la transición democrática. Los Ortega-Murillo vienen implementando una estrategia represiva a través del sistema de justicia, con la finalidad de callar a los nicaragüenses que exigen libertad y democracia. Para ello han recurrido a los asesinatos, encarcelamientos, fabricación de procesos penales en contra de manifestantes, prácticas de torturas, censura y persecución de medios.

Previo al proceso electoral, se aprobó un bloque de leyes represivas e inconstitucionales (ley de agentes extranjeros, ley 1055 sobre traición a la patria, reforma del código penal y código procesal penal, incorporación de cadena perpetua, ley de ciberdelitos, etc.), incluida la contrarreforma electoral, que no cumple con estándares mínimos para unas elecciones libres. Además, se eligió un tribunal electoral afín a su partido y se han cancelado personerías jurídicas a tres partidos, PRD, PC y CxL.

En junio se inició una etapa de criminalización de la participación política, que tiene a 31 opositores detenidos, entre ellos siete precandidatos presidenciales y dos en el exilio, y a más de 20 líderes opositores secuestrados o desaparecidos. Asumí la propuesta de mi organización para la precandidatura porque de los 31 secuestrados de la oposición política, cuatro pertenecen a mi organización, Alianza Cívica.

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Las personas son detenidas sin orden judicial, llevadas supuestamente por el régimen, pero lo cierto es que, desde hace dos meses, no se sabe el estado de integridad de estas personas que están supuestamente en una cárcel donde se practica la tortura, que se llama El Chipote. Nadie los ha visto. Eso supera la propia detención ilegal y se convierte en secuestro.

La represión en Nicaragua es el día a día. Y para los ciudadanos que hacemos oposición, 24-7. A nosotros en los recorridos por el país nos hacían retenes, nos tomaban fotografías, nos intimidaban, en algún momento fuimos golpeados.

A las 24 horas de aceptar el relevo en mi organización, la Fiscalía me citó, un sábado a las ocho y media de la noche. La cita no decía cuál era el motivo por el que me obligaban a comparecer el día lunes. A pesar de que era una citación ilegal, yo decidí acudir. Pero una persona a la que envié por delante me advirtió que en el camino a la Fiscalía había todo un operativo policial. Decidí, entonces, cambiar de ruta y pedí reprogramar la cita. La Fiscalía se negó. Al fin y al cabo, es una institución que está al servicio del régimen de Ortega-Murillo. Me quedé prácticamente doce días en la clandestinidad, escondida. Me cambié en cuatro ocasiones de lugar para resguardar mi integridad. ¿Y cuándo decidí irme al exilio? Cuando vi que la única opción que tenía era eso o la cárcel, luego de que la Fiscalía solicitara mi conducción forzosa, o sea, mi captura.

Exactamente, una semana más tarde. Fue a la media noche. Entraron 30, 40 policías, escalando muros. Detuvieron a las dos personas que estaban ahí, las golpearon y empezaron a revisar cada espacio de mi casa. Se llevaron todo lo que había de valor, incluido mi carro; al régimen le gustan las cosas de lujo. Hasta la comida de la refrigeradora se llevaron, inclusive cosas de uso personal, como los perfumes, el champú. A ese nivel. Nunca hubo una orden judicial. Salieron a las dos y media de la mañana. Eso fue un día sábado, y el lunes la Fiscalía estaba pidiendo mi conducción forzosa. Ahí es donde yo decido, definitivamente, irme al exilio. Salí por un punto ciego del país, obviamente no podía ni por el aeropuerto ni por migración de alguna frontera.

Mandar un mensaje de esperanza a los nicaragüenses de que no todo está perdido y de que Daniel Ortega no tiene el control ni el poder absoluto sobre nosotros. Salí para que no se cumpliera el guion que quería Ortega conmigo. Me di cuenta del peligro que representaba para el régimen, cuando vi toda la reacción inmediatamente se conoció mi postulación.

Con la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Ortega-Murillo ha cerrado la posibilidad de que la oposición participe en las elecciones del 7 de noviembre. Ya no hay por quién votar. Esta vía se agotó.

¿O sea, todo indica que Daniel Ortega y su señora van a ser reelegidos por cuarta vez?

No es que todo indique que van a ganar, sino que estamos en un proceso electoral en el que Ortega ha ido –a través de una reforma represiva de la ley electoral, que no cumple los estándares para la celebración de unas elecciones libres– cancelando las personerías jurídicas de los partidos políticos. Con esta ola represiva, él quiere eliminar la competencia en el proceso electoral, o de lo contrario no puede ganar. Por lo tanto, implanta el terror y el miedo en la población para que no vaya a participar en las elecciones, porque nosotros desde la oposición estamos invitando a la participación masiva.

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Muy difícil. El desarraigo obligado es muy doloroso. Nunca había imaginado tener que salir del país. Genera mucha inestabilidad no saber si será por un año, por cinco, y si algún día voy a poder regresar a mi país. También me congelaron las cuentas del banco. Pero los que salimos al exilio logramos salvar nuestra integridad, nuestra libertad y probablemente hasta nuestra vida, y tenemos la posibilidad y la obligación de levantar la voz por aquellos que han sido silenciados en las cárceles de Nicaragua, o por el miedo y el terror que genera la represión policial. Y si los que estamos en el exilio vivimos una situación difícil, compleja y dolorosa, soy consciente de que los presos políticos se encuentran en peores circunstancias, aislados e incomunicados, sin que sus familiares sepan cómo y dónde están. Tampoco pueden levantar su voz.

Un futuro en el que se va a perpetuar la represión y la impunidad. No tengo duda de que en este proceso ‘electoral’, el orteguismo se reelegirá a través de un fraude, por lo que será un gobierno ilegítimo, aislado internacionalmente. Ya hay voces desde la Unión Europea que han expresado que Daniel Ortega no será reconocido si se ‘reelige’ sin las mínimas garantías. El Congreso de Estados Unidos ya aprobó la Ley Renacer, para obligar a Ortega a celebrar elecciones libres. La Unión Europea anunció sanciones. Canadá se ha expresado alto y claro. Incluso países muy afines ideológicamente al régimen, como Argentina y México, han retirado a sus embajadores.

Sigo creyendo en que la solución a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vivimos en Nicaragua son unas elecciones justas, libres, con observación internacional y en las que se garantice el respeto a la voluntad de la mayoría. La población tiene miedo, pero es un pueblo valiente, que vive cotidianamente asedios, persecuciones, inhibiciones, encarcelamientos, desapariciones, secuestros y exilio. Con todo ello, desde la oposición se estaba haciendo un gran esfuerzo por ir a las elecciones, con la esperanza de una participación masiva. Hoy, esta opción no es viable, ya que Ortega ha eliminado a sus contendientes opositores. Los seguidores del régimen Ortega-Murillo son fanáticos incondicionales, entre los que impera la intolerancia. Creen en la narrativa de su líder, que considera “golpistas y terroristas” a los que queremos una Nicaragua libre y en democracia, en la que las víctimas tengan a la justicia. 

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO