Nueva crisis en Perú: terremoto por presunta red criminal encabezada por fiscal general

Una nueva crisis. El Ministerio Público de Perú enfrenta desde este lunes un terremoto interno, que también ha tenido réplicas en el Ejecutivo y el Congreso, luego del inicio de una investigación por la existencia de una presunta red criminal encabezada por la fiscal general, Patricia Benavides, dedicada al tráfico de influencias.

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En respuesta, y de manera sorpresiva, Benavides destituyó a la fiscal a cargo de la investigación y también denunció ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte, y al primer ministro, Alberto Otárola, por cinco muertes en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país de diciembre de 2022 a marzo pasado.

¿Cómo se produjo esta crisis y qué viene ahora? Estas son las claves del complejo caso que ha desatado la guerra de los poderes en Perú.

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El Equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía emprendieron este lunes una serie de detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de asesores y ex asesores de Benavides, como parte de la investigación de la presunta organización criminal "enquistada en la alta dirección del Ministerio Público".

Esa organización presuntamente buscaba influir "ilícitamente en decisiones de congresistas" para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos "para fines ilícitos".

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En el marco de ese operativo fue detenido un asesor de Benavides, Jaime Villanueva, cuya vivienda y oficina fueron allanadas en la mañana del lunes. La situación se replicó con otros dos del Ministerio Público cercanos a la fiscal general. Este martes se confirmó que Villanueva permanecerá detenido durante 10 días mientras es investigado por presuntamente integrar la organización criminal.

Esta presunta red en el Ministerio Público, siempre según las investigaciones, supuestamente influenció en las decisiones de congresistas que benefician a la fiscal general, a cambio de que esta blindara a varios parlamentarios.

Este lunes, luego de que medios locales informaran que Marita Barreto iba a ser cesada como jefa del Eficcop, los fiscales que integran el equipo especial rechazaron la decisión y, tras anunciar que "permanecerán en el cargo", reafirmaron su "compromiso de una lucha frontal contra la corrupción, provenga de donde provenga, y caiga quien caiga".

En efecto, la propia Benavides oficializó este martes el cese de Barreto. La resolución que confirmó la medida apareció fechada el 25 de noviembre, aunque fue publicada en una edición extraordinaria del boletín de normas legales emitida hacia la medianoche de este lunes.

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En la misma también se designó como nuevo coordinador del Eficcop al abogado José Miguel Cuya Berrocal, quien se encargaba de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada.

En la resolución se afirma que Barreto "no ha cumplido con la entrega oportuna de la información requerida" sobre la carga del equipo especial e informa que "resulta pertinente (...) cambiar la coordinación actual del equipo especial mencionado".

Barreto sostuvo, por su parte, en la emisora RPP que la decisión de Benavides es un "abuso de poder", porque consideró que no existe una razón justificada para su cambio.

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Sin embargo, Cuya declinó el nombramiento por "motivos personales", según una carta suya dirigida a Benavides y publicada por los medios peruanos.

Una serie de chats filtrados a la prensa, muestra cómo Villanueva señala que es el único autorizado para hablar en nombre de Benavides y se pone en o con parlamentarios para influir en la votación de la inhabilitación de Ávalos por cinco años. También argumenta ante diversos congresistas las razones para elegir al actual defensor del pueblo.

Además, hay conversaciones de Villanueva con varios parlamentarios sobre la votación para destituir a los de la JNJ, una institución que ha iniciado investigaciones contra Benavides.

La apertura de esas pesquisas en el Congreso con el fin de cesar a los del máximo órgano de gobierno de la judicatura fueron denunciadas por diversas organizaciones por socavar la división de poderes y la democracia.

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Según la investigación, son 37 los congresistas que presuntamente están vinculados al caso, aunque de momento ninguno se ha pronunciado al respecto.

De hecho, este martes también se conoció que existen al menos 37 audios que revelan las coordinaciones que hacía un asesor de la fiscal general con congresistas para, entre casos, lograr una sanción contra la ex fiscal general Zoraida Ávalos.

Mientras se conocían más detalles de la denominada "Operación Valquiria V", dos fiscales supremos pidieron la renuncia de Benavides, y el fiscal Rafael Vela, quien era jefe del equipo que investiga el caso Lava Jato, afirmó que una organización criminal ha tomado el Ministerio Público.

Algunos congresistas comenzaron a pedir un adelanto de elecciones y la ciudadanía se mantiene a la espera de un pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, organismo que puede cesar a Benavides.

Benavides emitió un pronunciamiento, acompañada por dos de los seis fiscales supremos y anunció que la investigación es un "ataque premeditado" y un "intento torpe" de los "poderosos que no quieren ser investigados".

Anunció de inmediato que denunció por la presunta comisión del delito de homicidio agravado a la presidenta Boluarte y al primer ministro, además de a otros tres exministros del Interior que ocuparon esa cartera durante las protestas.

Boluarte aseguró este lunes que la denuncia presentada en su contra es una "deleznable maniobra política" con la que pretende "distraer la atención" de la ciudadanía.

La presidenta peruana afirmó en una declaración en el Palacio de Gobierno que Benavides "tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa", por la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que señala a la fiscal general de encabezar una presunta red criminal en el Ministerio Público acusada de tráfico de influencias.

La denuncia contra Boluarte solo puede ser presentada ante el Congreso, puesto que se trata de un caso cometido mientras esta ejercía la Presidencia, por lo que será el Legislativo el que decida si la acepta a trámite y si, a su vez, se toman decisiones respecto a los parlamentarios implicados.

El artículo 117 de la Constitución peruana establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, la disolución irregular del Parlamento o impedir el funcionamiento de los órganos electorales, entre otros supuestos constitucionales.

Sin embargo, Benavides denunció en 2022 al entonces presidente Pedro Castillo. Según explicó entonces la Fiscalía, este tipo de denuncias constitucionales son un procedimiento que permite determinar si personas con inmunidad han cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones.

Por el momento, el Legislativo suspendió el pleno previsto para este lunes y durante los próximos días tendrá que debatir si procede la denuncia, una decisión que puede derivar en un nuevo choque de trenes entre poderes o una protección de la presidenta.

También está en el aire el futuro de Benavides, en caso de que no ceda a las presiones y dimita. Podría ser cesada por la Junta Superior de Fiscales o por la JNJ.

En caso de continuar como cabeza del Ministerio Público también deberá resolver una compleja coyuntura que ha puesto en duda su liderazgo de la institución.

Por lo pronto, Benavides será sometida a un proceso disciplinario inmediato por parte del máximo órgano de gobierno de la judicatura peruana, la Junta Nacional de Justicia, debido a las investigaciones por supuesto tráfico de influencias contra su entorno más cercano.

Después de 24 horas en sesión permanente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú informó que este tipo de procedimientos se abren a jueces o fiscales cuando "existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular", según un comunicado compartido en la red social X (antes Twitter), donde aclaró que ya han notificado a Benavides el inicio del proceso.

La JNJ aclaró que el procedimiento disciplinario inmediato se sigue a un juez o fiscal por la comisión de una falta disciplinaria "muy grave", detectada en el momento en que se está ejecutando. Añadió que actúa en estricto cumplimiento de la Constitución, su ley orgánica y su reglamento de procedimientos disciplinarios, "garantizando el debido proceso y cautelando el interés público".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y EL COMERCIO (PERÚ) / GDA