Un año del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: ¿Quién ordenó el crimen contra el excandidato presidencial y en qué va el caso?

Hace exactamente un año, el 9 de agosto de 2023, fue asesinado el excandidato presidencial, Fernando Villavicencio Valencia, magnicidio que, además de sacudir la política ecuatoriana, develó la intrincada estructura narcodelictiva que se ha tomado el Ecuador.

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El presidenciable fue acribillado cuando ingresaba al vehículo en el que se movilizaba, luego de salir de un mitin político en un colegio del norte de Quito, la capital ecuatoriana. 

Villavicencio, un periodista de 59 años que inició su carrera política como sindicalista, fue asesinado a pocos días de realizarse la primera vuelta presidencial de elecciones adelantadas para reemplazar por un año y medio a Guillermo Lasso. 

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El exmandatario agobiado por la ingobernabilidad, bajo la figura constitucional de “muerte cruzada”, disolvió la Asamblea Nacional y se obligó a dejar el poder al haber cumplido solo dos años y medio de periodo de cuatro años para el que fue elegido.

Villavicencio se posicionó en el ámbito político ecuatoriano por la publicación periodística de fuertes casos de corrupción, que en su mayoría señalaron al gobierno del expresidente, Rafael Correa (2007-2017). 

Fue justamente quien lideró la investigación del financiamiento de Odebrecht y otras empresas a las campañas electorales del correísmo a cambio de contratos con el Estado. El caso, denominado “sobornos”, derivó en una sentencia de 15 años de prisión por el delito de cohecho contra el expresidente Correa, asilado en Bélgica, y de otros 15 funcionarios de su gobierno.

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En diciembre de 2013, autoridades judiciales allanaron la casa de Villavicencio e incautaron sus archivos y dispositivos electrónicos. El activista acusó al gobierno por la acción en su contra. Tres meses después, junto a otros dos activistas, pasaba a la clandestinidad para evitar su encarcelamiento por una sentencia judicial de 18 meses por injurias en contra de Correa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, les concedió medidas cautelares y dispuso al Estado ecuatoriano suspender la sentencia.

“Me vengaré de la violencia contra mi familia, pero de la manera más sutil y civilizada. Hoy ellos van cayendo y yo estoy libre. Lo he hecho con la única arma, el periodismo”, señaló luego de haber publicado varias denuncias contra el correísmo.

En 2021, logró una curul en la Asamblea Nacional y logró presidir la Comisión de Fiscalización, tribuna desde la que fortaleció su perfil por varias denuncias de corrupción que incluso involucraron al expresidente Lenin Moreno, actualmente bajo medidas cautelares para evitar su detención.

Un día antes de su asesinato, acudió a la Fiscalía para denunciar sobreprecios en la producción petrolera y días antes hizo públicas las amenazas que habría recibido del grupo de delincuencia organizada, denominada “los choneros”. “No les tengo miedo”, “no me van a callar” “Vengan, aquí estoy” retaba públicamente el candidato.

Según las encuestas, a la fecha de su asesinato, Villavicencio ocupaba el cuarto lugar en la preferencia electoral. Sin embargo, aseguraba que ganaría las elecciones por sus promesas de luchar contra la corrupción, las mafias organizadas, depurar las instituciones e impulsar el crecimiento económico del país y desestimaba el triunfo de su contendora por el correísmo, Luisa González, quien lideraba los pronósticos.

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En sus últimos discursos arremetió contra jueces y policías. “la Policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, de los delincuentes de cuello blanco”, dijo tras prometer la depuración de la fuerza pública. 

Su desaparición cambió el panorama electoral y el voto solidario y de rechazo al violento asesinato impidió que el correísmo se haga nuevamente del poder e impulsó el triunfo del actual presidente, Daniel Noboa. Construye el movimiento político al que se alío Villavicencio, se catapultó políticamente logrando un importante número de escaños en la Asamblea.

“Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista”, dijo el entonces presidente Lasso, y no faltaron las promesas de investigar el “hasta las últimas consecuencias” para dar con los responsables materiales e intelectuales del crimen. En las investigaciones intervino el FBI y Estados Unidos ofreció cinco millones de dólares por información para dar con los responsables directos del crimen.

La misma noche del asesinato, los colombianos Jules Osmin Castaño Alzate, Jhon Gregore Rodríguez Góngora, Andrés Manuel Mosquera Ortíz, Adey Fernando García García, Camilo Andrés Romero Reyes y José Neyder fueron detenidos como sospechosos de la muerte. Un mes después fueron asesinados en una cárcel de Guayaquil. Otro involucrado, también fue asesinado en distindo centro penitenciario.

Según la delación de un testigo protegido, se pagaron 200 mil dólares por el sicariato para acabar con Villavicencio.

Durante el proceso judicial se identificó a Carlos Ángulo, alias 'Invisible', como el cabecilla de la narco organización “los lobos”, quien desde una cárcel del centro del país, habría organizado el operativo criminal. Fue sentenciado a 34 años de prisión junto a otros coautores y cómplices materiales.

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María Paula Romo, exminsitra de Gobierno y líder de Construye aseguró a la cadena Teleamazonas, que el asesinato de Fernando Villavicencio fue un crimen con motivaciones políticas, ordenado por los vínculos entre las organizaciones criminales y algunas organizaciones políticas que han sido y siguen siendo sus aliadas en el Ecuador.

La familia de Villavicencio también reclama por resultados. “La justicia está "totalmente colapsada" señala su hija al asegurar que se les ha negado a los expedientes relacionados con los autores intelectuales, imponiéndoles una doble reserva a la información.

Un año después, la Fiscalía continúa la investigación para determinar los autores intelectuales del magnicidio, los uniformados, responsables de la custodia del político están procesados, la Asamblea no aprobó un homenaje por el aniversario de la muerte del activista y en medio de una violenta escalada narcodelictiva, Ecuador se apresta a vivir otra campaña presidencial.

ANA LUCÍA ROMÁN

PARA EL TIEMPO

QUITO