Israel: ¿Benjamin Netanyahu está poniendo en peligro la democracia del país?

A fines del año pasado, el líder derechista israelí Benjamin Netanyahu sorprendió al mundo al regresar al poder a pesar del juicio por corrupción que enfrenta desde 2020.

(Lea aquí: Las claves para entender la nueva ola de violencia entre israelíes y palestinos).

Apoyado en su partido, el Likud, y gracias a un pacto con la extrema derecha y grupos político-religiosos más radicales para conseguir las mayorías en el Parlamento, Netanyahu volvió al cargo de primer ministro el 29 de diciembre y, desde entonces, ha disparado la violencia en Gaza y Cisjordania, ha lanzado una ofensiva contra la Justicia y ha comprometido la imagen internacional de su país.

De 73 años, Netanyahu fue elegido por primera vez en 1996, cuando apenas había cumplido 47. El que acaba de iniciar es su tercer período como primer ministro, pero también ocupó el cargo desde el 96 al 99, y luego de 2009 a 2021, una suma de 15 años que lo convierten en el dirigente con más tiempo al frente del Ejecutivo desde la creación del Estado en 1948. Incluso más que el fundador de Israel, David Ben Gurión, quien completó poco más de 13 años.

En apenas nueve semanas, Netanyahu y la amplia mayoría que lo respalda en la Knéset (Parlamento) han activado una agresiva política de derecha populista, que lo asemeja –con las diferencias del caso– a algunos de los dirigentes autoritarios de moda en este siglo, una gama que va desde Donald Trump a Vladimir Putin.

Su respaldo a más de 700.000 colonos israelíes que han establecido sus barrios residenciales en territorios que los acuerdos internacionales otorgaron a los palestinos amenaza con distanciar a Netanyahu de Washington y de la Unión Europea.

(Lea también: Abuela palestina se niega a ser expulsada de su casa por ataques en Cisjordania).

Las críticas han sido especialmente duras porque dicho respaldo incluye a grupos de colonos armados que han actuado con singular violencia en contra de los palestinos que reclaman las áreas asignadas a ellos en los tratados.

En ese ambiente de crispación, la violencia no se ha hecho esperar con el mismo ciclo tantas veces repetido de acciones terroristas de Hamás y de facciones del Estado Islámico. Esto se suma a la respuesta del Gobierno de Tel Aviv con incursiones y bombardeos de castigo a la Franja de Gaza y Cisjordania que, a su vez, desatan más acciones violentas de los grupos palestinos.

En lo que va del año, 62 palestinos –entre ellos varios menores de edad, como suele ocurrir– han muerto por ataques militares de Israel, así como por disparos de colonos extremistas. Durante 2022, más de 200 palestinos murieron por esas acciones en Gaza, Cisjordania y en territorio de Israel. Que los dos primeros meses de 2023 sumen cerca de un tercio del trágico saldo de 2022 –que ya fue uno de los más altos del siglo– indica que la violencia va en aumento. Las víctimas del lado israelí también crecen. Fueron 31 en 2022, y en lo que va de 2023 suman siete, cerca de una cuarta parte en apenas ocho de las 52 semanas del año.

(De interés: 300 heridos en ataque de colonos israelíes en Cisjordania: ¿qué está pasando?).

Aparte de la violencia, febrero y los primeros días de marzo han estado marcados por multitudinarias manifestaciones contra la reforma legislativa que Netanyahu impulsa en el Parlamento y que, según la oposición, les da un golpe devastador a la separación de poderes característica de los Estados de derecho y al equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La propuesta implica una reforma de las instituciones, pero el punto más crítico es la llamada “cláusula de anulación” que otorga al Parlamento el poder de echar abajo decisiones del Tribunal Supremo por el voto de la mayoría simple de los de la Knéset. Es como si en Colombia, cuando la Corte Constitucional tumba una ley por considerar que viola la carta, el Congreso, por mayoría simple de sus , pudiera echar abajo el fallo.

Para oponerse a ello, cientos de miles de personas se han echado a las calles este año. En el noveno fin de semana consecutivo de protestas, 150.000 personas marcharon el sábado pasado en Tel Aviv y 250.000 más en otras ciudades en las que los líderes opositores bautizaron como “la jornada de resistencia por la democracia”. Miles bloquearon la autopista Ayalón, la importante vía que atraviesa Tel Aviv y la une con su entorno metropolitano.

Policías a caballo y tanquetas con potentes mangueras de agua fueron utilizados para dispersar, al final de la jornada, a los manifestantes. Las imágenes de las manifestaciones y de la represión del bloqueo de la vía le dieron la vuelta al mundo y proyectaron la idea de un país profundamente dividido, apenas dos meses y una semana después de la llegada de Netanyahu al poder.

(Puede leer: El Gobierno israelí impulsa la pena de muerte para 'terroristas' palestinos).

El presidente de Israel, Isaac Herzog –jefe del Estado, pero no del Gobierno– advirtió hace pocos días que “muchos ciudadanos de la sociedad israelí, muchas personas que incluso votaron por la coalición de gobierno, temen por la unidad nacional”, antes de llamar a Netanyahu a dialogar con la oposición. “Estamos –explicó Herzog– ante un profundo desacuerdo que está destrozando nuestra nación”.

El líder de la oposición, Yair Lapid, instó a los parlamentarios que apoyan a Netanyahu a frenar el avance de la reforma “si en algo les importa Israel”. Otros diputados opositores han sido más duros: Ram Ben Barak comparó la legislación que el Gobierno impulsa con la que los nazis impusieron en Alemania cuando Adolfo Hitler llegó al poder.

En Washington, el gobierno del presidente Joe Biden luce muy preocupado por la deriva autoritaria de Netanyahu. La Casa Blanca ve en ello un alto riesgo para las garantías democráticas que han imperado en el sistema político de Israel.

En un pódcast durante este fin de semana, el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, dijo que el gobierno de Netanyahu “debe frenar” la aprobación del controvertido cambio legislativo y buscar consensos.

Para Biden, sería terrible que Israel, su gran aliado en Oriente Próximo y casi el único país de la región que exhibe un sólido sistema democrático, perdiera esa condición. Como advertía un documento que circuló la semana pasada por las cancillerías europeas, que también están muy inquietas, “si la democracia en Israel resulta limitada y se convierte en algo similar a los regímenes autoritarios de Turquía o Hungría, va a ser muy difícil contar con su gobierno como aliado de Occidente y seguirlos apoyando cuando se dan agresiones de sus vecinos”.

(Además: El peligroso giro de Israel hacia la autocracia).

Otros dos sectores, en general asociados con el pensamiento de derecha, han expresado su intranquilidad: los militares y los empresarios. Varios exjefes de la Fuerza Aérea israelí –que por décadas ha sido clave en la defensa del país desde cuando, hace 70 años, los vecinos árabes retaron militarmente a Israel– enviaron al primer ministro una carta pública en la que expresaron “su profunda preocupación por los procesos que tienen lugar en el estado de Israel”.

Advirtieron los excomandantes que la división causada por la reforma que Netanyahu promueve puede “representar un peligro tangible y grave” para la seguridad del país. La alarma de los exjefes militares no se limita al proceso de reforma institucional, sino que incluye la situación de la Fuerza Aérea, donde varios pilotos de combate de la reserva, de los escuadrones más respetados y condecorados del país, anunciaron que suspenderían su participación en unas maniobras esta semana como forma de protesta contra la reforma.

Para ellos, si la salud de la democracia israelí se vuelve cuestionable a nivel internacional, y en especial si la independencia del Poder Judicial queda en entredicho, en el futuro muchas de las actuaciones militares de los pilotos de combate, así como de otros uniformados, podrían terminar en manos de tribunales internacionales porque, según ellos temen, los jueces de Israel perderían su credibilidad si pasa la reforma de Netanyahu.

Los líderes empresariales del país también se oponen a la reforma. Temen que la falta de garantías que, para el mundo de los negocios, resulta de la pérdida de independencia de la Justicia lesione uno de los grandes motores de la economía: la inversión extranjera.

En los tres años que acaban de pasar, inversionistas del exterior inyectaron más de 53.000 millones de dólares a la economía del país, en especial en el sector de la alta tecnología. Decenas de presidentes de compañías tecnológicas han salido abiertamente a participar en las protestas y han alentado a sus trabajadores a sumarse, como lo relató hace pocos días la revista sa Marianne.

En una de las manifestaciones en Tel Aviv, los empresarios de este sector llevaban una enorme pancarta que decía: ‘Nada de high-tech sin democracia’.

(Siga leyendo: Qin Gang, nuevo canciller chino, debuta con un discurso firme contra EE. UU.).

En la misma línea, varias firmas calificadoras de riesgo, como Standard and Poor’s, han hablado ya de las “consecuencias negativas” que traería el cambio de reglas

constitucionales. Como dijo hace poco Jacob Frenkel, exgobernador del Banco de Israel (banco central del país), “estamos jugando con candela”.

Pero el jefe de gobierno y sus aliados en el Parlamento siguen empeñados en sacar adelante la reforma, algo tras lo cual puede haber un juego sucio por cuenta del juicio por cohecho, fraude y abuso de confianza que la Justicia le sigue a Netanyahu. “Si eres juzgado por corrupción y eres primer ministro esto te pone en un conflicto de intereses”, había advertido hace semanas a la agencia Efe Adam Shinar, docente de derecho en la Universidad Reichman de Israel.

Mucho más si la legislación que ese primer ministro impulsa debilita a la Justicia. Imposible no ver en tan discutible reforma, además de la concentración de un mayor poder en manos del Ejecutivo, una venganza de Netanyahu contra el Poder Judicial que sigue adelante con el juicio en su contra. Pero esa vendetta le puede costar a Israel que el mundo deje de considerarlo una democracia.

MAURICIO VARGAS

PARA EL TIEMPO