¿Por qué Colombia solicitó intervenir en La Haya en la demanda contra Israel y qué puede lograr?

La Cancillería de Colombia presentó el pasado 5 de abril su solicitud de intervención en la demanda que Sudáfrica interpuso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por actos de “genocidio” en Gaza.

El máximo tribunal confirmó que recibió la solicitud. Según la CIJ, el gobierno colombiano argumentó que la Convención sobre el Genocidio (1948) es “un instrumento cardinal del derecho internacional” y el caso “plantea cuestiones vitales relativas a la interpretación y aplicación de varias disposiciones” que reflejan obligaciones de la comunidad internacional en su conjunto y de los Estados parte del tratado.

La elevación de esta petición hace parte de la posición que ha venido manifestando el Ejecutivo colombiano en relación con el conflicto en Gaza. El presidente Gustavo Petro ha dicho en varias ocasiones que respalda esa demanda, pues considera que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está violando normas consignadas en la Convención para la prevención de genocidios de 1948.

En un mensaje enviado a medios, la cancillería colombiana hizo un "llamado a que otros Estados Parte en la Convención de 1948 se sumen a este procedimiento".

Si bien fue Sudáfrica el país que elevó la demanda en la CIJ, Colombia invocó el artículo 63 del Estatuto de La Haya que les permite a otros Estados intervenir en los procesos que se adelantan en dicha corte.

Sobre esto, el Gobierno de Colombia dice: “En el caso llevado al conocimiento de la Corte por Sudáfrica en contra de Israel el 29 de diciembre de 2023 está en juego la interpretación de varias disposiciones de la Convención contra el Genocidio de 1948. Colombia es parte en este tratado y por lo tanto tiene el derecho a intervenir en este proceso”.

Luego de presentada esta solicitud para que Colombia declare, ahora la CIJ debe verificar que la declaración cumple con todos los requisitos del artículo 63. Cuando se declare isible, Colombia pasa a participar del proceso.

Pero más allá de los mecanismos internacionales que le permiten a Colombia participar en ese proceso, el presidente Gustavo Petro ha sido uno de los líderes mundiales que más ha mostrado su preocupación por lo que ocurre en Gaza.

“Colombia está convencida de que la comunidad internacional debe actuar y respaldar el derecho del pueblo palestino a existir, el cual se ve amenazado por las actuaciones de Israel”, dice la Cancillería colombiana. En otras palabras, Colombia quiere manifestar su posición en este caso.

De acuerdo con la declaración emitida por la Cancillería, lo que busca Bogotá es “disponer nuestra interpretación sobre las normas de la Convención de 1948 contra el Genocidio”.

Colombia defendió que pide intervenir “en la creencia genuina de que los Estados parte de la Convención sobre el Genocidio deberían hacer todo lo que esté en su poder para contribuir a asegurar la prevención, supresión y castigo del genocidio”, por lo que quiere ayudar a la CIJ a “determinar la responsabilidad de cualquier Estado Parte del Convenio, por su incumplimiento con las obligaciones contenidas en el mismo”, agregó Bogotá.

Mientras que “en el plano político, el gobierno quiere respaldar la valiente actuación de Sudáfrica de llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por el genocidio que está cometiendo en Gaza en violación de la Convención de 1948, así como materializar las expresiones de solidaridad con la causa palestina que se han hecho en el pasado”, agrega la Cancillería.

“El hecho de intervenir en el proceso, Colombia queda obligada por la interpretación que la Corte haga de los artículos de la Convención contra el Genocidio de los que la Corte se ocupe en su fallo. Pero Colombia no se convierte en parte en el caso ni queda obligado por el resto de la sentencia. No puede presentar pretensiones, ni pedir medidas de reparación, ni queda sujeto a que una de las partes en el caso presente contrademandas en contra suya. Tampoco puede designar un juez ad hoc”, señala la Cancillería de Colombia.

En el marco de la demanda de Sudáfrica, el tribunal de la ONU con sede en La Haya exigió a Israel el 26 de enero impedir cualquier acto de genocidio y facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, epicentro de la guerra contra el grupo islamista palestino Hamás. Sin embargo, la CIJ no ha determinado por el momento si las operaciones israelíes en Gaza se encuadran en la figura legal de un genocidio.

El conflicto estalló el 7 de octubre tras el ataque sin precedentes de Hamás en suelo israelí, en el que murieron 1.170 personas, en su mayoría civiles, según un nuevo recuento de AFP a partir de datos oficiales. Los combatientes islamistas capturaron también a más de 250 personas, de las cuales 130 siguen retenidas en Gaza, incluido 34 que habrían fallecido, según las autoridades israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una implacable ofensiva aérea y terrestre en Gaza, que ya dejó 33.037 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás desde 2007. La semana pasada, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución que pide un alto el fuego, pero que en la práctica no ha tenido ningún impacto en el conflicto. La presidencia de Colombia aplaudió esa decisión e insiste en que las presuntas violaciones de Israel "no pueden quedar impunes".