Una a una: estas son las 20 reformas de López Obrador que generan polémica en México

En la recta final de su periodo presidencial, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), reveló un paquete de reformas constitucional compuesto por 20 iniciativas con controvertidos cambios al sistema de pensiones, subidas al salario mínimo, la elección por voto popular de los magistrados de la Suprema Corte, la recomposición del Congreso y un refuerzo a las Fuerzas Armadas.

Amlo defendió que su rediseño constitucional busca contrarrestar artículos “antipopulares” que fueron introducidos en el pasado a la Constitución y que buscan establecer derechos y fortalecer ideales en principios basados en el humanismo, la justicia, la honestidad y la austeridad.

Sin embargo, sectores de ONG’s, empresarios y la oposición se han pronunciado en contra de este paquete reformas por considerar que no garantizan la “independencia” ni la “competitividad” de México.

Por un lado, López Obrador dijo que estas medidas remarcarán el derecho obligatorio de los adultos mayores desde los 65 años para recibir una pensión gubernamental y que todos los estudiantes en todos los niveles educativos puedan recibir una beca.

El mandatario mexicano indicó que sus propuestas buscan garantizar la atención médica integral y gratuita a todos los mexicanos, que el salario mínimo nunca suba por debajo de la inflación anual y la prohibición del comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo.

Prometió revertir las reformas a las pensiones de 1997 y 2007, pues dijo afectan injustamente a trabajadores y les impiden jubilarse con el 100 % de su salario, a la vez que anunció la creación de un fondo ‘semilla’ que iniciará con 64.000 millones de pesos (unos 3.770 millones de dólares) y que seguirá incrementándose en el tiempo para alcanzar este fin.

También propuso que se garantice el trabajo a estudiantes que no encuentren oportunidades con un salario mínimo hasta por un año por parte del Estado.

Sin embargo, diversos sectores en México destacaron que estas medidas podrían poner en aprietos las finanzas en el país.

Por ejemplo, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (Lacen-Unam), José Ignacio Martínez, señaló en declaraciones a medios que los cambios constitucionales "tendrían un impacto del 2,1 % en el producto interior bruto (PIB)" mexicano.

Para financiarse, propone "combatir" la economía ilícita y la informal para dar paso a la "nueva economía fiscalizada, que representa el 10,3 % del PIB". En materia de pensiones, el IMCO señala que la reforma es "fiscalmente cuestionable", pues pondría en jaque a la economía pública. "Un incremento adicional (de las pensiones) limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios", advierte.

En otro de los grandes bloques de sus propuestas, Amlo delineó que los consejeros y magistrados electorales serán electos por voto popular, al igual que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial; y propuso eliminar los cargos plurinominales del Congreso y reducir a 300 los diputados (de los 500 actuales) y 64 senadores (de los 128 actuales).

Al mismo tiempo, impulsó eliminar los organismos autónomos y que la Guardia Nacional vuelva al mando militar bajo la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); así como insistir en la llamada austeridad republicana para que funcionarios no puedan ganar más que el presidente y se eliminen “privilegios y extravagancias”.

Entre otros cambios, también pretende reducir de 40 % al 30 % el consenso necesario para aprobar consultas populares y la revocación de mandato a la mitad de cada periodo de gobierno.

Los cambios serán entregados en un protocolo oficial a la Cámara de Diputados, que será la primera instancia del Congreso mexicano en revisar, discutir y, en su caso, aprobar el último paquete de reformas constitucionales de López Obrador.

Sobre este punto, expertas coincidieron en que, aunque la participación ciudadana es indispensable, existe evidencia de que el voto popular no es la mejor opción para las designaciones judiciales, como es el caso de Estados Unidos.

Aseguraron que, incluso, podría fomentar la “captura política” al señalar que este tipo de procesos electorales generan poca participación y las personas no votan de manera informada.

En este punto coincidió Mariana Campos, directora general de México Evalúa, quien recordó que todos los poderes deben ser transparentes, rendir cuentas y abrirse a la participación ciudadana.

En tanto, Hans-Hartwig Blomeier, representante en México de la fundación Konrad-Adenauer-Stiftung, expuso que las personas juzgadoras son garantes de los derechos humanos y del régimen constitucional, por eso, dijo, la independencia judicial “es un principio elemental del constitucionalismo contemporáneo”. “Sin poderes judiciales autónomos y jueces independientes, la democracia constitucional está condenada a desaparecer”, enfatizó.

Durante el conversatorio, las expertas coincidieron en que las designaciones judiciales tienen numerosas limitaciones y deben mejorarse. Señalaron la urgencia de modificar el proceso de designación de los puestos de la Suprema Corte y de fortalecer los requisitos para designar a magistrados y jueces federales, conservando la modalidad del concurso de oposición, además de asegurar una mayor transparencia y participación ciudadana.

Pese al espíritu que tienen las reformas y las advertencias de algunos sectores mexicanos sobre lo inconveniente que serían, Camila de la Parra, Analista Asociada de Análisis de Riesgos Globales de Control Risks en México, le explicó a este diario que las medidas tienen pocos chances de prosperar en el Congreso.

“La fecha de la introducción de estas reformas – el 5 de febrero – coincide con la llamada “intercampaña” previo a las elecciones del 2 de junio, un período entre la precampaña (que terminó el 18 de enero) y la campaña (que comenzarán el 1 de marzo) en el que los virtuales candidatos tienen prohibido llevar a cabo actos de proselitismo. Dado que estas medidas fueron introducidas a sabiendas de que el presidente no cuenta con los votos necesarios para su aprobación en el Congreso”, analizó de la Parra.

En ese sentido, la experta asegura que este paquete reformas busca más funcionar como una “palanca” que impulse a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, candidata del oficialismo.

“Amlo buscará capitalizar el rechazo a sus reformas más polémicas, calificándola como perjudicial para la población. Esto le proporcionaría una herramienta para desacreditar a la oposición movilizar a sus votantes a favor de este partido en las elecciones del Congreso, que, debido el virtual triunfo de Sheinbaum, se ha convertido en prioridad para Amlo y Morena. Así, el presidente utilizará el fracaso de varias de sus iniciativas de reforma para resaltar la importancia de obtener una mayoría calificada en la legislatura que le permita aprobar reformas constitucionales.”, agregó de la Parra.

1) Reconocer a comunidades indígenas y afroamericanas como sujetos de derecho público.

2) Reafirmar el derecho de personas adultas a recibir una pensión universal del Estado y a personas con alguna discapacidad.

3) Otorgar becas a los estudiantes de todos los niveles de educación.

4) Atención médica integral y gratuita para todos los mexicanos.

5) Que trabajadores y sus familias sean dueños de sus viviendas.

6) Prohibir el maltrato de animales.

7) Impedir la fractura hidráulica o ‘fracking’, prohibir maíz transgénico. Negar concesiones para la minería a cielo abierto.

8) El Estado está obligado a garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a internet.

9) Hacer respetar las zonas con escasez hídrica y permitir solo el uso doméstico de agua.

10) Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo.

11) Que el aumento al salario mínimo no sea nunca menor a la inflación general anual.

12) Asegurar que las pensiones de los trabajadores retirados sean del 100 % de su último sueldo.

13) Garantizar el trabajo en jóvenes con hasta un salario mínimo por un año mientras se capacitan.

14) Dar un jornal seguro y permanente a campesinos.

15) Utilizar los 18.000 kilómetros de vías férreas para el transporte de pasajeros.

16) Reducción de gastos a partidos políticos, eliminar candidaturas plurinominales y reducción de legisladores del Congreso: 300 los diputados (de los 500 actuales) y 64 senadores (de los 128 actuales).

17) Que consejeros y magistrados electorales, así como jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean elector por voto popular.

18) La Guardia Nacional regresa al control de las Fuerzas Armadas.

19) Convertir en política de Estado la austeridad republicana.

20) Eliminar dependencias y órganos autónomos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Efe