Estados Unidos, 'profundamente preocupado' por arresto de la activista Rocío San Miguel

Estados Unidos afirmó este martes que está "profundamente preocupado" por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel y urgió al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cumplir con los acuerdos para mejorar la democracia en el país.

Uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, indicó que el Ejecutivo estadounidense está siguiendo de cerca el caso de San Miguel, quien fue detenida por las fuerzas de seguridad venezolanas el viernes pasado cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo de Caracas a Miami.

La activista está acusada de participar en un intento de conspiración contra Maduro y otros altos cargos, así como por su implicación en supuestos ataques contra unidades militares y otras instituciones del país.

"Estamos profundamente preocupados por esto. El señor Maduro necesita cumplir con los compromisos que hizo a finales de otoño sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas, a los partidos de la oposición e incluso a aquellos de la sociedad venezolana que quieran postularse a un cargo. Tiene que cumplir con esos compromisos", manifestó el portavoz.

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Kirby rechazó especular sobre cómo podría responder Estados Unidos ante la detención de San Miguel y otras acciones del Gobierno venezolano, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, incluida la líder opositora María Corina Machado.

A finales del año pasado, el Gobierno de Maduro llegó a acuerdos con Estados Unidos y la oposición venezolana para celebrar elecciones libres y justas este año.

El Gobierno de Joe Biden incentivó a Maduro a tomar estas acciones con la suspensión de sanciones al petróleo y el gas, pero ante la falta de progreso, a finales de enero volvió a imponer sanciones al sector del oro y ha advertido que si la situación no mejora dejará que el 18 de abril expiren las licencias para el petróleo y el gas que se habían otorgado en Venezuela.

El Ejecutivo de Maduro ha prohibido la participación en las elecciones de la opositora Machado, líder del bloque antichavista, y en las últimas semanas ha arrestado a políticos y activistas con el argumento de un supuesto plan para derrocar a Maduro.

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Tras las declaraciones de Washington, Venezuela acusó este martes al Gobierno de Estados Unidos de "proteger y amparar" a autores de "actos de terrorismo e intervencionismo".

"Hoy el Gobierno de los EE. UU. sale a proteger y amparar a los terroristas, quienes han confesado sus crímenes y las órdenes que recibían para dañar a nuestro pueblo. Son cómplices de los autores intelectuales y materiales de los actos de terrorismo e intervencionismo sobre Venezuela", afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje en su cuenta en X.

El ministro de Exteriores reiteró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Antidrogas (DEA) de EE. UU. "han estado conspirando desde Miami y Colombia, junto a opositores de la extrema derecha venezolana, para asesinar al presidente Nicolás Maduro" y a otros funcionarios del Gobierno, tal como denunció la Fiscalía venezolana a finales de enero.

El Ministerio Público (MP/Fiscalía) de Venezuela también denunció este martes una "feroz campaña" internacional en contra del sistema de Justicia del país tras la detención de la activista Rocío San Miguel.

"Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del sistema de Justicia y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas (...) y han amparado, a la vez, los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela", dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en un comunicado difundido en su cuenta en X.

Aseguró que esta "campaña" pretende "menoscabar las investigaciones" y "generar impunidad" al "intentar deslegitimar las acciones que realizan las instituciones venezolanas para combatir la violencia y el terrorismo".

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En el escrito, Saab ratificó que la activista fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y que el MP solicitó para ella una medida "preventiva de libertad" por la "presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación".

Remarcó también que se solicitó la privación de libertad "preventiva" para Alejandro José González Canales, expareja de la activista, por la "presunta" comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la istración de justicia y asociación.

Asimismo, indicó que su despacho solicitó para "los cuatro ciudadanos restantes", cuyos nombres no mencionó, pero son, presumiblemente, el resto de los familiares de San Miguel que la defensa de la activista reportó como "desaparecidos", medidas cautelares, "consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa".

El fiscal insistió en que el proceder del MP ha estado "dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales".

La defensa de la activista denunció su "desaparición forzada" desde el viernes, cuando fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, un estatus que, asegura, se mantiene, pues no han podido comunicarse con ella o conocer su sitio de reclusión hasta el momento.

La misión de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido en las últimas horas la liberación de San Miguel, quien es presidenta de la ONG Control Ciudadano y cuyas condiciones de detención aún no se conocen.

EFE