Venezuela vivió una década oscura para los derechos humanos bajo el mandato de Nicolás Maduro, según informe

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El documento, de 147 páginas, denuncia que en estos 10 años han sido asesinadas 10.085 personas por agentes de seguridad del Estado, la mayoría de los casos no ha sido investigado. Estas muertes han ocurrido en protestas y ejecuciones al margen de la ley. 

Desde que asumió el poder, el actual presidente acumula 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos crueles e inhumanos.

En materia económica, Provea asegura que, por primera vez, el país llegó a un escenario de hiperinflación “que pulverizó el salario y las prestaciones sociales de los trabajadores”.

Entre 2013 y 2023 se registraron 27. 000 protestas por reivindicaciones laborales.

En materia de salud, en 10 años suman 408.708 denuncias por vulneración de derechos.

Las condiciones de vida de los venezolanos también fueron analizadas en este informe, el cual se realiza desde hace 25 años. 

Los datos arrojaron que la inflación, bajos ingresos y débil protección social, se traduce en que solo el 16 por ciento de los hogares consume una cantidad suficiente de alimentos; 50,6 por ciento dedican casi todo su presupuesto a alimentos, y 45,2 por ciento de la población está en inseguridad alimentaria.


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En materia de a servicios básicos, las cifras son también alarmantes: 69 por ciento de la población sufre severas restricciones para el a agua potable, 61,9 por ciento enfrenta graves fallas de electricidad y 49,4 por ciento tiene escaso a servicios de transporte. 

Provea asegura que en estos 10 años,  Maduro impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer los derechos humanos y la democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población.
 

Entre 2015 y 2022 Venezuela cayó 39 puestos en la medición de Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al cierre de 2022, el organismo registró un IDH de 0,699 lo que sitúa al país en el puesto 119 de 193 países analizados, entre los más bajos de América Latina.

La organización reitera que en los últimos años, Venezuela ha sufrido una caída de más del 80 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), una de las mayores contracciones registradas en las últimas décadas a nivel mundial, ocasionando un daño a la capacidad productiva del país.

A pesar de las afirmaciones de los voceros oficiales sobre el impacto de las sanciones financieras – impuestas a partir del 2017-, estas fueron posteriores al inicio de la crisis económica que estalló con mayor fuerza desde 2014.

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La ONG venezolana señala que en paralelo, en comunidades pobres y cárceles del país, la violencia institucional de agentes de seguridad del Estado ha sido empleada como un mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos. La impunidad ha sido favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas.
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​El informe es un libro de 127 páginas que detalla la evaluación de 14 derechos, así como los 10 años de gestión del sucesor de Hugo Chávez. Provea ha sido una de las ONG más atacadas en los últimos años. El Gobierno ha amenazado con encarcelar a sus investigadores. 

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN-CORRESPONSAL EL TIEMPO- CARACAS