Centenario de la Contraloría

El pasado miércoles 19 de julio, en el histórico Teatro Colón de Bogotá, el vicecontralor, Carlos Mauricio Zuluaga, en condición de contralor general en funciones, presidió el acto de conmemoración de los cien años de la Contraloría General de la República, acompañado de la cúpula judicial; el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, algunos ministros y los excontralores vivos.

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El año de 1923 marcó hitos importantes en la historia de Colombia. Atendiendo una decisión de la convención liberal de Ibagué de 1922, fue creada la Universidad Libre como centro de pensamiento del partido en reacción a la regeneración conservadora. Regía los destinos del país el general Pedro Nel Ospina, uno de los gobernantes dentro de la llamada hegemonía conservadora. Se había producido la quiebra del Banco López, que el columnista Óscar Alarcón atribuye a una retaliación de Ospina contra Pedro López, padre de López Pumarejo. Estaba relativamente reciente la caída del filósofo y gramático Marco Fidel Suárez por cometer el ‘pecado’ de vender anticipadamente su nómina para afrontar aulagas. Era la época de los presidentes prestigiosos, pero sin grandes fortunas conseguidas al amparo de la política.

El país se recuperaba de los devastadores efectos de las guerras civiles y, particularmente, de la de los Mil Días, de la pérdida de Panamá y del Quinquenio de Rafael Reyes. Ospina contrató la comisión Kemmerer para reorganizar las finanzas y ordenar el gasto público. De allí surgió la creación de la Contraloría General, inicialmente como una dependencia del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Bancaria.

En el discurso del Contralor en funciones se hizo una completa síntesis de la historia de la Contraloría. Sin duda ha sido una entidad de peso en la estructura del Estado, con ascendencia en la ciudadanía, con errores, aciertos, luces y sombras. La Contraloría, aparte de ejercer el control fiscal, se ha convertido en un centro de análisis de los principales problemas de la economía, con sólidos estudios y escritos en su revista.

Tuvo momentos de esplendor con contralores como –para solo citar a los ya fallecidos– Carlos Lleras Restrepo, quien muchos años después llegó a la presidencia, pero no armando su candidatura desde el ente de control; Alfonso Palacio Rudas, el inolvidable cofrade gestor en la Constituyente de la autonomía del Banco de la República, y Evaristo Sourdis, inteligente político de Sabanalarga y quien, si Ospina Pérez no hubiese desconocido los iniciales resultados de la convención conservadora en 1970, habría sido el primer presidente del litoral Atlántico. Lamentablemente, cuatro de sus titulares terminaron con serios problemas judiciales y tres de ellos condenados por la Corte Suprema de Justicia.

Esta conmemoración sirve para que el país reflexione si debe o no darse un vuelco al control fiscal para que sea eficaz y tenga capacidad real de evitar el desangre causado por la corrupción istrativa y recuperar, no en el papel sino en la realidad, el dinero arrebatado al Estado por funcionarios inescrupulosos o manifiestamente torpes.

En una época las investigaciones de la Contraloría eran la base de procesos por peculado. Hay que agilizar los procedimientos y en lo posible evitar tantas “preliminares” sin rumbo, que solo sirven para ruedas de prensa o titulares. Es hora de que sobre un mismo hecho no actúen, a veces de manera suelta, la Procuraduría y la Fiscalía. No debería descartarse, a mediano plazo, retomar la idea del Tribunal de Cuentas. Se debe pasar de los anuncios a los resultados en sanciones fiscales que, por cierto, inhabilitan políticamente a quienes se les imponen.

A mi juicio, debe desmontarse el enredado sistema de los “concursos” y dejarle al Congreso la responsabilidad política de elegir un buen contralor, sin tener que involucrar al Poder Judicial.

La decisión de la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez es un campanazo al Congreso y al Gobierno para que se abstengan de tramitar, a sabiendas, leyes claramente inconstitucionales, pues la guardiana de la Constitución puede suspenderlas provisionalmente.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ