Armar la paz y sustentar con democracia el posconflicto

Las complejas dimensiones de ruptura en las negociaciones y las secuelas de grave criminalidad, desplazamiento forzado y confinamiento que han disparado esta fase de confrontación entre las disidencias de las Farc y el grupo armado del Eln, en el Catatumbo del noreste santandereano, demandan urgente y cauto tratamiento.

(Le puede interesar: Fortalecer la ética pública para subsistir).

No solo deben asumirse con cuidadosa legislación actualizada de mediano y largo plazo, con metodologías apropiadas y el concurso de especialistas dotados con amplios conocimientos estratégicos en la historia del conflicto, apoyados en planes inspirados en procesos humanistas que, en su orden, permitan identificar, advertir y reducir o eliminar -definitivamente- el desangre, junto a actores regionales, con probadas experiencias en procesos de convivencia y derechos humanos.

Desde luego, estos actores deberán tener -al mismo tiempo- una fluida capacidad de diálogo técnico y político con el primer mandatario (un lenguaje común), con su gabinete ministerial y demás actores públicos, además de un conocimiento amplio de los principales ítems que inciden en la ardorosa dinámica y modalidades del conflicto.

Es preciso tener en cuenta la circunstancia vigente de que diversos sectores de opinión, dentro y fuera del país, han expresado que, a pesar de la ruptura reciente, el conflicto interno armado solo podrá solucionarse a través de una ‘salida’ o acuerdo político negociado, que recoja las diversas aspiraciones, no solo de los actores armados, sino de la población en general que, ojalá, pudiera abrirse camino a la menor brevedad en una Asamblea Nacional por la Paz.

El Eln es hoy un ejército binacional y un instrumento clarísimo de Venezuela para influir en diversos aspectos de política hemisférica. Por ello, en Colombia parece haber un acuerdo de los medios de comunicación y los dirigentes más sobresalientes en denominarla como ‘guerrilla binacional, dadas la geolocalización de sus operaciones militares.

Además de una adecuada legislación restrictiva y, al tiempo, transformadora, es indispensable la integración de un equipo de alto nivel con académicos, científicos y líderes con conocimiento especializado e información apropiada para estructurar un proceso de diálogo y negociación que convoque a los mejores y más capacitados en términos de diseño de planes de coexistencia pacífica, ojalá asistido por una misión de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Una misión cuya sola presencia sea garantía de legitimidad para las partes y, a su vez, garantía de rectitud y seriedad del proceso y su manejo humanitario en el gravísimo problema de Tibú y el Magdalena Medio. Allí, debe primar una visión de largo plazo y una óptica territorial muy amplia, más allá de los territorios hoy comprometidos en la toma guerrillera. Es decir, convertir los programas sectoriales de paz de los cuatrienios de Gobierno en una política de Estado.

Como lo registra en su excelente libro el profesor Jorge Orlando Melo: “Desde la conquista hasta hoy, en muchos momentos los ciudadanos o los dirigentes del país han tratado de demostrar que la violencia es justa, conveniente o necesaria”.

Aunque no pueda demostrarse que la existencia de argumentos a favor de dicha patología social y política la haya hecho más frecuente, es razonable pensar que cuando hay motivos fundamentales de conflicto (opresión política o racial, orden social muy injusto y desigual, pobreza, desacuerdos de fondo sobre la forma de organizar el país), los ciudadanos aceptan con mayor facilidad usar la violencia si encuentran buenos argumentos para ello.

En este sentido se pronuncian actores de reconocido juicio y madurez como el economista quindiano José Noé Ríos -hoy embajador plenipotenciario en la isla cubana-; Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital; y otros brillantes especialistas como Jorge Orlando Melo, el notable historiador Medófilo Medina, el investigador y docente universitario Alejo Vargas, el exrector de la Universidad Nacional de Colombia Víctor Manuel Moncayo y personalidades de altos conocimientos que cuentan con singular prestigio como gestores de paz.

Se trata de intelectuales y académicos con un valioso récord de servicios a la comunidad internacional, por sus probadas acciones en favor de la convivencia pacífica de sus compatriotas y sus indispensables e inaplazables objetivos de desarrollo humano y económico.

Ellos pueden aportar luces y experiencias a la solución dialogada del conflicto, mediante la orientación de un proceso que nos saque de una vez por todas de esta guerra sin fin.