En Ecuador, las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 9 de febrero, en un clima marcado por una alarmante violencia y una crisis económica e institucional de magnitudes sin precedentes. Aunque 16 candidatos intentaron obtener el apoyo del electorado, la contienda se centró en dos figuras: el presidente actual, Daniel Noboa, y Luisa González, del correísmo. Esta diversidad de candidaturas refleja la fragmentación del sistema de partidos; sin embargo, no se han exhibido propuestas concretas y robustas que aborden los problemas urgentes. Ahora, habrá una segunda vuelta, lo que resalta la polarización y la emergencia de dos visiones divergentes para el país.
A la hora de analizar el proceso electoral, es fundamental considerar los factores que lo condicionan, sobre todo los problemas económicos, sociales e institucionales que hoy marcan al vecino país. En un contexto con altos índices de desempleo e informalidad, los ecuatorianos han sido golpeados por una grave sequía que ha resultado en cortes prolongados del suministro de energía eléctrica. Todo esto subraya la urgente necesidad de reestructurar un modelo económico que ha dado muestras de agotamiento, y Noboa se presenta con la esperanza de haber sentado las bases para un nuevo enfoque.
Otro aspecto que aqueja a la población es la violencia estructural que enfrenta el país. La situación ha llevado al Presidente a declarar el estado de excepción ante lo que se describe como un "conflicto armado interno". En efecto, el crimen organizado, compuesto por al menos 22 bandas identificadas como organizaciones terroristas, ha mostrado su poderío mediante atentados en las principales ciudades. Hoy, Ecuador enfrenta una de las tasas de homicidio más altas de América Latina.
Ecuador enfrenta un desafío que no tiene precedentes, y las respuestas a los problemas no pueden ser meramente reactivas.
La geografía del país también juega un papel decisivo en esta crisis. Sus fronteras con países productores de narcóticos lo convierten en un atractivo punto de tránsito para cárteles como los mexicanos y las mafias albanesas. Además, la debilidad institucional ha facilitado la expansión de la criminalidad. La situación se agravó tras el cierre de la base militar en Manta en 2008, acción que debilitó las capacidades para combatir el narcotráfico. Esta industria, además, nutre la desigualdad socioeconómica, afectando a grupos vulnerables como mujeres y niños, quienes se convierten frecuentemente en víctimas del reclutamiento forzado y la trata de personas.
Frente a este sombrío panorama, la corrupción se convierte en un factor determinante, evidenciado por la crisis que llevó a la salida anticipada del expresidente Lasso ante la polarización impulsada por el correísmo. La política populista, ligada al déficit fiscal, parece haber quedado desfasada. Si se observa la tendencia en otros países, es evidente que las decisiones electorales actuales tienden hacia la austeridad.
También resulta ineludible fortalecer la cooperación con naciones vecinas para enfrentar las problemáticas transnacionales que van más allá de la capacidad institucional. La creación de mecanismos de inteligencia e intercambio de información se vuelve urgente.
Sin dudarlo, los resultados de estas elecciones impactarán el entorno regional. Debemos estar atentos a cómo se inclina la balanza: ¿hacia una democracia liberal como la que propone Noboa, o hacia opciones superadas por la historia, representadas por González?
A medida que nos acercamos a la segunda vuelta, es evidente que el próximo Presidente deberá abordar los temas de seguridad y corrupción con seriedad.
Ecuador enfrenta un desafío que no tiene precedentes, y las respuestas a los problemas no pueden ser meramente reactivas. Si el gobierno electo no proyecta soluciones a largo plazo, corre el riesgo de convertir al país en un narcoestado.
*Politóloga, internacionalista y docente del Politécnico Grancolombiano