Consejo de Estado hace la tarea

La semana pasada los medios registraron el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado en virtud del cual canceló la personería jurídica que el Consejo Nacional Electoral le había otorgado al partido Somos porque Somos, de la vicepresidenta Francia Márquez. Debe precisarse que esta decisión no significa crítica alguna a la meritoria trayectoria personal de la vicepresidenta ni a su indudable peso en la política nacional.

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Ya en el pasado reciente esa Sección había tomado la misma determinación en relación con varios de esos 'partidos', que no lo son en verdad, en cuanto no acreditan programas o ideología y mucho menos electores o militantes de carne y hueso cuya existencia sea verificable. En el fondo son meras 'franquicias' para expedir avales a los más disimiles candidatos y para buscar financiación del Estado.

En columna anterior transcribimos los curiosos nombres de esos más de 30 'partidos', en ocasiones hasta pintorescos, en los que solo aparece una 'cabeza' y no siempre representación de nuevos liderazgos sino de los más rancios partidos tradicionales. Tal vez el caso más claro de esa distorsión democrática es el de los partidos indigenistas o afros que avalan a personajes de amplia trayectoria en el ajetreo electoral y que tienen un pasado ni siquiera de doble militancia sino de alternativa multimilitancia.

Hace muchos años, un gran intelectual y político caucano, honesto y brillante militante del liberalismo, quien además me honró con su amistad y apoyo, Guillermo Alberto González Mosquera, fue elegido gobernador de su departamento con el aval del partido de los afros. Recuerdo que al día siguiente de su limpio triunfo y como nuestra amistad me permitía hacerle bromas, lo llamé y le dije: "Guillermo Alberto, voy por mi cuota porque aquí el que podría presentarse –obviamente nunca lo hice– como afrodescendiente soy yo, ya que mi padre, Federico Gómez Mina, fue un negro –ese sí– de Miranda Cauca".

Un ejemplo más reciente es el del actual alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, un ruso que se enamoró de las tierras boyacenses, quien fue avalado por el gran 'partido' 'La Fuerza de la Paz', salido del inquieto caletre del ahora diplomático Roy Barreras Montealegre. Cuando al recién elegido alcalde le preguntaron los periodistas cómo había llegado a ese aval para ser el burgomaestre de la capital boyacense, contestó que él quería ser elegido por firmas por ser "antipolítico" pero que, como no podía comprar la póliza requerida, le sugirieron que el aval, sin necesidad de póliza, se lo podía dar ese novedoso partido.

Un hombre que tanto le aportó a la cultura política del país y símbolo de la lucha anticorrupción, el profesor Antanas Mockus, en una de sus campañas obtuvo el aval de la Alianza Social Indígena, con la que por razones obvias no tenía ninguna relación histórica.

Es claro que el país no puede ni debe volver al excluyente bipartidismo del Frente Nacional, pero no puede caer en esta proliferación de partidos que no lo son. Las democracias necesitan partidos de verdad, pues son los órganos de comunicación entre la sociedad –el pueblo si se quiere– y el Estado y la toma de decisiones. La desaparición de los partidos y su reemplazo por estos remedos ha facilitado, entre otros factores, la corrupción política y istrativa.

Es normal en una democracia que los partidos que forman o han ayudado a un gobierno tengan derecho a las participaciones burocráticas que les permitan desarrollar sus programas. Una cosa es negociar con partidos y otra, al detal y a título personal. Una cosa es darle un ministerio a un partido y otra muy distinta, a un parlamentario o grupo de parlamentarios, a veces de disímiles orígenes para que, como ha ocurrido, hagan de las suyas.

Lo que podríamos llamar 'la lista Reyes', cuidadosamente elaborada, es una muestra de esas cuotas, direcciones de aduanas, por ejemplo, que se piden a título personal y no de un partido como tal. En esas listas –que afectan no solamente al gobierno Petro– desfilan no inocentes recomendaciones sino tráfico de influencias.

El Consejo de Estado en verdad está cumpliendo dos misiones históricas: depurar los partidos, para enseriar la política y la forma de ejercerla y, probablemente, 'desinvestir' a quienes han incurrido en tráfico de influencias.