El progreso social

El jueves participé en un en el Congreso Nacional de Economía organizado alrededor de una pregunta provocativa: “¿Ha habido progreso social en Colombia?”. La conversación estuvo buena, y a los curiosos les recomiendo que la busquen en línea.

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Todos los istas coincidimos (creo) en que la respuesta corta a la pregunta es sí. Juanita Villaveces nos devolvió 100 años para recordarnos que hace no tanto, en Colombia solo podían votar los hombres educados y cuando se “universalizó” por primera vez el derecho al voto fue para extenderlo al resto de los hombres. Las mujeres fuimos invisibles como actores políticos hasta 1954. Hablamos del rol fundamental de las cortes a través del reconocimiento de derechos fundamentales como el de morir dignamente (1997), los derechos reproductivos (2006 y 2022) y el derecho a casarse con la persona que uno quiera, sin importar su sexo (2016).

Alejandro Gaviria recordó que hace no tanto las mujeres más pobres hacían largas colas con sus envases para conseguir cocinol, el combustible que contaminaría sus viviendas y enfermaría a sus familias, porque no tenían otra opción –el gran Antonio Caballero las inmortalizó en el personaje de la mujer pobre en sus caricaturas. Hoy, la mayoría de los hogares tiene a gas propano, gas natural o energía eléctrica.

Colombia viene avanzando en medidas asociadas de progreso social como el ingreso promedio por persona, la reducción de la pobreza, y el crecimiento de la clase media. Pero avanza lentamente, a ritmo latinoamericano, y el progreso se estanca en la última década, cuando se desacelera el ritmo de crecimiento económico. Entre 1960 y 2023, el PIB per cápita en América Latina crece a una tasa anual promedio de 1,6 %. En el mismo período, Colombia, Uruguay y Chile crecen a tasas anuales promedio de 2 %, 1,6 % y 2,4 %, respectivamente. Sin embargo, el ritmo no nos ha dado para cerrar la brecha con Uruguay (de 3,4 en 1960 y 2,6 en 2022), y con Chile la brecha se ha ampliado (de 1,7 en 1960 y 2,1 en 2022). La tasa de crecimiento apenas por encima del promedio regional no alcanza para lograr una verdadera transformación social en Colombia. Esto lo dije yo.

Y el progreso no llega a todos por igual. Los colombianos somos hoy mucho más educados que hace 15 años. En 2008, de la población de 25 y más años, 62 % tenía solo educación primaria, y solo 16 % tenía educación terciaria. En 2022, el 28 % tenía educación terciaria y la proporción con máximo educación primaria se había reducido a 44 %. Pero entre el 20 % con menores ingresos, 62 % tenía solo primaria, y solo 11 % tenía educación terciaria. En el extremo alto de la distribución, en contraste, entre el 20 % de mayores ingresos, el 83 % tenía educación terciaria.

Las diferencias entre las familias a lo largo de la distribución del ingreso siguen siendo inmensas en casi todas las dimensiones imaginables. Otra que me impresiona es la proporción de trabajadores que ganan el salario mínimo o más –solo 6 % entre el 20 % más pobre, 30 % entre el 20 % que sigue y ascendiendo, como una escalera, hasta 90 % entre el 20 % más rico–. Esta variable cambia poco en el tiempo.

La conversación tiene implicaciones para el buen diseño de políticas y programas si uno está de acuerdo en que es difícil hablar de progreso social en mayúsculas, mientras haya tantas diferencias en oportunidad y calidad de vida entre los colombianos. Aceptemos que en la cabeza de los seres humanos pueden convivir dos ideas aparentemente opuestas sin que haya contradicción: la primera, el reconocimiento de un inmenso progreso social en el tiempo, y la segunda, la claridad de que no podemos estar satisfechos con lo que tenemos y debemos encontrar la forma de cambiarlo.

Dejemos de pensar que la desigualdad no importa. Importa porque la concentración de poder económico se traduce en poder político y la capacidad de influir en la política pública con fines particulares que muchas veces van en contra del progreso de la sociedad. Lo sabe todo el que haya visto alguna vez ese poder en acción.