El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se creó en 2007 con el fin de atenuar internamente el impacto de las fluctuaciones del precio internacional de los combustibles. Dicho precio es una referencia necesaria, porque si no se reconoce, la producción podría desviarse al exterior, generando serios problemas de abastecimiento interno; en consecuencia, se equivocan quienes sugieren eliminar esta referencia.
Con respecto al mercado interno es importante conocer cómo está compuesto el precio local, es decir, el precio de venta al público que se paga en las estaciones de servicio. Dicho precio incluye: el ingreso al productor (IP), los márgenes de transporte, comercialización, impuestos y tasas. El IP es muy importante porque es el precio con el cual se remunera a los refinadores e importadores y sobre el cual tiene control el Gobierno; por lo tanto, su relación con el precio internacional determina si hay saldo a favor o en contra del FEPC.
Esta claridad es muy importante porque el precio en las estaciones podría subir por dos razones: por impuestos y asuntos logísticos o por incrementos del IP, que fue lo que ya se hizo en gasolina y se acaba de discutir en AM debido a que estaban congelados desde 2020.
Es importante mencionar que, durante los últimos tres meses del gobierno anterior, se proyectaron incrementos de $ 650 para gasolina y AM; sin embargo, solo se ejecutó un único incremento de $ 150 pesos en el IP de AM y de $ 223 pesos en el IP de gasolina, luego no es cierto que haya habido incrementos en el gobierno anterior y menos que hayan dejado saneado el déficit del FEPC, porque la única forma de corregir el problema es subiendo el precio, asunto que dejaron pendiente.
Este gobierno entones tuvo que asumir el ajuste de precios de los combustibles con el costo político que ello implica, pero ha sido reconocido por entidades crediticias y organismos internacionales como una medida responsable con las finanzas públicas.
Conviene aclarar que una cosa es pagar algún saldo del FEPC y otra muy distinta es sanear las cuentas del fondo. Pagar no significa sanear, incluso, así se pague todo, porque el problema sigue vivo mientras no haya aumento de precios. Al llegar el gobierno lo que encontró fue el déficit causado entre abril y agosto, cercano a 17 billones y sin las debidas fuentes para pagar esta deuda, como quien dice, dejaron parte de la deuda, pero todo el problema por resolver. Esta situación obligó a buscar recursos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) para pagar, sacrificando la inversión social.
Este gobierno entones tuvo que asumir el ajuste de precios de los combustibles con el costo político que ello implica, pero ha sido reconocido por entidades crediticias y organismos internacionales como una medida responsable con las finanzas públicas. No siendo poco lo anterior, también se ha tenido que honrar la deuda y se ha pagado cumplidamente, con el costo social que esto también implica, especialmente en un gobierno que ha prometido cambios sustantivos en la economía, las finanzas y los modos de producción.
En síntesis, quienes hablan de que dejaron saneado el déficit del FEPC no dicen la verdad, porque para sanear un déficit es necesario intervenir por completo el problema que lo genera, que en este caso es el diferencial de precios; por lo tanto, como no lo hicieron, entonces nunca pudieron haberlo saneado.
Lo que sí hicieron fue extinguir las obligaciones a cargo del FEPC a partir del 31 de diciembre de 2019 a través del artículo 34 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior, que es un saneamiento, pero en Excel. De manera que quien sí está pagando y saneando de verdad es este gobierno, así no se lo quieran reconocer, pero los datos no mienten.
* Ministro de Hacienda y Crédito Público