Imposible no atender a quienes plantean acabar con los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad). Pero no hace falta someter su continuidad a mesa alguna de diálogo. Basta con el cumplimiento de unas condiciones básicas.
Desaparecerá el Esmad cuando los infiltrados en grupos de manifestantes no protagonicen actos violentos. Desaparecerá el Esmad cuando no destruyan bienes públicos y propiedad privada. Desaparecerá el Esmad cuando oscuros grupúsculos desechen la idea de inutilizar los sistemas de transporte masivo.
Una vez surtidos estos presupuestos, no habrá razón de ser que inspire la existencia del Esmad. Sobrará en el momento en que siete días de protestas no reduzcan la actividad comercial del país en un 40 por ciento y no se echen a la caneca 350.000 millones de pesos en ventas. Justo cuando quienes generan empleo no reporten pérdidas de hasta 90 por ciento en un solo día.
Las naciones desarrolladas que tanto iramos cuentan con grupos de choque similares al Esmad, porque el derecho a la protesta no puede convertirse en la obligación de soportar violencia, atentados a los aparatos productivos y bloqueos continuados.
Cambie usted el color de los uniformes o el diseño de los cascos, petos protectores y escudos; establezca sutiles diferencias entre las armas que usan para el control de multitudes y revise sus manuales operativos: encontrará un esquema de accionar similar, nunca libre de riesgos, pero legal.
Si no hubiera Esmad, inventarían algo similar. Los jóvenes que marchan no han revisado en los navegadores de sus teléfonos los artículos sobre el sangriento paro de 1977, cuando la Fuerza Pública carecía de unidades entrenadas. Perdieron la vida 33 personas. Sin Esmad, no queda otro camino que enfrentar los desmanes con policía convencional y armas de fuego. O recurrir a los militares, lo cual nos lleva de nuevo a las lecciones del pasado.
El 9 de junio de 1954, en épocas de malestar ciudadano y efervescencia estudiantil contra el gobierno de Rojas Pinilla, llevaron efectivos del Batallón Colombia a controlar una protesta por la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez (en hechos que comprometían a la Policía). La decisión, como anotó Leopoldo Villar Borda en artículo publicado por EL TIEMPO, fue fatal. Muchos de esos soldados venían de participar en la guerra de Corea y estaban acostumbrados a disparar con soltura. El saldo: una docena de muertos.
Si no hubiera Esmad, inventarían algo similar
El Ejército, tras décadas de guerra interna, y sin desconocer su profesionalismo, tampoco es el cuerpo más recomendable para hacer frente a este tipo de situaciones que involucran a civiles. Bienvenidos los gestores de convivencia, pero en cuanto las cosas se salen de madre, también corren peligro.
Existe una situación de destrucción y vandalismo que no es culpa de los manifestantes pacíficos, pero es real. Y no puede ser superada, por mucho que nos duelan muertes como la de Dilan Cruz, con decisiones efectistas. El camino es otro: revisar y modificar los implementos del Esmad, desechando aquellos con mayor riesgo de letalidad y, de paso, velando por que los dineros públicos no se esfumen generosamente en el aire.
Punto fundamental debe ser la ejemplar sanción a los policías de estos escuadrones que no apliquen los protocolos de operación. Si acciones particulares del Esmad son ilegítimas, no pueden estar amparadas en la impunidad o solidaridades de cuerpo.
Quienes protestan son libres de hacerlo, y los ampara la ley. Pero el Estado debe contar con herramientas para controlar a los que usan las marchas para atentar contra la sociedad.
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Grima. A los presidentes se los confronta con ideas y argumentos, no con palabras sacadas de las letrinas. País de cafres.
GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA