Corte de cuentas

Cortesía de la decisión de la Corte Constitucional sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), flota un ‘globo’: desempolvar la propuesta de Duque en campaña (viejo sueño uribista) de fundir los altos tribunales en una supercorte plural, ágil y blindada a la politiquería.

Bien de malas hemos sido en las constantes y rutinarias reformas de nuestros estatutos. Cada año aparece un cúmulo de iniciativas ajenas a la debida maduración y a la prueba de ser necesarias. Los despalomados parlamentarios, y también los ministros, reclaman con afán la paternidad de algún proyecto legislativo, aunque sea superfluo.

A medida que se piensan y realizan reformas creando organismos de cúspide, se enreda más el entendimiento y la aplicación de la ley, y fluyen en manada entidades que se pelean a dentelladas la competencia y la palabra definitoria. En la práctica: tras largos años de investigación de un delito por la Fiscalía, un juzgado de circuito emite un fallo de primera instancia que se apela y revisa en la sala penal de un tribunal de distrito, luego de un buen tiempo de estudio. Se interpone el recurso de casación, y la Corte Suprema de Justicia (que de suprema va teniendo ya bien poco) confirma. Se acude entonces en tutela a la Corte Constitucional, que pone todo patas arriba, aunque de manera muy elegante y copiosamente documentada.

Conviene recordar que antes de que triunfara la tesis de escindir de la Corte Suprema la Sala Constitucional, juristas como el magistrado Pablo Cáceres propusieron conservarla, enriqueciendo sus decisiones con intervención, dependiendo de los casos por estudiar, de los presidentes de las salas Civil, Laboral y Penal. Pero no. Triunfó la independencia de una sala que se convirtió en corte de mejor familia, gracias a la Constitución de 1991.

La entidad que ahora impulsa la senadora Paloma Valencia se presenta como una grande, respetable y efectiva gran corte de la que se esperarían definiciones trascendentales, indelebles e históricas, y sin evanescentes modulaciones. Terminaría también con destructivos conflictos de superioridad, pues cada corte pugna por ser la más importante, por concentrar las mayores facultades y miramientos sociales o gubernamentales. Unas y otras estiman que después de ellas, el diluvio y la nada.

Diluvian, eso sí, las críticas: que el embeleco creará un gigante todopoderoso similar a los de ciertos regímenes dictatoriales, que nos devuelve en el tiempo a 1886, que pierde espacios de efectividad la tutela y que nos expone al peligroso circo de una asamblea nacional constituyente. O, como planteó Ramiro Bejarano, que facilitará el espionaje a los magistrados, ahora todos atendidos por las mismas señoras de los tintos.

El globo es tentador para solucionar conflictos de competencia y unificar jurisprudencia, y tal vez en otro momento valga la pena discutirlo. Lo que ahora hay en el horizonte es una colectividad cuyos cargan lastres judiciales desde hace años, y ven en la desarticulación de altos tribunales una solución legalista de sus embrollos. Y un gobierno cansado de ser goleado una y otra vez en las canchas de la justicia.

Propuesta supuestamente presentada en el interés de la nación, que no disimula los réditos de nicho que la alientan. Muy pequeña una paloma como para que no se vean las orejas que se le asoman al burro.

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Grima. Discuten si ‘Jesús Santrich’ es líder, congresista, perseguido, aforado o narcotraficante. Lo único cierto es que es un artista... para dar entrevistas.

GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA