Cómo castigar los costos de las campañas

Con las elecciones, vuelven los problemas que han permeado nuestra vida política, particularmente la corrupción multiplicada por los altos costos de las campañas que no alcanzan a cubrirse con los recursos que aportan el Estado y quienes contribuyen legalmente a su financiación. Por eso la mayoría de partidos y candidatos acuden, por debajo de la mesa, a recursos ilegales que no hacen parte de las cuentas que se entregan a las autoridades. Así ocurre en todos los casos que se proveen los destinos públicos que otorga la ciudadanía con su voto.

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Como casi siempre, triunfa quien dispone de más recursos, se establece relación directa entre dinero y corrupción: quien gana debe pagar con ventajas oficiales a quienes lo financiaron. Quien recibe favores para ganar debe pagar con favores cuando gana. Unos y otros tienen que recuperar la inversión que realizaron. Ese es uno de los orígenes y causas del deterioro de nuestro sistema democrático.

Quienes se ocupan de estos temas siempre se preguntan cómo deberían financiarse las campañas. Nunca se demandan qué hacer para reducir sus elevados costos y ponerlos al alcance de aspirantes viables política y éticamente que no logran ser candidatos porque sus mayores recursos son las ideas que profesan, a pesar de que son varias las decisiones que permitirían alcanzar tan noble propósito.

Para ello deben definirse circunscripciones electorales a escala humana. Eleva considerablemente los costos de las campañas poner a candidatos válidos a competir con varias listas de 100 aspirantes cada una al Senado, de 45 para el Concejo de Bogotá y de 15 o más para la Cámara y algunas asambleas departamentales. Para circunscripciones que elijan un pequeño número de aspirantes los partidos pueden presentar listas cerradas, sin voto preferente. En ellas se sufraga por candidatos fáciles de conocer, se establecen relaciones cercanas entre elegido y elector y se estimula la participación popular en la vida pública.

Conviene disponer que las cuñas radiales y televisadas, uno de los mayores costos de toda campaña, sean gratuitas pues se transmiten por el espectro electromagnético, que es propiedad del Estado, y se pueden asignar así como se conceden espacios a los partidos.

También es necesario evitar que los candidatos, de acuerdo con sus intereses, abran sedes y hagan gastos no declarables. Para lograrlo deben distinguirse las campañas políticas de las electorales. En las primeras se debaten ideas y temas de interés público en cualquier momento. En las electorales se invita a votar por partidos o candidatos y solo pueden tener lugar, según la ley, durante las semanas anteriores a las correspondientes votaciones.

La recolección de firmas por candidatos que se inscriben con base en ellas, proceso cada día más costoso, debería hacerla la Registraduría del Estado Civil que debe inscribir la intención de los interesados y registrar las firmas de quienes estén de acuerdo con dicha intención.

Es indispensable recuperar la descentralización que hoy es sinónimo de politiquería y corrupción. Cayó en manos de roscas, camarillas y clanes familiares en buen número de entidades territoriales que se volvieron feudos podridos.

La campaña en curso debía servir para que todos los candidatos debatieran estos asuntos y otros de interés público, pero no lo hicieron. ¿Lo harán como gobierno cuando lleguen al poder y como de bancadas parlamentarias oficialistas o de oposición? Esperemos que lo hagan porque así le conviene al país y su régimen democrático.

EL TIEMPO publicó artículos en los que se tratan estos temas. Entre otros, ‘¿Senado nacional?’, 29/11/2021, ‘Financiación de campañas’, 2/1/2022 y ‘Reforma política territorial’, 30/1/2022.

JAIME CASTRO