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Comienzo tan malo, desarrollo pésimo

Es muy difícil entender por qué en Colombia no evaluamos bien a quién le entregamos una concesión.

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Cada día es más claro que la compañía sudafricana AngloGold Ashanti (AGA) no hace bien hecho nada. Por muchos medios de comunicación se supo, el martes 10 de diciembre, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) devolvió con un claro NO la solicitud de licencia ambiental que con bombos y platillos había radicado días antes para el pretendido proyecto minero Quebradona, en Jericó, Antioquia.
Le fue devuelta por no cumplir con tres de los requisitos. Y eso sin anotar que en el formato que tal autoridad utiliza para verificar cumplimiento aparece con un nombre diferente del actual. Si algo tan elemental lo hacen de esa manera, ¿cómo será el contenido?
Y pensar que son cansones con los estribillos de que lo de ellos es minería bien hecha, minería con propósito, minería limpia y con tecnología de punta. Pero así es todo lo de esa compañía. Engañoso, malo y dañino de principio a fin. Ya lo verán los funcionarios de la Anla y el público general cuando revisen y revisemos el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que algo debe llevar de las barbaridades y las mentiras mostradas y entregadas en sus “presentaciones de socialización del EIA”.
Es muy difícil entender por qué en Colombia no evaluamos bien a quién le entregamos una concesión, algo tan delicado como un título minero. Ya lo verán, como ya lo han visto y sufrido muchos países en épocas recientes.
Es de conocimiento público que en 2010 fue nominada como la peor empresa para el medio ambiente en el concurso Public Eye, organizado anualmente por Green Peace. A juicio de los organizadores, la actividad de esa empresa ha contaminado “la tierra y la gente” de Ghana. En febrero de 2010 le cerraron dos minas porque continuaba afectando los ríos que proveían de agua a las comunidades, además de crecientes señalamientos de violación de los derechos humanos que incluyen denuncias sobre torturas y asesinatos por personal de seguridad privado de la compañía. También han sido obligados a pagar indemnizaciones por graves afectaciones a la salud de sus trabajadores en varios países de África.
En Colombia, además de cuidar a sus empleados, los daños que ya han hecho y sus tierras con ejército y policía costeados por la empresa, tratan de engañarnos con cuentos tan absurdos como el de que no existen acuíferos en la zona de Jericó donde harían la explotación o como el de su tecnología de punta, mientras que sus asociados hacen afirmaciones contrarias y realistas, como la del gerente general de Anglo American Quellaveco (Perú), Tom McCulley, en entrevista este año, sobre la posibilidad de utilizar en ese proyecto en curso el sistema de relaves filtrados (la gran bandera de AGA en Jericó). Dice: “La tecnología aún no está lista para desplegar con éxito los relaves filtrados”. (Minper, 2019).
Y se contradice la misma AGA cuando dice en su informe a las bolsas de valores –no en Colombia– sobre sus estados financieros que “AngloGold Ashanti ha identificado corrientes contaminadas de aguas subterráneas en algunas de sus operaciones, ocurridas principalmente como resultado de infiltración de botaderos de residuos mineros” y que “el grupo ha identificado potenciales entradas de agua y futuros riesgos de contaminación de aguas subterráneas profundas en algunas minas subterráneas en África” (originales en inglés).
Y... ojo: aquí la responsabilidad no es directamente de AGA, sino de su filial Minera de Cobre Quebradona S. A., cuyo capital suscrito y pagado es de diez millones de pesos ($ 10’000.000) y el autorizado, de quince millones ($ 15’000.000).
JORGE EDUARDO COCK L.

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