La justicia

Con una comisión integrada mayoritariamente por juristas –aunque entendemos que incluyeron a algunos políticos–, el Gobierno busca estudiar y redactar lo que será un proyecto de reforma de la istración de justicia. En su momento, cuando la propuesta se encuentre elaborada y presentada, nos pronunciaremos sobre ella. Depende de su contenido, que podremos compartir o no, total o parcialmente. Por ahora, nos limitaremos a consignar algunas ideas al respecto.

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La justicia es el valor primordial del Derecho, como también lo es la seguridad jurídica. Desde hace tiempo –cada vez con mayor intensidad–, esos dos valores –sin los cuales resulta imposible la vida en sociedad– se han vuelto teóricos e inalcanzables para muchos.

Derechos, libertades y garantías, sin una justicia operante, eficiente y oportuna, y sin seguridad jurídica, son vanas ilusiones.

En el específico campo de la justicia, hoy presenta graves deficiencias que dificultan en alto grado el a ella, garantizado en el texto constitucional. No necesariamente por falta de normas legales –que tenemos demasiadas–, sino por muchas causas que deben ser consideradas y evaluadas, como el bajo presupuesto de la Rama Judicial, la congestión –que se incrementa a diario– en juzgados y tribunales; el inhumano hacinamiento en las cárceles y en las sedes policiales –inadecuadamente improvisadas como tales–; las carencias y deficiencias istrativas y tecnológicas que afectan a muchos despachos judiciales, particularmente en algunas regiones. Son asuntos que exigen políticas, medidas y recursos, más que modificaciones en la normativa.

Lo cierto es que, en varios aspectos, el ciudadano común se siente desprotegido por la justicia, y eso ha dado lugar, en muchos casos, a algo indeseable en cualquier sociedad: la justicia por mano propia. Es inisible que individuos varias veces capturados en flagrancia por atracos, asaltos, violencia sexual, o por homicidios, sigan quedando en libertad y vuelvan a delinquir, a ciencia y paciencia de fiscales y jueces. Como también lo es que procesados por la comisión de graves delitos de corrupción queden libres por vencimiento de términos, gracias a tácticas dilatorias de los abogados, o por demoras de fiscales, jueces o tribunales. O porque la Fiscalía no actúe, debiendo actuar.

r.No podemos generalizar –pues, en su mayoría, nuestros fiscales, jueces y magistrados son honestos–, pero es lo cierto que, en varios casos, la istración de justicia se ha visto contaminada por la corrupción –recuérdese la vergüenza del ‘cartel de la toga’–.

Es una verdad evidente que, respecto a gravísimos delitos, persiste la impunidad y tiene lugar la prescripción de la acción penal. Y, en todas las ramas del Derecho, los procesos judiciales se demoran muchos años, dando lugar a sentencias extemporáneas e inoficiosas. Sabemos que una justicia tardía es una forma de injusticia.

Pero, si de reformas se trata, aunque, en general, la estructura de la Rama Judicial está bien concebida en la Constitución de 1991 y no se ve la necesidad ni la conveniencia de crear nuevas jurisdicciones –la más reciente es la Jurisdicción Agraria, establecida mediante Acto Legislativo 3 de 2023–, ni tampoco hay motivo para suprimir o reestructurar ninguna de las altas corporaciones existentes, ni para fusionarlas.

Lo que sí se debería revisar es la posibilidad de entrada y salida de los fueros, que genera impunidad porque permite que algunos escojan a sus jueces. Además, resulta imperativo garantizar, mediante estrictas normas y sanciones, la verdadera independencia e imparcialidad de la Fiscalía. Quien dirige esa institución, por la misma naturaleza de sus delicadas funciones, no es dirigente partidista, ni vocero del gobierno de turno ni tampoco de la oposición.

Seguramente, habrá muchos otros puntos que ocuparán la atención de los comisionados, del Ejecutivo y del Congreso. Deben ser escuchadas también las altas corporaciones judiciales y las voces de los académicos. Quedamos pendientes.

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ