Dice el excomisionado Sergio Jaramillo que el Gobierno no está cumpliendo con la implementación de los acuerdos de paz. Dicen los exnegociadores agrupados en el colectivo Defendamos la Paz que el secretario general de la OEA está confundido cuando defiende las acciones de Duque en materia de implementación. Dice María Jimena Duzán, en su cuenta de Twitter, que “Duque ha echado para atrás todas las reformas rurales que traía el acuerdo; frenó la sustitución de cultivos y ha hecho lo imposible por acabar la JEP”. Dicen y dicen los unos y los otros, sin tener en cuenta los hechos, que, a la larga, son la única verdad.
¿Y qué muestran los hechos? Que Iván Duque está cumpliendo más de lo que cumplió el mismo Juan Manuel Santos una vez firmado el pacto con las Farc. En once meses, los proyectos productivos colectivos pasaron de 2 que dejó caminando el nobel de paz a 25 que ha echado a andar la istración actual. El 98 por ciento de los excombatientes que están cumpliendo con la dejación de armas se encuentran afiliados ya al sistema de salud, y el 80 por ciento está cubierto por el régimen de pensiones.
De agosto de 2018 a mayo de 2019, el Gobierno desembolsó 84.000 millones de pesos en garantías económicas para los ex-Farc, que, por cierto, hoy cuentan con más de 224 esquemas de seguridad, y, aunque es lamentable el registro de 135 excombatientes asesinados, ya quisieran muchos grupos amenazados en Colombia contar con medidas como las anunciadas por el Gobierno en días recientes, que incluyen la creación de un cuerpo élite de la Policía con dedicación exclusiva para la preservación de su seguridad.
En materia de reforma rural, no sobraría recordarle a la querida María Jimena Duzán que fue el Congreso pasado, bajo el liderazgo del gobierno pasado, el que dejó hundir algunas de esas iniciativas, y que el Ejecutivo actual, con la dirección de Carlos Enrique Moreno en la Casa de Nariño, está potenciando la idea de un catastro rural que resuelva de fondo la situación de inseguridad jurídica en el campo; una tarea que se desprende de los acuerdos, pero que, aun sin ellos, el Estado estaba en mora de realizar.
Y a los que quieren más erradicación manual y menos o ninguna aspersión aérea, habrá que recordarles que en los últimos meses murieron 11 de la Fuerza Pública en estas tareas y que más de un centenar están amputados por el peligro –no probable, sino probado– de la erradicación manual.
El problema es que a muchos de los defensores del acuerdo con las Farc se les confundió –no sé en qué momento ni a qué horas– la protección de la paz con la protección de criminales en nombre de la paz.
Si lo que entienden los defensores del acuerdo por cumplir con la implementación incluye quedarse callado y mirar para otro lado mientras Santrich se vuela gracias a los beneficios recibidos por la justicia, entonces Duque lo está haciendo fatal porque, en el marco de sus competencias, ha expresado con absoluto respeto institucional pero con firmeza lo que piensa sobre ese bandido.
Si cumplir con la implementación significa renunciar a la posibilidad de introducir modificaciones saludables para preservar el derecho de las víctimas a la reparación, entonces será fácil concluir –en su lógica– que Duque está fallando porque no se quedó quieto e intentó por los canales democráticos hacer los cambios que creía prudentes, sin afectar el corazón de los acuerdos.
El problema de la paz de Duque es el mismo que el Gobierno tiene en el resto de áreas: que no se conoce y no se cuenta, aunque sea verdad que siempre existirán los que no quieren oír para mantener sus discursos o ganar réditos electorales apostando a que al Presidente le vaya mal.
JOSÉ MANUEL ACEVEDO