Juego legal ‘online’ y recursos de la salud, en riesgo

En los últimos años, el juego online ha emergido como uno de los sectores más dinámicos dentro de la industria del entretenimiento en Colombia. Desde que se reguló en 2015, esta modalidad ha mostrado un crecimiento sostenido, convirtiéndose en un modelo de referencia para América Latina. Sin embargo, este éxito corre el riesgo de desmoronarse por la propuesta del Gobierno Nacional de imponer un IVA del 19 % a las plataformas de juegos de azar online, lo que podría tener efectos devastadores en la sostenibilidad de la industria y en las transferencias al sistema de salud. 

Es fundamental entender que las cifras manejadas en las apuestas no reflejan dinero real. Según el Gobierno, en 2023, las apuestas alcanzaron los $35,6 billones, pero los ingresos reales de los operadores fueron de $2,1 billones. Gravar con este IVA equivale, en la práctica, a imponer una carga impositiva equivalente al 100% de los ingresos, lo que es financieramente inviable para las empresas que operan bajo la estricta regulación de Coljuegos.

Es importante recordar que entre 2017 y 2023, los juegos online han contribuido significativamente a los recursos del sector salud. En 2017, las transferencias de derechos de explotación fueron de $3.496 millones, y en 2023 alcanzaron los $317.977 millones. Este aumento del 914 % en menos de una década evidencia la robustez de la industria y su capacidad para contribuir al bienestar social del país. En la primera mitad de 2024, las transferencias habían sumado $181.628 millones y en los últimos siete años, un total de $1,135 billones.

Este aporte está en peligro. El modelo actual de los juegos online en Colombia opera con un retorno promedio a los jugadores del 93 %, y esto hace que opten por plataformas legales. El ingreso bruto de los operadores es del 7 %, un valor ajustado que permite cubrir los costos de operación, que incluyen, en primer término, el pago de los derechos de explotación, impuesto de renta y demás impuestos locales, además de los altos gastos en tecnología, marketing, publicidad y todo el componente laboral.

Si se aplica el IVA, el retorno al jugador disminuiría a un rango de 71 % al 75 %, lo que empujaría a muchos jugadores a plataformas ilegales o internacionales que no están sujetas a estas cargas fiscales ni a las pautas de juego responsable.

Por otro lado, las empresas que operan legalmente en Colombia invierten sus utilidades en el país, generando empleo directo e indirecto, y fomentando el desarrollo de tecnologías, campañas publicitarias y otros sectores económicos (medios, deportes, cultura, etc). Esta contribución a la economía nacional podría verse mermada y también desincentivaría la inversión extranjera en el sector.

El impacto legal de la medida tampoco es menor. Los contratos de concesión otorgados por Coljuegos se estructuraron bajo una ecuación financiera que no contemplaba el IVA. Alterar estos términos podría llevar a la imposibilidad de que los operadores cumplan con sus obligaciones contractuales, lo que comprometería la sostenibilidad del sistema regulado.

Es fundamental tener en cuenta que los juegos online representaron el 23,2 % del total de los derechos de explotación en 2023; este porcentaje es comparable con otras modalidades como el chance (23,8 %) y los juegos localizados (25 %). Cualquier alteración en la regulación que afecte negativamente a este segmento tendría un impacto profundo en los ingresos del sector y de la salud pública.

Estamos dispuestos a participar en mesas de trabajo con el Gobierno Nacional para analizar alternativas que fortalezcan la industria en lugar de desmantelarla.

*Presidente de Asojuegos