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Opinión

Juicio a Minvivienda

El apoyo oficial para adquisición de vivienda nueva ha quedado postrado, sin importar su impacto sobre el crecimiento, el empleo y la equidad social.

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El Gobierno, que dice trabajar por la población más vulnerable, tomó la decisión de suspender los subsidios de vivienda del programa Mi Casa Ya. No es algo nuevo: dos años atrás eliminó el subsidio a la tasa para vivienda no VIS. Petro manifestó que esta decisión fue “consecuencia” de que el Congreso no aprobó la llamada Ley de Financiamiento. Nada más falso. Es resultado de la desidia e irresponsabilidad manifiesta del gobierno del “histórico” pacto, que en un par de años destruyó uno de los ministerios más técnicos y eficaces del gabinete, dejando sin subsidios para la compra de vivienda VIS a más de un millón de colombianos pobres.
En el 2024 fueron asignados recursos para “ a soluciones de vivienda”, por la suma de $ 4,4 billones. Prácticamente el doble de la apropiación del año 2023 ($ 2,5 billones). Pero el Ministerio de Vivienda, convertido en refugio de progresistas desempleados, fue incapaz de ejecutar dichos recursos para resolver el déficit habitacional de los más necesitados. Al cierre del 2023, según los datos oficiales, dicho ministerio solo logró desembolsar el 40 % de los recursos asignados para soluciones de vivienda. Y para finales del año anterior, el nivel de ejecución de estos recursos de inversión apenas rondó el 30 %.
El apoyo oficial para adquisición de vivienda nueva ha quedado postrado, sin importar su impacto sobre el crecimiento, el empleo y la equidad social. Y ni forma de sostener que todo ocurre porque el Gobierno está comprometido con una nueva política de vivienda, que consiste en resolver el déficit cualitativo de vivienda, con una meta de 400.000 subsidios. Es cierto que el ministerio decidió privilegiar el programa de mejoramiento de vivienda, pero en este frente los resultados también han sido un fiasco. Del billón de pesos asignado para esta línea de financiamiento, no se pagó ni un centavo al terminar el año 2024.
El ministerio decidió privilegiar el programa de mejoramiento de vivienda, pero los resultados también han sido un fiasco. Del billón de pesos asignado no se pagó ni un centavo al terminar el año 2024
La situación es tan crítica que el programa de vivienda rural también ha sido un descalabro. La última convocatoria, para 9.000 soluciones en el campo, fue realizada en el gobierno Duque, siendo ministro Jonathan Malagón. Pero de ellas solamente han podido ejecutar la tercera parte (3.000 viviendas), lo que no puede causar sorpresa, dado que este programa se dejó al cuidado de Laura Sanguino, cuyo principal mérito es ser hija de Antonio Sanguino, vinculado en su juventud al Eln y a la Corriente de Renovación Socialista y, más tarde, senador ‘verde’ y luego jefe de gabinete de la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Esta repartija burocrática la denunciamos hace un par de años, y los resultados están a la vista. La incuria en este frente se extendió a los compromisos para adelantar soluciones de vivienda rural entre comunidades étnicas, en especial poblaciones indígenas y afros.
Al menos la retórica de la paz debió reflejarse en resultados tangibles frente a la política de vivienda. Pero tampoco. Basta escuchar las quejas de los reincorporados del proceso de La Habana, que siguen abandonados a su suerte. Y las víctimas del conflicto armado tampoco han podido hacer realidad sus aspiraciones, no obstante las órdenes de la Corte Constitucional; aunque hay asignados subsidios de vivienda para 20.000 familias, estos no han podido materializarse por la imposibilidad de llevar a cabo los cierres financieros.
El Gobierno no puede abandonar la política de financiación de vivienda nueva, que logró reducir el déficit de vivienda del 8 al 3,4 %, entre los años 2009 y 2022, según el exministro Luis Felipe Henao. Pero como Mi Casa Ya se hace con el concurso del sector privado, de seguro lo eliminarán del todo. De hecho, se habla de que se diseña actualmente un esquema basado en gestión comunitaria, a través de juntas de acción comunal, organizaciones populares de vivienda e, inclusive, figuras de autoconstrucción, reviviendo los anticipos que fueron eliminados desde el 2012, porque eran fuente de corrupción extrema. Pero, claro está, todas estas modalidades, antes de elecciones, servirán para aceitar la reelección en cuerpo ajeno. ¿Habrá un solo argumento para no iniciar un juicio de responsabilidad a Minvivienda?
Taponazo. La tiranía se cubre con la misma cobija.
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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