¡Ni uno más!

A comienzos del 2023 el Gobierno Nacional anunció un plan de choque contra las violencias hacia defensores de derechos humanos. Además, se propusieron reformas en el proceso de evaluación del riesgo dentro de la Unidad Nacional de Protección y la implementación de los Puestos de Mando Unificados por la Vida (Pmuv). Sin embargo, al finalizar el año, nos enfrentamos a una realidad desgarradora: 177 defensores de derechos humanos fueron asesinados. Esto evidencia que los Pmuv se limitaron a ser espacios de discusión y promoción de políticas de gobierno, sin adoptar medidas concretas y decisivas para la protección de los líderes sociales.

La violencia persistente contra líderes sociales refleja la necesidad urgente de acciones más contundentes. Las causas de esta violencia son complejas y abarcan desde la presencia de grupos armados ilegales hasta la dificultad del Gobierno Nacional para mantener el control territorial, creando las condiciones propicias para la disputa por el control de los territorios y el incremento de la inseguridad.

La falta de respuesta efectiva del Gobierno se evidencia en la no convocatoria de la Mesa Nacional de Garantías y en la insuficiente atención a las medidas cautelares y sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Unidad Nacional de Protección, donde pesan serias reclamaciones de corrupción elevadas por su propio director, carecen de recursos para proteger adecuadamente a los líderes sociales.

En cuanto a la prevención y protección, los entes territoriales, que actúan como primeros intervinientes, no cuentan con la asistencia técnica necesaria desde el Ministerio del Interior para implementar rutas de protección efectivas para esta población.

La Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-546 del 6 de diciembre de 2023, declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la situación de seguridad de esta población, reconociendo la labor de la Procuraduría en la defensa de los derechos humanos.

Como Procuradora he escuchado a los líderes sociales en diferentes territorios de nuestro país a través de los Espacios Regionales para la Promoción de Derechos de lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Hemos abordado la violencia contra poblaciones vulnerables, incluyendo la LGTBIQ+, comunidades indígenas y mujeres lideresas. Además, hemos colaborado en la campaña ‘Lidera la vida’ para combatir la estigmatización de los líderes sociales y, por primera vez desde nuestro eje misional disciplinario, dictamos pliego de cargos contra un exalcalde que presuntamente omitió sus responsabilidades de protección hacia la lideresa María del Pilar Hurtado.

La directiva del 13 de diciembre de la Presidencia de la República, que se enfoca en el a la información para el desarrollo de las labores de los líderes, pasa por alto aspectos críticos como la prevención y protección de derechos fundamentales. Desde la Procuraduría, consideramos que esta directiva llega tarde. Además, representa un llamado para que los servidores públicos cumplan con sus deberes esenciales, lo cual ya habíamos señalado en la Directiva 002 de 2017 emitida por nuestro ente de control.

Ante esta crítica situación, es imperativo que el Gobierno Nacional, con un compromiso más profundo, tome medidas concretas y decisivas para garantizar la protección y el respeto de los derechos fundamentales de nuestros líderes sociales, para que no se asesine ¡ni uno más! En esta vía, la Procuraduría General de la Nación continuará luchando por la promoción de los derechos de esta población, a través de la expedición en los próximos días de una directiva que busca hacer los llamados a las entidades del Gobierno para asegurar la correcta protección de los derechos de las personas dedicadas a reclamar y defender nuestros derechos.

MARGARITA CABELLO BLANCO

Procuradora General de la Nación

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