¿Más riesgos que soluciones?

Esta medida tiene graves implicaciones de largo plazo y puede tener efectos contrarios a los que dice buscar sobre el abastecimiento energético y los precios a los consumidores.

Los cambios regulatorios anunciados para las energías de fuentes como el sol, el agua y el viento (y el carbón) modifican el precio de escasez, precio techo actual del sistema, según lo establecido en el Cargo por Confiabilidad. Cuando el precio en la bolsa supera ese precio de escasez, los generadores que tienen obligaciones de energía firme tienen que entregar la energía a dicho precio, lo cual protege efectivamente a los consumidores de los precios más altos del mercado y garantiza el suministro de electricidad en períodos críticos.

Sin embargo, al reducir el precio techo de cerca 1.000 pesos por kilovatio hora (KWh) a $ 359, dicho mecanismo se activaría de manera permanente. Esto elimina ‘de facto’ el mecanismo de confiabilidad y produce un efecto contrario al que se está buscando: desestimula la contratación de largo plazo por parte de los distribuidores y, por ende, genera una mayor exposición a los precios de bolsa, donde se mantienen otros niveles de precios para las otras tecnologías más contaminantes (térmicas a gas y combustibles líquidos).

Por otro lado, si los generadores hídricos están obligados a generar en esos niveles de precios, pierden la capacidad de proteger las reservas y se puede gastar el agua almacenada antes de lo requerido. Lo cual aumenta el riesgo de desabastecimiento en situaciones de sequía que por efectos del cambio climático son cada vez más frecuentes.

Esta medida pone trabas a la expansión que el sistema tanto necesita porque el techo fijado limita las expectativas de ingresos para los nuevos proyectos, no solo desde la perspectiva de precio sino también por la imposibilidad de asegurar los mismos a través de contratos.

De la misma manera, la percepción de inestabilidad regulatoria que esta medida está generando tendrá efectos negativos sobre la expansión de la oferta al desincentivar la inversión. Cabe resaltar que esta modificación al Cargo por Confiabilidad no modifica los compromisos vigentes del sistema hasta el año 2028 y la adhesión inmediata es voluntaria por parte de los agentes del mercado.

Considerando su inconveniencia es muy posible que los supuestos impactos positivos para el mercado no se vean en el corto plazo, pero en cambio sí veremos una reducción en las inversiones requeridas, por culpa de los desincentivos y la incertidumbre regulatoria. Esto agravará, en vez de aliviar, la situación de precios. La preocupación de precios altos en bolsa es entendible, no es conveniente tener a la demanda tan expuesta a la volatilidad de los precios de bolsa, pero el camino para resolverlo no es la intervención sino la generación de incentivos para contratos de más largo plazo y señales de expansión claras y decididas.

Se ha anunciado una subasta de reconfiguración que es un primer paso, pero que no trae necesariamente oferta nueva. El país requiere en subasta de expansión para asegurar nuevos proyectos, que es al final lo único que podrá espantar riesgos de desabastecimiento y tarifas altas. Esta decisión no se puede demorar más.

CAMILO MARULANDA LÓPEZ

Presidente Isagén

(Lea todas las columnas de Camilo Marulanda en EL TIEMPO aquí)