¿Mesa técnica anticorrupción?

(También le puede interesar: El asesinato de Rodrigo Lara)

Lo que se ha llamado la “lucha anticorrupción”, muchas veces no pasa de ser un tema de campaña para conseguir votos y descrestar incautos. No hay campaña, bien sea para la presidencia o el Congreso, que no se “inspire” en extirpar el “cáncer” de la corrupción. Hemos tenido ya varios “estatutos” anticorrupción con aumento de penas, beneficios por delación y agilización de procedimientos.

Desde 1995, en uno de esos estatutos, existe la “Comisión de Moralización” presidida por el jefe del Estado y de la cual hacen parte, entre otros, el procurador, el fiscal, el contralor, el ministro de Justicia y el director de la Policía.

Tuvimos hasta una engañosa “consulta anticorrupción” –que en general se limitaba a repetir normas ya existentes– organizada por el partido Verde, muchos de cuyos dirigentes están hoy en el ojo del huracán por las conductas aparentemente corruptas denunciadas, y que llevó a más de doce millones de colombianos a las urnas. Por lo que estamos viendo, ya sabemos para que sirvió.

El país, desde hace años, tiene todos los instrumentos jurídicos para investigar y sancionar drásticamente delitos como el peculado, el cohecho, la concusión y la celebración indebida de contratos, que son los que generan corrupción. La Constitución del 91 permite extinguir los bienes adquiridos no solamente por actos de corrupción sino por “conductas contrarias a la moral social”.

Desde el Código Penal de 1980, existe la figura del enriquecimiento ilícito que contempla penas hasta de 15 años de prisión para los servidores públicos que incrementen injustificadamente su patrimonio en el ejercicio de sus funciones. Basta con que fiscales y jueces comparen ingresos y egresos de los servidores públicos de nivel alto en todas las ramas para que pongan al descubierto la corrupción. Para llegar al fondo del problema se requiere más voluntad política. Que cada quien haga lo suyo. Fiscalía y Corte Suprema de Justicia tienen y han tenido siempre la palabra.

Para la corrupción electoral, el Consejo Nacional Electoral –si quisiera y con algo más de dientes– puede detectar los chorros de dinero en efectivo que circulan en las campañas y que naturalmente no son reportados. Desde el año 2017, la financiación ilegal de las campañas y la violación de los topes electorales son un delito no solamente para gerentes de las campañas sino para los elegidos.

La Uiaf, que depende del ministerio de Hacienda, tiene suficientes instrumentos para detectar movimientos de dinero y de bienes. Lo mismo puede hacer la Dian, hoy en día en tan buenas manos. La Superintendencia Financiera puede sancionar a los bancos que, violando todos los controles, facilitan el retiro de estrafalarias sumas de dinero en efectivo como se menciona ahora. Tres mil o cuatro mil millones de pesos no pueden entregarse de la noche a la mañana, ya no caben en una cartuchera de cosméticos.
En el caso de Odebrecht nunca se investigó hasta el fondo a dos individuos que dijeron haber retirado más de tres mil millones para entregarlos a una campaña política y quienes con desparpajo anunciaron que si a ellos los tocaban se caería el establecimiento. Y ¿se han investigado las amenazas que aparecen en las conversaciones cervantinas en tono de alteración emocional del simpático embajador Benedetti con dos de sus interlocutoras?

Desde luego, mientras no exista una separación real de poderes, ni responsabilidades políticas, esta seguirá siendo una democracia bloqueada. El paso previo por el Congreso facilita la impunidad en los llamados “juicios políticos”. Nadie le quiere poner el cascabel al gato.

Menos carreta y más acción, teniéndose, como ya se tienen, todos los instrumentos jurídicos, es el único camino para ponerle tatequieto a la corrupción política y istrativa. Y también, hay que decirlo, el mal llamado principio de oportunidad no puede servir para inculpar a unos y tapar a otros, como pasó en el ‘cartel de la toga’.