País al garete

El 2025 comienza el declive final del gobierno de Petro. Un sainete derivado del consejo de ministros demostró la falta de gerencia pública y de orden en el manejo de los asuntos públicos. Luego, la renuncia de varios ministros del Despacho, el aumento de las tarifas del gas en un 36 % en algunos lugares del territorio nacional, producto del bloqueo producido por la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien utilizó su cartera para impedir la exploración de pozos como Komodo II y Uchuva 1, que hubieran podido darnos autosostenibilidad en materia de gas.

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Con posterioridad, el ministro de Hacienda nos informa que el déficit fiscal alcanzó el 6,8 % del PIB, la deuda pública alcanzó niveles del 60,60 % del PIB y sufrimos una caída de los ingresos en 1,5 % del PIB. A seguida cuenta, dice que quiere a toda costa volver permanentes a través de una reforma tributaria los seguramente impuestos inconstitucionales que se quieren imponer en el desarrollo de la conmoción interior. Se trataría de un IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar en línea, un impuesto de timbre del 1 % y un gravamen a las exportaciones de carbón y petróleo. A esos impuestos, me imagino que agregarían otros para llegar de nuevo a los 12 billones rechazados por el Legislativo el año pasado.

A esto hay que agregar que más de 800 proyectos de infraestructura han sido bloqueados en el país por cuenta de las consultas previas y la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) se convirtió en la entidad que paraliza proyectos de infraestructura como la ampliación de la autopista Norte en Bogotá, diversos trenes de cercanías; la ampliación de la vía Barranquilla-Ciénaga, que implica la construcción de dos túneles. A eso podemos agregar el bloqueo del financiamiento del metro de Bogotá, del canal del Dique, del Cara de Gato en La Mojana o al metro de la calle 80 en Medellín.

En salud y energía, el Gobierno ante la imposibilidad de modificar los sectores ha buscado quebrar las empresas. En salud, el ministerio del ramo incumple la actualización de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) y el pago de los presupuestos máximos. Esto llevó a que la Corte Constitucional emitiera dos autos, que también han sido desconocidos con maniobras dilatorias por el ministerio. Ya, incluso, el ministro de Salud fue declarado en desacato.

En el sector energético, el Gobierno no les ha girado a los comercializadores de energía como Air-e y Afinia tanto los recursos de los subsidios 1,2 y 3 como de la opción tarifaria –acuerdo en el gobierno Duque de aplazar el pago de las tarifas de ciertos estratos durante el covid-19–, que suman más de 5 billones de pesos. Del mismo modo, el Gobierno ni siquiera ha nombrado personas idóneas en la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas). Lo curioso, tanto en el sector de la salud como el de energía, es que si baja la calidad del servicio o suben las tarifas, producto de la falta de giro del Gobierno, el mismo Gobierno las interviene y las quiebra. Una calamidad.

Por último, el país observa atónito el escándalo sobre la recepción de 500 millones de un presunto contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, por parte de personas cercanas a la campaña de Petro. Esta persona según el mismo Presidente se habría reunido con él. A esto se suma el proceso en el Consejo Electoral, que ya tiene auto de cargos por la posible financiación ilegal de la campaña de Petro y varias decisiones que la Corte Constitucional tomará este año, seguramente dejando sin vigencia normas impulsadas por el Gobierno. Paradójico, este 2025 tendremos una conmoción interior y una ‘paz total’ sin ministro de Defensa, unas reformas en el Congreso sin ministro del interior y una grave crisis con Estados Unidos, sin cancillería.

Un país sin dirección y al garete.

Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)