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Opinión

Presupuesto 2025

Es un presupuesto ajustado a la realidad internacional y cumple los compromisos del Gobierno, así como las respectivas normas fiscales.

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El Presupuesto General de la Nación –PGN– 2025 se presenta en un contexto internacional desafiante, caracterizado por la desaceleración económica global con amenaza de recesión en EE. UU. y China; tensiones geopolíticas y “burbujas financieras” que atentan contra el comercio internacional; y elevada deuda, que amenaza el crecimiento potencial de la economía mundial. La deuda total (pública y privada) en las economías avanzadas asciende a 250 % del PIB en promedio.
Colombia no está desconectada de esta realidad y en materia de finanzas públicas lo que se ha observado es un incremento sustancial de la deuda pública, que pasó de 49 % a 61 % del PIB entre 2019-2020. Actualmente se encuentra en niveles de 54 %, gracias al enorme esfuerzo fiscal del Gobierno, pero con los compromisos de pago heredados.
El valor del PGN 2025 es $ 523 billones, donde los ingresos se estiman en $ 511 billones y crecen 7,3 %; mientras que los gastos ascienden a $ 523 billones y aumentan 3,9 %, es decir, por debajo de la inflación. El diferencial de $ 12 billones se espera obtener con la respectiva ley de financiamiento, como lo estipula la ley.
La distribución de los gastos es la siguiente: funcionamiento, $ 327,9; inversión, $ 82,5; y servicio de la deuda, $ 112,6 billones. Mientras el gasto de funcionamiento crece 6,2 % con respecto a este año, la deuda aumenta en 19,1 %, advirtiendo que no es porque el Gobierno haya endeudado al país, sino porque está honrando los compromisos adquiridos durante la pandemia. La consecuencia de esta presión fiscal y presupuestal se aprecia en el gasto de inversión que decrece 17,4 %.
El valor del PGN 2025 es $ 523 billones, donde los ingresos se estiman en $ 511 billones y crecen 7,3 %; mientras que los gastos ascienden a $ 523 billones y aumentan 3,9 %, es decir, por debajo de la inflación
Importante aclarar y corregir interpretaciones equivocadas sobre el aumento del gasto de funcionamiento. Es fácil caer en un error al pensar que el aumento de $ 308,9 a $ 327,9 billones en dicho gasto obedece a mayor nómina o burocracia que llaman. Pues no, las plantas en general no se han modificado y el volumen de personas que trabajan en el sector público es el mismo. Lo que ha cambiado son las condiciones laborales y algunos han ingresado por razones del concurso de méritos.
El grueso del gasto de funcionamiento son las transferencias, donde está el Sistema General de Participaciones –SGP–, pensiones, aseguramiento en salud, Fomag, entre otros. Dichas transferencias representan el 75 % del gasto de funcionamiento, es decir, de cada $ 100 pesos de funcionamiento, $ 75 se deben transferir, el resto se distribuye en personal (18 %) y compra de bienes (4,7 %), entre otros.
Un tema importante es reconocer las inflexibilidades del presupuesto, correspondientes a gastos obligados, perentorios y constitucionales. Por ejemplo, la deuda pasa de $ 95 a $ 112 billones; SGP, de $ 70 a $ 82; pensiones, de $ 55 a $ 66; gastos de personal, de $ 55 a $ 60; aseguramiento en salud, de $ 36 a $42; vigencias futuras, de $23 a $22 billones, entre otros. La conclusión es que el 92% del PGN está comprometido y genera inflexibilidad. Luego quienes sugieren la reducción del presupuesto están desconociendo dichos compromisos e implicaría incurrir en procedimientos inconstitucionales.
Finalmente, la distribución sectorial indica que el primer sector al que se le asigna buena parte del presupuesto es la deuda, $ 112 billones, seguido de educación, $ 79 billones (crece 12 %), salud $ 67 (9 %), defensa, $ 61 (13 %), hacienda, $ 33 (-36%) y trabajo, $ 53 (20 % por el pago de pensiones), según el orden de montos asignados. En síntesis, es un presupuesto ajustado a la realidad internacional y cumple los compromisos del Gobierno, así como las respectivas normas fiscales.
RICARDO BONILLA GONZÁLEZ
Ministro de Hacienda y Crédito Público

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