Supermanes de otras épocas venidos a menos. Héroes del pasado que ahora se perfilan como villanos de los nuevos tiempos. Las superintendencias de Salud, Servicios Públicos Domiciliarios y la de Industria y Comercio, tres semidioses que defendían a los ciudadanos de los abusos de los privados y que ahora se convirtieron en brazos biónicos del Gobierno en su lucha contra los empresarios.
La Superintendencia de Salud, en la mira por la súbita y extraña intervención de Sanitas, la mayor EPS privada del país, filial del Grupo Keralty, multinacional española que el presidente Gustavo Petro responsabiliza de la derrota de la reforma de la salud en la Comisión Séptima del Senado y que acusa de financiar a partidos y campañas opositoras en el pasado.
La Superintendencia de Industria y Comercio, acéfala durante año y medio, cuya nueva directora entró a pasar revista en entidades públicas como fiel escudera de Gustavo Petro. Funcionarios de Cielo Rusinque en la SIC que ahora inspeccionan oficinas del Estado como las de la Cancillería, entre las cejas del Presidente por resoluciones que revivieron la licitación de los pasaportes con la firma Thomas Greg, dueña también de convenios para el software de escrutinios que tampoco son del agrado del primer mandatario.
Y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, convidada de piedra en plena crisis de racionamiento de agua y de fragilidad del sistema eléctrico; con los embalses del país en el 32 por ciento y una sequía que obliga a millones a bañarse rápido en Bogotá, la Sabana y otros tantos puntos del territorio colombiano. Y carente de propuestas que vayan más allá de esperar a que san Pedro nos mande agua.
Instauradas casi paralelamente a la Constitución del 91, dichas superintendencias nacieron a la luz de la apertura económica liderada por el entonces presidente César Gaviria, cuando el libre mercado entró a regir en el país y se diseñaron como halcones vigilantes de productores, supervisores de prácticas corporativas, ojos avizores de posiciones dominantes, centinelas de abusos de precios y piedras en el zapato para carteles y monopolios que atentaran contra las vidas y bolsillos de 50 millones de ciudadanos.
Liga de la justicia que ahora peca, simultáneamente, por excesos de actuación o por falta de propuestas; vulnerando funciones y competencias por hacerle favores al jefe de Estado, extendiendo su poder investigativo, sancionatorio y penalizador según los deseos del primer mandatario, y desdibujando el papel de organismos independientes del Gobierno como lo hicieron durante 30 años en defensa de lo más sagrado: los consumidores y s.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos a los hogares colombianos?
PAOLA OCHOA
En X: @PaolaOchoaAmaya