El desacato con botas

Se había demorado la Procuraduría General de la Nación para abrir una investigación en contra del general Eduardo Zapateiro, por los trinos que este oficial publicó la semana pasada, en los cuales se enzarzó en una agria disputa con Gustavo Petro.

(También le puede interesar: Perdón social: de Moreno a oscuro)

Es más: esta decisión no solo me parece acertada, sino lógica, dados los antecedentes tuiteros de este oficial, al que no es la primera vez que se le van las luces. Hace dos años, por ejemplo, tras la muerte de Jhon Jairo Velásquez Vásquez (alias Popeye), confeso jefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, Zapateiro publicó un sentido mensaje de pésame, con el cual no solo irrespetó a las víctimas de ese criminal, sino que deshonró la memoria de todos los hombres de las Fuerzas Armadas asesinados por el cartel de Medellín.

En esa ocasión, el presidente de la República –vaya uno a saber si por pusilanimidad o por ineptitud– no se atrevió a llamarle la atención a Zapateiro, ni mucho menos a retirarlo del servicio, sino que unas semanas más tarde lo premió con su ascenso al máximo rango de la jerarquía militar, y el general siguió haciendo de las suyas en Twitter, red donde se ha visto envuelto en otras controversias, debido a su incontinencia virtual.

Y aunque hasta ahora había salido indemne, esta vez, con el rifirrafe entre el comandante del Ejército y el candidato presidencial, el gran problema radica en que se trata de una discusión política, y, al tenor de la Constitución Nacional, los militares no pueden participar en este tipo de controversias.

El artículo 219 de la carta magna es muy claro, no solo al advertir que “la Fuerza Pública no es deliberante”, sino cuando especifica que sus “no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

Aquí no hay espacio para las interpretaciones. Por más que muchos intenten minimizar el asunto o mostrar los trinos de Zapateiro como una simple opinión, lo cierto es que con sus andanadas tuiteras este oficial incurrió en un desacato al intervinir abiertamente en un debate político; asunto que se hace mucho más delicado en medio de una campaña presidencial tan agitada como la actual y en un país agobiado por una atmósfera muy densa.

Para nadie es un secreto que desde su cuenta de Twitter Gustavo Petro lanza dardos a diestra y siniestra, sin medir el alcance de sus palabras. También son conocidas sus arengas y sus frases incendiarias en esa red social. Esto no está en discusión. Sin embargo, más allá de que el líder del Pacto Histórico diga sandeces o publique frases irresponsables, no es el comandante del Ejército el llamado a confrontarlo a él ni a ningún otro político. Ni siquiera cuando se trate de trinos o declaraciones contra el estamento militar, pues en estas circunstancias los que deben salir a responder son los funcionarios del Gobierno, como el ministro de Defensa o el del Interior. O la Corte Suprema de Justicia, si el congresista incurre en alguna violación de la ley.

Curiosamente, este incidente está dejando al descubierto la facilidad con la que muchos congresistas, dirigentes políticos o analistas tratan de acomodar o interpretar las leyes de acuerdo con su ideología, sus conveniencias electoreras o sus gustos personales. Paradójicamente, son los mismos que, al tiempo que abogan por que los ciudadanos del común acaten la ley, tratan de minimizar el hecho de que esas mismas leyes sean violadas precisamente por aquellos que por mandato constitucional están obligados a defenderlas.

Y lo más preocupante es que los superiores del general Zapateiro, empezando por Iván Duque, salgan a justificar su proceder, en vez de hacer respetar la Constitución.

VLADDO