Grave retroceso

Tras los vientos de esperanza que soplaron luego de la firma de la paz con las Farc en septiembre de 2016, el panorama del orden público en el país presentó en el año que está por terminar preocupantes señales de tormenta.

La consolidación y fortalecimiento de grupos armados apoyados en las economías ilegales, entre los que sobresalen el 'clan del Golfo' –que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas–, el Eln, las disidencias de 'Iván Mordisco' y 'Marcos Calarcá' ha abierto, por desgracia, un nuevo capítulo en la larga historia de la violencia en Colombia. Ya no se trata de guerrillas con afán de alcanzar el poder nacional, sino de estructuras de crimen organizado transnacional, varias de ellas, comenzando por el Eln, con tranquilo refugio en Venezuela. Bandas sumidas, además, en constantes y sangrientas luchas internas que pretenden monopolizar vastas regiones para darle rienda suelta a su codicia.

Frente a este desafío, el gobierno de Gustavo Petro optó desde el primer día por la vía de la negociación. A través de la llamada política de paz total inició por lo menos nueve procesos de paz en paralelo. Pero, hay que decirlo con claridad, cometió el craso error de renunciar a la iniciativa militar a través de fórmulas que en el pasado fueron efectivas, como la superioridad aérea. Si la paz con las Farc se consiguió fue por la combinación en todo momento de zanahoria y garrote.

Más de dos años después, la respuesta gubernamental al auge de estos grupos dedicados también al amedrentamiento de la población –que incluye extorsión y reclutamiento de menores, entre otras pesadillas– no ha dado resultados concretos. No se ha traducido en logros notables, más allá de una leve disminución en la cifra de homicidios.

La situación en territorios como Cauca, Arauca, parte de Nariño y Chocó, entre otros, es crítica en materia humanitaria. Mientras los armados se disputan el control, la Fuerza Pública da la impresión de estar en un estado equiparable al de la hibernación, en tanto el conflicto se ha transformado a un ritmo acelerado del que no ha dado cuenta suficiente la política de seguridad del Gobierno, quizás porque no hay partitura.

Entra a la ecuación la enorme dificultad que significa para las tropas el enfrentar un ramillete de actores comprometidos en procesos de paz con distintos tipos de acuerdos temporales. El costo de estos pírricos logros es demasiado alto. Hoy ni siquiera hay certeza de que estos esfuerzos estén en un estado de irreversibilidad, nuevo objetivo del Gobierno para el año y ocho meses que le restan.

Al contrario, sin ser derrotistas, la norma es la confusión general y la constante es la impotencia ante la aterradora muestra del poder de los ilegales. Los ceses del fuego alcanzados con el Eln y los hombres de alias Calarcá pueden haber disminuido los combates, pero no la extorsión, el secuestro y, reiteramos, el reclutamiento de niños y niñas. El atroz y dolorosísimo asesinato de un niño de 15 años que quiso escapar de ser reclutado por los hombres de 'Iván Mordisco' en pleno 24 de diciembre en zona rural de El Plateado, en el Cauca, tiene que tocar las fibras de los responsables de la política de seguridad estatal y obligar a un replanteamiento de las cifras, las autoridades civiles locales, pero, sobre todo, las poblaciones más vulnerables piden hoy a gritos.