Código Electoral, ¿otra prueba de fuego para la coalición de gobierno de Petro?

Tras el hundimiento de la reforma política, la coalición de gobierno volverá a estar a prueba este martes con la continuación del primero de cuatro debates del polémico Código Electoral.

La votación comenzó el jueves de la semana pasada –mismo día que el gobierno de Gustavo Petro sufrió su primera gran derrota en el Congreso–, y ya fueron aprobados 211 de 277 artículos en la Comisión I del Senado.

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Sin embargo, faltan por votar los puntos gruesos de la iniciativa y los más polémicos, los cuales tienen dividida a la coalición de gobierno. Además, este proyecto tiene voces muy críticas, como la del senador Humberto de la Calle, quien se ha opuesto a este desde un principio, pues ha señalado que la reforma “no se puede volver un cheque en blanco”.

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La actualización del Código Electoral, impulsada por el registrador nacional, Alexánder Vega, no ha tenido un camino fácil en el Congreso. Este proyecto ya fue aprobado por el pasado Congreso, pero la Corte Constitucional lo tumbó por vicios de trámite, lo que dejó vigente la norma que rige desde 1986.

Por esto fue presentado nuevamente al Legislativo en agosto del año pasado y contó con el guiño del presidente Gustavo Petro. De hecho, tenía mensaje de urgencia para agilizar su trámite, pero en la Comisión I del Senado se gestó una rebelión que no solo terminó en el levantamiento del mensaje de urgencia, sino que se impidió que la discusión se iniciara el semestre pasado.

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En noviembre se formó una alianza entre congresistas de oposición, independientes y de gobierno para frenar el debate, pues consideraban que había muy poco tiempo para poderlo realizar en profundidad.

Los senadores liderados por Paloma Valencia (Centro Democrático), Jota Pe Hernández y Ariel Ávila (Alianza Verde) y Humberto de la Calle (independiente) en diciembre rompieron el quorum de la Comisión I de Senado, donde debe comenzar la discusión, argumentando que la iniciativa está llena “micos” y había “mucha plata de por medio”.

Pero no solamente fueron los sectores mencionados anteriormente, incluso congresistas del Pacto Histórico le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para que reconsiderara su apoyo al Código, que pretende actualizar la norma del siglo pasado.

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Aseguraron que este proyecto va en “contravía” del programa de gobierno del cambio.

Entre los opositores más radicales al proyecto, liderado por el registrador Alexánder Vega, estaba la representante a la Cámara por Alianza Verde Catherine Juvinao, quien dijo, en entrevista con este diario, que “mientras Alexánder Vega sea registrador, el Código Electoral no va a pasar”.

Precisamente, el mismo Registrador, quien ha guardado silencio sobre el tema, le envió una carta al presidente de la Comisión Primera del Senado, Fabio Amín, para que la discusión quedara para este mes. E incluso pidió que se hundieran los artículos de registro civil, pues hubo muchas críticas porque la iniciativa mezclaba este tema con asuntos electorales. Y sobre las dudas que había alrededor de la entrada en vigor de la norma, dijo que sería para 2024 y no afectaría las regionales de octubre.

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Esta jugada fue clave para destrabar la discusión, y la ponencia pasó de 377 artículos a 277. La situación, podría decirse, fue la primera vez que el Gobierno no contó con la aplanadora y tuvo que ceder ante las presiones tanto de opositores como de aliados. La segunda fue la reforma política, que se hundió la semana pasada al no contar con las mayorías.

“Aunque hay artículos que apoyamos, otros son preocupantes: demasiada contratación, burocracia a dedo e innovaciones tecnológicas sin suficiente sustento ni información, entre otros. Pedimos un estudio cuidadoso y sin presiones”, ha insistido el senador De la Calle.

Faltan por votar los artículos más sensibles. Por ejemplo, uno que había causado discordia: está en juego la creación de 32 registradores delegados en los departamentos, algo que algunos sectores ven como burocratización de la Registraduría. Además, se cambiaría el modelo de contratación en decenas de cargos en la entidad y ya no serían de carrera, sino de libre nombramiento y remoción.

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También está en discusión el voto anticipado, pero al parecer hay consenso para que no se modifique y se siga aplicando solo para los colombianos en el exterior.

Otro punto sensible es que se establecían multas para quienes no informaran a la autoridad electoral cambio de residencia para evitar la trashumancia, pero en principio hay consenso en que no se cobrará multa y simplemente se perdería el beneficio de las cuatro horas laborales libres.

Un tema que parece ser de los más polémicos es el establecimiento del voto electrónico, que será impulsado por el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa. “Me parece que el colombiano no puede tenerle fobia a la tecnología, no sé por qué lo excluyen. Hay riesgo, ¿y es que no se alteran también con el papel?”, explicó el congresista.

Pero los opositores a esta figura señalan que sería una licitación billonaria y no están claras las reglas de cómo serían las reglas de contratación. Asimismo, hay polémica por un artículo que deja a la Registraduría como encargada de controlar la autenticación de datos biométricos en todos los escenarios, en los casos en que se requiera.

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El Centro Democrático parece no acompañar el proyecto, mientras que Cambio Radical, que es nuevo en la oposición, ha logrado consensos con respecto a algunos artículos. Los demás partidos apoyan algunos puntos, mientras que rechazan otros.

El panorama no es claro y no se puede predecir un resultado. Se votará artículo por artículo, y lo cierto es que habrá debate, bastante polémica y que las votaciones serán muy reñidas, tanto así que en la Comisión I ya prevén que la discusión se irá hasta el miércoles.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA