Se hundió la tributaria: las claves de la mayor derrota del Gobierno en el Congreso

El hundimiento contundente de la segunda reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro marca el cierre de un año legislativo en el que el Ejecutivo logró sacar adelante proyectos claves en su agenda, como la reforma pensional y la modificación de las transferencias -en realidad, una iniciativa apoyada a una por toda la clase política del país-, pero en el que también ajustó varias de sus más contundentes derrotas.

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​La reacción del presidente Petro fue descalificar la decisión del Congreso: "Casi los mismos que aprobaron ponerle el impuesto a la sopa de Carrasquilla, decidieron no bajarle los impuestos a todas las empresas de Colombia y a la clase media, para proteger los grandes pulpos, unas multinacionales de combustibles fósiles y a los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea".

Además, aprovechó para criticar a la Corte Constitucional, que tumbó parte de su reforma del 2022."La reforma tributaria que presentamos al principio del gobierno ha sido descuartizada. Le quitaron precisamente la progresividad que ordena la constitución al quitar 6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras y carboneras y estimularon así la economía fósil que representa el mayor peligro a la existencia en todo el planeta por la crisis climática drástica que provoca y que se expande como el gran cáncer del mundo", trinó en X.

También su gabinete en pleno ha salido a anunciar graves consecuencias supuestamente derivadas de la decisión del Congreso de decirle no a la llamada ley de financiamiento, con la que el Gobierno esperaba obtener primero 12 billones y, al final, 9,5 billones de pesos para el presupuesto del 2025.

​Al final la cifra quedó en ceros, y de los 523 billones que pretendía gastar el año entrante se pasará a un cheque por 511 billones de pesos. Es, en todo caso, el presupuesto más alto de la historia, superior en 9 billones al del 2024 y en 89 billones al aprobado en el 2022. Los 12 billones no aprobados equivalen al 2,3 del total del plan de gastos del Gobierno, de allí que desde varios sectores se advierta que mensajes como los enviados por varios ministros -que no se va a poder financiar la rebaja de tarifas de energía en la Costa; que se van a afectar los subsidios y la plata para las regiones y hasta que se van a golpear los planes de mantenimiento de equipos del Ministerio de Defensa- parecen al menos sobredimensionados. 

​El naufragio de la que el Ejecutivo bautizó como 'ley de financiamiento' (incluso negando que se tratara de una nueva reforma tributaria), marca varias realidades. Por un lado, la comprobación de que a pesar de las buenas relaciones que mantiene el ministro Juan Fernando Cristo con la clase política -y también a pesar del polémico y sonado regreso de Armando Benedetti, supuestamente para 'aceitar' la relación con el Congreso- el resultado de las votaciones en el Legislativo ya con el sol a las espaldas en el cuatrienio es cada vez más incierto para el Gobierno. 

Así, el ministro Cristo logró montar a casi todos los partidos en su proyecto personal de reforma del Sistema General de Participaciones, pero no pudo salvar, ni siquiera en las comisiones económicas de Cámara -la corporación que durante todo el mandato ha sido obediente con la agenda oficial- una reforma tributaria que, desde el comienzo, se anticipaba como un parto atravesado. Entre otras razones porque buena parte del presupuesto -150 billones- siguen sin ejecutarse.

Estas son algunas de las conclusiones del hundimiento de la tributaria y los escenarios que se vienen para un 2025 que, como el año que termina, va a estar marcado por la falta de plata del Gobierno central, según todas las previsiones económicas.

El naufragio de la reforma está íntimamente relacionado con la polémica decisión que tomaron el presidente Petro y el exministro Ricardo Bonilla de repetir la historia del 2024 y volver a presentar al Congreso un presupuesto desfinanciado.

En el 2024, que se cierra con billonarios recortes, en el presupuesto se incluyeron 13,2 billones de pesos que supuestamente se iban a recaudar por cuenta de las deudas por cobrar de la DIAN. La recuperación de esas platas no tuvo mayor gestión -esa fue una de las causas de los ruidos entre el exdirector de la DIAN y hoy ministro de Comercio Luis Carlos Reyes y su exjefe, el exminhacienda Bonilla- y ese hueco es una de las razones que llevaron a la necesidad de recortar el presupuesto real de este año. 

​Aun con ese antecedente, el Gobierno se la jugó por incluir en el proyecto de presupuesto del 2025 una partida desfinanciada, además amarrada a una nueva reforma tributaria: una iniciativa que desde el primer momento tuvo el rechazo de amplios sectores del Congreso, de los gremios y de muchos analistas. En plata blanca, al presentar un presupuesto condicionado a una reforma tributaria, el Gobierno dejaba amarrado al Congreso para aprobar los nuevos impuestos. 

​A pesar de que el Congreso primero negó el monto del presupuesto y luego se negó a discutir el proyecto (lo que en la práctica llevó a la inédita situación de un presupuesto general no aprobado por el Legislativo), el Ejecutivo insistió en mantener la cifra inicial de 523 billones. Incluso, se negó a una fórmula planteada por Efraín Cepeda, presidente del Senado: dejar el presupuesto en 511 billones, discutir aparte la tributaria y luego, si se aprobaba, tramitar una adición presupuestal por la cifra aprobada por el Legislativo. 

El Gobierno, con el presidente Petro a la cabeza, se la jugó por hacer uso de su derecho a expedir el presupuesto por decreto y siguió jugando a imponer la reforma tributaria, pero a lo largo de todo el semestre no logró mayores avances. De hecho, el texto final apenas fue presentado para discusión esta semana, casi a punto de las vacaciones legislativas. Ese texto, que tenía algunos cambios y bajaba el monto de recaudo a 9,5 billones, tampoco convenció y la reforma terminó hundida.

En julio, con las primeras audiencias de la Fiscalía contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, el nombre del ministro Ricardo Bonilla empezó a sonar en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como una de las altas fichas del gobierno Petro que supuestamente movieron la que el ente investigador llamó "empresa criminal" para mover congresistas a cambio de coimas. 

Desde ese momento, empezó a cuestionarse cómo un funcionario salpicado por el supuesto saqueo de plata pública podría venderles a los colombianos la idea de una nueva tributaria. Aunque el respaldo del presidente Petro fue total por varios meses, Bonilla -un hombre respetado en el mundo de la economía por su trayectoria académica y que generaba tranquilidad en los mercados- terminó quedándose sin aire por los desarrollos de las investigaciones de la Corte Suprema y de la misma Fiscalía. Y finalmente, tras la revelación del testimonio de su asesora Alejandra Benavides, en la que lo señalaba de haber conocido al detalle cada uno de sus movimientos relacionados con el trámite de contratos de la UNGRD en los que seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público supuestamente estaban interesados, terminó cayéndose. 

Petro anunció vía X que le había pedido la renuncia a Bonilla y su reemplazo, Diego Guevara, no tuvo tiempo para tratar de cambiar la historia. 

Desde antes del naufragio de la reforma, el presidente Petro la había emprendido contra el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a quien incluso ha señalado de quererlo sustituir como parte del 'golpe bando', el fantasma que el jefe de Estado y sus alfiles agitan periódicamente en redes sociales. 

"Tengo que rechazar la posición del presidente del Senado, que por ser oposición está poniendo el país en extremo riesgo económico”, escribió el Presidente Petro. Y añadió: "Las comisiones de crédito público están aprobando créditos para pagarle la deuda a Duque, luego la deuda tiende a estar impaga, y al mismo tiempo se niegan a aprobar la ley que permita que recursos nuevos lleguen al Estado. Una ley que dice que se bajan los impuestos a todas las empresas de Colombia progresivamente del 35 al 30 por ciento. ¿Qué daño le puede hacer eso a un empresario? Qué irresponsabilidad de un congresista impedir que se le bajen los impuestos a las empresas".

Cepeda fue la cabeza visible de la oposición a la reforma. Pero esa misma posición tuvieron el Partido Liberal, Cambio Radical, el uribismo y muchos en la Alianza Verde, empezando por la senadora Angélica Lozano. 

La reacción inicial del Gobierno ha sido mostrar el no del Congreso, legítimo dentro del juego de la democracia, como una supuesta causa del incumplimiento de compromisos como la caída de las tarifas de energía en la Costa Atlántica (por cierto, el coto electoral del senador Cepeda). 

De hecho, este jueves, el Presidente aseguró que el hundimiento de su reforma tenía supuestas intenciones políticas: "Decidieron tratar de desfinanciar el gobierno, buscando volver al poder en el 2026, otra vez con su impuesto a la sopa y a la comida en general y con los bonos del agua con los que dejaron morir miles de niños de desnutrición", trinó.

Y lo que se prevé para el remate de año y todo el 2025 es un aumento de la tensión entre Ejecutivo y Legislativo, que viene in crescendo​ desde que en marzo del año pasado el propio presidente Petro declaró muerta la coalición de gobierno en el Congreso, enmarcada en una realidad política: en el año previo a las elecciones -sin mengua de las capacidades de todo gobierno para mover votos a cambio de mermelada- todos los congresistas van a estar pensando en cómo garantizar su reelección. 

De allí que hasta en la Cámara empiecen a verse más ovejas saliéndose del redil de los proyectos más polémicos del 'gobierno del cambio'. 

JHON TORRES
​Editor de EL TIEMPO
​En X: @JhonTorresET