Consejo de ministros negó recusación de Néstor Humberto Martínez contra el canciller

En el mes de marzo, durante la presentación trimestral por parte de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia del Informe al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, el canciller Álvaro Leyva realizó una intervención y lanzó una propuesta en ese escenario que generó polémica en el país. 

Se trata de la creación de una comisión internacional para investigar lo que llamó como un "entrampamiento" a la JEP y jefes de las Farc, como Jesús Santrich y que, según su tesis, habría dado origen a las disidencias de esa guerrilla que volvieron al narcotráfico y a la guerra.

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Según informó la canciller este miércoles, luego de esa intervención el exfiscal Néstor Humberto Martínez "elevó una acción de recusación dirigida a impedir actuaciones del Canciller en el sentido por él anunciadas ante el referido organismo de Naciones Unidas". 

El Ministerio informó que en el Consejo de Ministros que se realizó el pasado 8 de mayo, sin la presencia de Leyva, se negó la recusación y por ende, el canciller manifestó que seguirá insistiendo en su propuesta de crear dicha comisión. 

"El ministro Leyva comunica que procederá de conformidad a lo por él afirmado ante el Consejo de Seguridad en su última comparecencia. Su acción irá acompañada de copias debidamente expedidas de la denuncia penal presentada por la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP (...)", informaron. 

El presidente Gustavo Petro, cuando era senador, fue el primero en hablar de un supuesto "entrampamiento" contra Santrich, quien huyó de Colombia cuando estaba procesado por cargos de narcotráfico posteriores a la firma de la paz en 2016.

En noviembre del 2020, Petro planteó el tema en el Congreso de la República mientras se llevaba a cabo un debate de control político. En ese momento, mostró documentos en los que argumentaba que, supuestamente, los cinco kilos de cocaína utilizados en la operación que posteriormente llevó a la captura de ‘Jesús Santrich’ salieron de la Fiscalía o se consiguieron “con dinero de la DEA”.

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“Todo obedece a un libreto para sembrar prueba con la intención de involucrar a gente de las Farc, que había hecho un acuerdo de paz, en un supuesto negociado de drogas y finalmente ante el fracaso de la operación, montan una operación controlada, con droga de la Fiscalía o con dinero de la DEA, que termina en una casa que el Gobierno le puso a Santrich, con cámaras de seguridad”, aseveró Petro.

La narrativa del "entrampamiento", sin embargo, deja a un lado hechos que están consignados en expedientes judiciales de Colombia y Estados Unidos.

Por un lado, que Santrich fue grabado mientras hablaba de negocios de coca con supuestos enviados del cartel del capo mexicano Ramón Caro Quintero, a los que recibió a instancias de Marlon Marín. Este último, hoy procesado en Estados Unidos y testigo federal, es el sobrino de 'Iván Márquez', el jefe de las disidencias de las que formaba parte Santrich.

Otro punto clave en el tema es que los señalados socios de Santrich en la operación de narcotráfico, los empresarios Fabio Younes y Armando Gómez España, fueron extraditados a los Estados Unidos y aceptaron cargos por narcotráfico. Todos cayeron en una operación con agentes infiltrados por la DEA, que fue la agencia que pidió la captura y extradición de Santrich y sus socios.

La Corte Suprema, que revisó la solicitud de extradición, terminó dando el sí para la entrega de Santrich, pero este se produjo ya cuando el exjefe guerrillero estaba en Venezuela, rearmado y al frente de la 'Segunda Marquetalia'.

Santrich fue asesinado después en territorio venezolano y el gobierno Petro ha esbozado también la tesis de que en esa muerte pudo haber jugado la inteligencia militar de Colombia.

Y la JEP, que en un primer momento ordenó la libertad de Santrich, después pidió investigar a de la Fiscalía en tiempos de Néstor Humberto Martínez. Pero no por el supuesto entrampamiento al exnegociador de las Farc, sino porque consideró que la Fiscalía le negó oportuno a elementos de prueba que eventualmente habrían cambiado su percepción frente a la libertad del cuestionado jefe guerrillero.

Sin pronunciarse sobre la responsabilidad de ‘Jesús Santrich’, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) radicó a inicios de marzo una denuncia en contra de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que los habrían “engañado”, según comentó el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, cuando la jurisdicción estudiaba el trámite de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, en mayo de 2019.

Pese a que en varias oportunidades la JEP requirió al ente acusador la información del caso, de las investigaciones y las pruebas recaudadas, no recibieron todo, de acuerdo con la denuncia.

Analistas mencionan que esto desconoce la existencia de una justicia independiente en Colombia que hasta ahora no ha encontrado pruebas de la existencia del entrampamiento pero que, llegado el caso, tendría toda la legitimidad para investigar.

Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, explicó en su momento  que la Secretaría de la entidad debe analizar la pertinencia de la propuesta.

"La solicitud de una comisión de investigación a Naciones Unidas que mencionó el canciller no deja de ser una suerte de anuncio. Lo que normalmente es el procedimiento para este tipo de análisis, y eventualmente un establecimiento de cualquier tipo de comisión, es que se le formaliza al Secretario General con información puntual de lo que se pretende investigar”, explicó.

Expertos consultados por este diario, sin embargo, no ven tan viable que esta solicitud pueda tener éxito. Angelika Rettberg, investigadora de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz, no imagina a la ONU acogiendo la iniciativa.

“Puede leerse como interferencia parcializada en los asuntos internos de Colombia y riñe con la separación de poderes. Mejor que se investiguen esas acusaciones desde las propias instituciones colombianas”, dice.

“Me parece que esto lo que hace es demorar el avance en el proceso de paz. Seguramente esa propuesta se quedará ahí. Las Naciones Unidas tiene la labor de informar, pero no de investigar”, señala Ricardo Abello, experto en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.

"Hay que investigar si hubo una actuación de mala fe de las autoridades en su momento. De hecho, sería interesante poder estudiarlo, pero lo fundamental ahora es que se aplique el acuerdo", agregó el experto.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA