'Ataque es dejar a 9 millones de personas sin agua': presidente responde a alcalde Galán sobre resolución ambiental

Se presentó un nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, esta vez por una resolución que establece lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.

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El dirigente local aseguró durante una rueda de prensa que esta resolución representa un “ataque del Gobierno Nacional a la autonomía local”. Además, mencionó que iba a pedir que se retirara la resolución.

En respuesta a estas declaraciones el presidente Petro dijo: “ Señor alcalde Galán, si usted tiene una ciudad con racionamiento de agua, cómo se le ocurre que la acción del gobierno en el territorio ajeno a Bogotá para garantizar los flujos híbridos, es un ataque. Ataque es dejar a 9 millones de personas sin agua. Es un ataque contra la vida”. 

Minutos más tarde, el mandatario local le respondió al jefe de Estado a través de su cuenta de X y aseguró que Bogotá está en racionamiento "porque hace 13 años, cuando usted era alcalde, retiraron la propuesta de Chingaza 2 sin ni siquiera plantear una alternativa".

"Tras ese grave error la ciudad no se preparó y ante el año con menores afluencias en registro en más de 60 años al sistema Chingaza (2024) tuvimos que recurrir al racionamiento como medida de choque. Aún así, gracias a eso y a las otras medidas que tomamos, hoy Chingaza tiene más de 47 millones de m3 adicionales frente al año pasado. Chingaza no se quedó sin agua este mes de marzo de 2025 como usted predijo, ni fue necesario sacar a la gente de Bogotá con las Fuerzas Militares. Estamos superando la crisis y vamos a tomar las medidas de fondo que se han debido tomar hace varios años", agregó Galán.

Para el alcalde Galán todo esto hace parte de un nuevo ataque a la autonomía territorial, una violación a la ley, a la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

“La forma como fue construido este proyecto de resolución viola la ley y las sentencias de la Corte Constitucional. Lo que están presentando como una consulta para que la ciudadanía pueda participar no es otra cosa que el cumplimiento legal que se tiene que hacer cuando se hace cualquier acto istrativo de carácter general”, dijo el mandatario.

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Y agregó: “Esto es ilegal por algo que el Gobierno Nacional menciona de forma permanente y es el Acuerdo de Escazú, que establece, básicamente, que se debe garantizar la participación, publicidad, visibilidad y transparencia en los procesos que definen, por ejemplo, proyectos ambientales. En este caso, eso no ocurrió. Ni siquiera los periodistas han sido informados sobre cómo se construyó este proyecto”. Para Galán, todo lo anterior es una demostración de la “forma oscura en que se construyó este proyecto de acto istrativo”.

También explicó que no solo la jurisprudencia, sino también la Ley 99, la Ley 388 y el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional establecen que este tipo de procesos de determinantes ambientales, que son facultad de la autoridad ambiental, como el Ministerio de Ambiente, deben ejercerse en coordinación con los entes territoriales.

Una de las que salió en defensa de la resolución fue la exministra de Ambiente Susana Muhamad: “El debate sobre los lineamientos ambientales de la Sabana debe darse con rigor y sin desinformación. No frenan el desarrollo ni detienen obras, su propósito es claro: proteger el agua, los suelos fértiles y los ecosistemas estratégicos”.

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Desde la cartera de Ambiente anunciaron el inicio de una consulta pública para definir el ordenamiento ambiental del territorio en la Sabana de Bogotá, con el objetivo de proteger los ecosistemas estratégicos y garantizar un desarrollo sostenible en la región.

Redacción Política