El incierto futuro de la atención a los migrantes en Colombia: traslado de competencias a Ministerio de la Igualdad abre interrogante

En medio de una de las mayores coyunturas migratorias de los últimos años por la expectativa de un posible éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia —incluso se habla de que el aumento del flujo ya se empieza a dar— por la crisis política en el país vecino tras las denuncias de presunto fraude en la reelección de Nicolás Maduro, no es claro qué sucederá con la atención a los migrantes.

Esto debido a que dos servicios esenciales dentro de esta función como lo son la atención humanitaria inmediata y la integración socioeconómica los tiene que asumir la Dirección para la Población Migrante del Ministerio de la Igualdad, cuestionado por sus bajos niveles de ejecución, y que dejará de funcionar, tras declararse inexequible la ley que lo creó, en el 2026.

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De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 2281 del 4 de enero de 2023, por medio del cual se crea el Ministerio de la Igualdad y Equidad, esa cartera debe velar por los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, que, entre otros, refiere a la población migrante regular, irregular, refugiado, en tránsito y retornado.

Sin embargo, según las cifras reportadas por el Portal de Transparencia Económica, en el fortalecimiento de las acciones que garanticen el goce efectivo del derecho a la igualdad de los sujetos de especial protección a nivel nacional no hay en ejecución ni un solo peso. Un rubro que tiene una aprobación vigente de 202,000 millones de pesos. A la fecha, la cartera solo ha ejecutado el 1, 36 por ciento de sus recursos.

Esto adquiere más relevancia si se tiene en cuenta que este 11 de septiembre la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que advierte Colombia carece de una estrategia clara para proteger a los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Darién.

El informe, “El Tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina”, indica que si bien hace unos años Colombia desempeñó un papel destacado en el desarrollo de políticas e instituciones para acoger e integrar a migrantes y refugiados, la escasez de recursos para la primera línea de alcaldías que responden a la migración y el "desmantelamiento de una autoridad nacional que coordina la política de migración" han socavado los esfuerzos de integración socioeconómica.

"Los migrantes se enfrentan a dificultades para acceder a empleo y convalidar títulos y diplomas profesionales, así como a discriminación (...) el al asilo es difícil porque el sistema está desbordado y los solicitantes de asilo no están autorizados a trabajar", señala el documento.

"Todos los trabajos a los que presentaba exigían un estatus legal para el que no reunía los requisitos", reflejó en carne propia este complejo escenario un migrante que llegó a Apartadó a mediados de junio de 2024 con otras 11 personas, incluyendo su esposo, su hija y sus suegros.

Ahora bien, HRW lleva detectando estas falencias desde comienzos de este año. En abril, el Ministerio de Igualdad y Equidad le informó a la organización que la política y la ruta de atención para dicha población se encuentran actualmente en desarrollo. 

Sin embargo, en su informe de este mes de septiembre HRW recalcó que todavía no se observa un plan por parte de un gobierno colombiano que "no dispone de datos fiables sobre el número de migrantes que cruzan y sus necesidades", lo que dificulta, por ejemplo, el suministro eficaz de alimentos, agua y asistencia sanitaria.

En ese contexto, cabe resaltar que la atención inmediata y la integración socioeconómica de la población migrante estaba antes bajo coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es además la entidad encargada de diseñar la Política Integral Migratoria (PIM).

Dicha atención era desarrollada por la Oficina para la Atención e Integración de la Población Migrante, también llamada Gerencia de Fronteras. Este programa era apoyado por la cooperación internacional. Profesionales financiados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), entre otros, brindaban asesoría a la Cancillería en la gestión de la migración masiva, especialmente en las nueve ciudades con mayor presencia de migrantes.

No obstante, EL TIEMPO pudo conocer que, a través de un correo sin mayores explicaciones, y sin existir aparentemente una actuación istrativa que manifieste el traslado de las funciones, la Cancillería suspendió estas actividades de apoyo con el fin de “reorientarlas” al Ministerio de la Igualdad.

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“El decreto vigente de traslado de funciones (de la Gerencia de Fronteras) que es el decreto 2647 de 2022 dice que las sigue teniendo la Cancillería. No hay una actuación istrativa para que ellos se escuden en que no tienen esas funciones”, le dijo a este diario una fuente enterada del caso que pidió reservar su nombre.

Desde 2020, la cooperación internacional brindó apoyo a la Gerencia de Fronteras con asesores que ayudaron a implementar la política migratoria del gobierno del expresidente Iván Duque. Con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro, este apoyo se trasladó a la Cancillería a través del decreto 2647 de 2022 debido a cambios institucionales.

En ese momento, de acuerdo con fuentes consultadas, “eso se vuelve una papa caliente en la Cancillería. Internamente hay posiciones radicales que dicen que eso no es competencia del Ministerio y hay otras más abiertas que dicen que sí les toca articularlo con la Política Integral Migratoria porque así lo establece la Ley de Migraciones”.

Posteriormente, se creó la Dirección de la Población Migrante en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, lo que llevó a nuevas definiciones de competencias en política migratoria. Un tema que según funcionarios de la Cancillería que hablaron con EL TIEMPO generó bastante polémica.

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“El traslado de competencias a MinIgualdad fue bastante conflictivo. Eso se hizo muy de afán y sin todos los requisitos legales. El decreto de creación salió sin completar procesos de consulta, legalmente obligatorios. A la Cancillería la marginaron en la etapa final, pero, en su momento, se tomó la decisión de no demandar, aunque existían bases para hacerlo”, explicaron.

De esta manera, recién el pasado 15 de agosto de 2024 se informó desde la Dirección de Asuntos Migratorios a los consultores externos de la cooperación internacional que el Ministerio de Relaciones Exteriores prescinde de este apoyo. En el mensaje se les pide abstenerse de participar en espacios convocados por terceros.

“Esto se decidió como parte de la reorganización que incluye la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares en la Cancillería, el cual se encargará de atender estos temas de manera integral y conforme a las competencias legales vigentes”, señalaron desde una de las agencias, luego de recibir preguntas de este diario.

En la misma respuesta se indicó que próximamente, algunos de los profesionales empezarán a asesorar a la Dirección de Población Migrante del Ministerio de la Igualdad y la Equidad y que además se está evaluando otros posibles apoyos a nivel nacional y local.

Durante el trabajo colaborativo en Cancillería, los consultores desplegaron acciones de soporte técnico en diferentes escenarios territoriales de la Dirección de Asuntos Migratorios. Asimismo, se reactivó una instancia llamada la Comisión Intersectorial de Migraciones.

Ahora bien, algunos asesores señalan que desde la salida de la última directora de Asuntos Migratorios en mayo de este año y el arribo interino de la embajadora de carrera Solángel Ortiz (se irá ser jefe de la misión diplomática de la República Checa), el equipo se empezó a desvanecer.

“No nos daban directrices, no nos decían nada. Nunca nos reunimos a pesar de solicitudes para que nos dieran línea técnica, para que nos dijeran el alcance de la participación”, apuntan.

Ante las dudas que genera el traspaso de funciones de atención inmediata y humanitaria, integración socioeconómica y productiva de la población migrante, a la cartera de la vicepresidenta Francia Márquez (ver el artículo 31 del decreto 1075 de 2023), la profesora e investigadora en derechos humanos Nastassja Rojas Silva considera que no dar respuestas claras a los procesos de atención de los migrantes agudizará su condición de vulnerabilidad, aumentará la xenofobia y los problemas en las comunidades de acogida.

“Es preocupante que esto esté pasando porque no dar respuesta institucional de manera urgente está generando una bomba de tiempo que no se va a poder contener por mucho tiempo. El aumento del flujo ya se empieza dar y con toda seguridad va a aumentar en los próximos meses antes de finalizar el año”, sostiene.

En su reciente informe, Human Rights Watch resaltó que si bien las autoridades han aprobado una importante legislación para regularizar a los migrantes venezolanos, incluyendo un histórico estatuto de protección temporal de 10 años que benefició a más de dos millones de venezolanos, otros extranjeros y los venezolanos que hayan entrado irregularmente después de enero de 2021 o regularmente después de mayo de 2023 no tienen más opciones para regularizar su estancia que los visados ordinarios, que son costosos.

La Procuraduría General de la Nación ha emitido cinco informes de carácter preventivo sobre la situación migratoria en el Darién, Cúcuta, Ipiales, San Andrés y el departamento de Guainía. Entre todos estos se emitieron 141 recomendaciones a 21 entidades del Estado entre las que se encuentra la Cancillería y el Ministerio de la Igualdad y estas, de acuerdo con el procurador delegado para los Derechos Humanos Javier Sarmiento, no se han cumplido.

“Tras un año hemos hecho un balance del cumplimiento de estas recomendaciones y podemos decir que es bajo salvo por algunas victorias de la Fuerza Pública”, subraya.

De hecho, esto provocó la apertura de una indagación previa al excanciller, Álvaro Leyva Durán, y al exviceministro Francisco Coy, por la presunta omisión de la aplicación integral de la Política Integral Migratoria (PIM), respecto a la población que atraviesa el Tapón del Darién.

Al parecer, Leyva y Coy no aplicaron la PIM a los migrantes ubicados en los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá, que pretenden atravesar la frontera entre Colombia y Panamá. También habrían dejado de implementar acciones para mantener en funcionamiento el Centro de Atención Sanitario, que beneficiaba a quienes ingresaban al país por el oriente.

La Sala de Instrucción Disciplinaria incluyó en el expediente al director general y la subdirectora de control migratorio de la Unidad istrativa de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva y Martha Hernández Arango.

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Según el Ministerio Público, los funcionarios habrían dejado de ejecutar de manera efectiva la Política Integral Migratoria en el Tapón del Darién y de realizar un control efectivo de la población migrante en los municipios previamente mencionados, “hecho que podría ser un riesgo para la seguridad nacional”.

María Clara Robayo, internacionalista e investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela indica que departamentos como Santander, Arauca, Norte de Santander y La Guajira vivirían de primera mano los efectos de una ola migratoria y empezarían a requerir ayuda prioritaria del Gobierno Nacional. 

Según la ONG Fundación Nueva Ilusión, desde el pasado 29 de julio -un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela- entre 140 y 160 venezolanos al día, ingresan a Colombia por Cúcuta solicitando protección internacional por motivos de persecución política.

Mientras tanto, gobernadores de departamentos fronterizos piden al Gobierno Nacional declarar la emergencia migratoria en señal de preocupación tras la ratificación de la elección de Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política