El regreso del conflicto en el Cauca: ¿por qué el Estado no ha podido ponerle fin a este capítulo de la guerra en Colombia?

Basta una rápida búsqueda en internet para encontrar noticias calcadas, pero de hace dos décadas, en este departamento. Los protagonistas no son ya las Farc, sino grupos dedicados plenamente al narcotráfico que se autoproclaman sus herederos y que como tal han sido reconocidos por el Gobierno, que oficialmente los llama ‘Estado Mayor Central’ de las Farc: las disidencias de alias Iván Mordisco.

Es una violencia reciclada que ha venido creciendo por la combinación de varios factores: la reacción de los grupos ilegales para tratar de frenar a punta de terrorismo el avance de la Fuerza Pública ordenado por el presidente Gustavo Petro hacia el gran enclave cocalero del cañón del Micay; el abandono histórico por parte del Estado, una tierra privilegiada para las cosechas de cultivos ilícitos y rica además en oro; decisiones erráticas de los gobiernos en materia de orden público y una histórica desconfianza de las comunidades étnicas, sobre todo de las indígenas, hacia el Ejército y la Policía.
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Morales, el pueblo del norte del Cauca donde esta semana murieron dos civiles y dos policías por el ataque de las disidencias, no sufría un ataque contra el casco urbano hace más de una década. Menos aún de las proporciones de lo que se vio esta semana en sus estrechas calles, donde decenas de casas se ven hoy derruidas por la explosión errática de los ‘tatucos’.

La importancia estratégica del Cauca la saben bien los grupos criminales: es la bisagra hacia el Pacífico por decenas de ríos y trochas por las que hace décadas circulan coca, armas, secuestrados y oro ilegal. La carretera más importante del país, la Panamericana, atraviesa el departamento y es escenario frecuente de bloqueos.

Hacia el suroccidente, el Cauca es la puerta a al menos 88.000 hectáreas de coca que inundan la zona Pacífica colombiana. El Cauca es el departamento desde donde sale la mayor parte de la marihuana que se consume en el país y las variedades ‘de exportación’ –creepy y punto rojo– que llegan a mercados tan distantes como Brasil y Chile. Y hacia el norte, tiene un corredor directo con Cali a través de Jamundí, municipio del Valle que en los últimos años ha sentido casi tanto como sus vecinos del norte del Cauca la violencia de las disidencias de las Farc. Allá fue donde esta semana activaron una moto bomba contra un hotel en el que usualmente se alojan de la Fuerza Pública.
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Con 30.000 kilómetros cuadrados, el 58 por ciento de sus 1’528.076 habitantes (según el último censo del Dane) vive en la pobreza y el 25 por ciento, en pobreza extrema. Aunque la violencia asusta en todo el departamento, es Argelia, un municipio pobre al sur del departamento, la clave de la disputa entre actores armados ilegales y entre ellos y el Estado: allá queda El Plateado, la puerta de entrada al cañón del Micay. Según autoridades, en Argelia se concentran 200 delincuentes de la ‘Segunda Marquetalia’ (la otra disidencia, la de ‘Iván Márquez) y unos 700 de la ‘Carlos Patiño’, que le responde a ‘Mordisco’. El municipio tiene en total 26.000 habitantes que viven literalmente bajo el imperio de las disidencias.

En todo el Cauca hay once facciones armadas ilegales presentes en la mayoría de municipios, incluidos varios frentes del Eln y al menos un grupo del ‘clan del Golfo’. “Estas 11 estructuras al margen de la ley violan de manera flagrante no solamente los derechos humanos, sino también el derecho internacional humanitario”, dice el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. La ‘Patiño’, la ‘Dagoberto Ramos’ y la ‘Jaime Martínez’ son las estructuras más grandes y responsables de la mayor parte de ataques contra civiles y Fuerza Pública en la región.

Esta semana, el presidente Gustavo Petro anunció el envío de refuerzos al Cauca: 500 soldados y 200 policías de las Fuerzas Especiales reforzarán la seguridad. Es un gran avance, pero aún insuficiente frente a la magnitud de la amenaza, señalan expertos y autoridades. De allí que la exigencia unívoca de los gobernadores del Cauca y del Valle y del mismo alcalde de Cali, Alejandro Eder, sea incrementar el pie de fuerza y las operaciones en toda la región, incluida la selva del Pacífico. “O recogemos a la Fuerza Pública para que no sea carne de cañón en el territorio o ampliamos el pie de fuerza, porque definidamente los estamos exponiendo. Si no nos unimos todos a reclamar al Gobierno más capacidades, vamos a continuar llorando a nuestros niños y niñas, a nuestra población civil y también a nuestra Fuerza Pública”, dijo esta semana el gobernador Guzmán. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió también más operaciones de la Fuerza Aérea para apoyar a las tropas en tierra.
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Golpeada desde los 60 por la violencia de las Farc, el Cauca solo vivió un breve interregno de tranquilidad entre 2016 y 2018 por la firma de la paz. Pero el Estado no cumplió la tarea: no solo no copó los antiguos espacios de la guerrilla sino que no se ocupó de frenar a tiempo el crecimiento de los grupos atomizados que o no se avinieron a la negociación o la traicionaron.

Tan solo entre 2022 y 2023, dice la Defensoría del Pueblo, las disidencias pasaron de tener presencia e injerencia en 230 municipios del país a 299. Según un reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, el grupo de ‘Mordisco’ ha crecido de manera exponencial y hoy cuenta con cinco bloques que delinquen en 147 municipios. De unos mil hombres y redes de apoyo dispersos se pasó a una fuerza articulada que hoy tiene cerca de 3.000 integrantes. Y ese poder criminal se siente prácticamente en todo el Cauca.

A esto se suma la legitimidad política que terminó dándoles el Gobierno como efecto de la ‘paz total’. A pesar de las voces de los líderes de la negociación por la istración Santos –Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo–, que advirtieron que se trataba de un error monumental darle identidad a una organización armada ilegal que negaba los avances hechos en materia de reconciliación en Colombia, el Ejecutivo se mantiene firme en su idea de que tanto la banda de ‘Mordisco’ como la de ‘Márquez’ son organizaciones políticas con las que hay que negociar y no solo buscar sometimiento judicial.
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De hecho, el año pasado el excomisionado de Paz Danilo Rueda exaltaba a ‘Mordisco’, hoy uno de los principales enemigos públicos del país, por “sus compromisos con la vida” y “el respeto a la vida de seres humanos y de los bosques”. Por todo eso, especialmente en los escenarios internacionales, es difícil entender que desde la perspectiva del Gobierno las Farc estén hoy atacando al país cuando las Farc no existen como grupo armado ilegal desde la firma de la paz en el 2016.

De los 15 enclaves de coca que hay en Colombia y que diversos actores ilegales se pelean a sangre y fuego, uno de los más grandes está en el departamento del Cauca: Argelia-El Tambo (10.099 hectáreas) y otro que viene en un crecimiento y se mete en el Valle: Timba-Jamundí-Buenos Aires (1.436 hectáreas).

Es el botín que ‘Mordisco’ quiere bajo su control. Lo dijo el propio presidente Petro hace dos meses, cuando decretó el fin del cese del fuego: “Y entonces, ahora está matando dirigentes campesinos, ahora está asesinando al pueblo y habla de revolución, qué revolución ni qué carajos… Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad, ‘Mordisco’ es un traqueto vestido de revolucionario”.

“El Cauca es parte de un corredor estratégico de movilidad de armas y droga, que comunica a los departamentos del Cauca, Tolima y Valle”, dice en un análisis Fernanda Espinosa Moreno, historiadora y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional. “La geografía del corredor desplegada en el departamento cubre territorios estratégicos”, explica ella, que “no se limitan al dominio de la carretera Panamericana y las salidas al mar”.

“El Cauca fue desde finales de los años 90 del siglo pasado el laboratorio principal de la guerra en Colombia. Allí las Farc desarrollaron su metodología de guerra en el marco del llamado ‘plan Caquetania’, que tenía el propósito de conquistar el occidente del país. Entre tanto, los paramilitares iniciaron el proceso de colonización del Pacífico con el bloque Calima, y el Eln, por su parte, comenzó en la parte del centro y del sur su estrategia de secuestros masivos, como el de la iglesia La María”, dice el senador Ariel Ávila (partido ‘verde’).
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Una situación que se agravó con la pandemia. “Es el departamento que hoy concentra el mayor sufrimiento humano en las comunidades”, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac. “El que mayor tiempo ha estado sometido a la violencia, incluso muy por encima de Arauca”. Es una realidad agobiante que no entienden la mayoría de los colombianos: “Cuando se firmó la paz, allí la gente me contaba que por primera en sus vidas habían logrado salir a las ocho o a las nueve de la noche a mirar estrellas, después de tantos años de control armado”, dice Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group para Colombia.

El propósito de ‘Mordisco’ y de otros jefes criminales, no es solo tener el dominio regional del narcotráfico sino consolidar una plataforma internacional para su negocio. Los embarques salen por el mar hacia el norte del continente. Los manglares del Pacífico son el punto de partida de semisumergibles cargados de coca.

De ahí que la guerra de ‘Mordisco’ no sea solo contra el Estado sino contra otros capos que tienen aquí un largo historial.

“El Cauca ha estado fregado hace mucho tiempo”, dice Kyle Johnson, de la Fundación Conflict Responses. Aquí ha estado presente el conflicto de los últimos 60 años. El norte del departamento, por ejemplo, ha sido disputado por todos los grupos. Desde las Farc de los años 80, pasando por el M-19, las Auc, el Epl, Prt, Quintín Lame, el Eln, entre otros. ¿Por qué? “Tiene mucho que ver con su topografía, con la presencia diferencial del Estado, las economías ilícitas, la desigualdad”, dice.
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El senador Ávila anota, además, que por si fuera poco a las jugosas ganancias que dan la coca, la marihuana y la amapola, hay un fenómeno reciente que es el de la minería ilegal. Porque si las espléndidas capas verdes que cubren estas tierras son propicias para los cultivos ilícitos, en sus entrañas las reservas de oro, platino y plata son grandes. Esa economía informal o incluso ilegal suple en algo la falta de empleo crónica en un departamento con poco desarrollo industrial y escasas fuentes de trabajo formal.

“Además, hay una conflictividad social muy fuerte por el tema de la tierra. Este departamento es distinto a los demás porque hay un movimiento indígena estructurado, robusto; otro campesino también y uno más que es el movimiento negro. En la búsqueda de sus propios intereses terminan entrando en disputas”, argumenta el senador Ávila. “Hay gente que ha dicho que hay que dividir el Cauca en dos: entre una parte indígena y una parte blanca”, se lamenta el congresista.

Durante buena parte de la historia, Colombia ha mirado con desdén el drama caucano. Es una indiferencia que no solo no tiene en cuanta las miles de vidas que se han perdido o las que siguen en medio de la zozobra sino que desconoce que es un departamento vital para el país: “Si el Cauca no es seguro, no hay transporte por carretera al sur del continente a Perú y Ecuador, y de Perú y Ecuador a Colombia”, dice el analista Jorge Restrepo. Es decir, se cierra una de las puertas más importantes de la economía nacional.
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¿Qué hacer? “Se trata no solo que el Estado llegue a todo el departamento sino tener mejor calidad de Estado”, dice el investigador Kyle Johnson. La senadora indígena Aída Quilqué dice, por su lado, que se debe seguir buscando la paz, pero no como hasta ahora: “El problema es que mientras las disidencias se sentaban en la mesa y decían una cosa allá, acá la guerra no paraba, tampoco el reclutamiento y seguían los asesinatos y las extorsiones”.

Armando Borrero, sociólogo y quien fuera consejero presidencial para la Seguridad Nacional, dice en el artículo ‘El calvario del Cauca’, publicado en Razón Pública, que se trata de lanzar una ofensiva del Estado en todos los frentes para enderezar el camino. “El Cauca está inmerso en ese universo y el Estado colombiano, con sus políticas nebulosas e improvisadas, ahonda la desintegración social y política que allí se vive”, dice.

Y advierte: “De ‘mordisco’ en ‘mordisco’, el Cauca puede acabar como presa de las disputas entre grupos delincuenciales, con un costo social inimaginable”.