Financiación irregular de campañas, un fantasma de cada cuatro años: ¿cómo frenarlo?

El escándalo generado por los audios de Armando Benedetti en los que amenaza con hablar de los 15 mil millones de pesos que, según él, consiguió para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 tiene ya sus capítulos en Fiscalía, Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

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En los audios publicados por la revista Semana, el exembajador en Venezuela Armando Benedetti dio a entender que se habían recibido dineros de forma irregular en la Costa y que la suma ascendía a 15.000 millones de pesos. Más allá de lo dicho por el que fue uno de los arquitectos de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia, por el momento no se conocen elementos probatorios en esa línea. Sin embargo, los señalamientos fueron motor de investigaciones en múltiples instancias.

Además, esta no fue la primera vez que la campaña de Gustavo Petro estuvo señalada de presuntos dineros irregulares. Meses antes, Days Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, denunció que el hijo del presidente recibió dineros de Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Marlboro y condenado por narcotráfico, y Alfonso ‘Turco’ Hilsaca –polémico contratista. Supuestamente esos dineros iban para la campaña petrista, pero el diputado atlanticense se habría quedado con dichos dineros.

Además, al Consejo Nacional Electoral (CNE) llegaron denuncias anónimas de presunta financiación irregular. Supuestamente, de acuerdo con el testimonio allegado al tribunal electoral, se recibieron dineros en efectivo que no habrían sido reportados en las cuentas oficiales.

Todos esos señalamientos han sido negados por Petro y sus alfiles, especialmente por su exgerente de camapaña, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol), quien dice estar seguro de la transparencia de las cuentas entregadas al CNE.

"Benedetti nunca gestionó recursos", aseguró Roa. Y afirmó que el control de qué plata ingresaba a la campaña y de los gastos se centralizó en Bogotá.

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Estas tres situaciones muestran una situación recurrente y es que en los últimos 30 años, una buena parte de los presidentes en ejercicio han tenido que hacer frente a señalamientos de entrada irregular de dineros a sus campañas. El primero en el listado fue Ernesto Samper, que tuvo que hacer frente al proceso 8.000.

La justicia encontró que el Cartel de Cali dio plata para la campaña del candidato liberal en 1994. En medio de la peor crisis de gobernabilidad en la historia reciente del país, Samper se  mantuvo en la versión de que fue “a sus espaldas”, pero varios cercanos suyos fueron condenados. El principal, su exgerente de campaña y luego designado ministro de Defensa, Fernando Botero Zea. 

En la campaña del 2014, la multinacional brasileña Odebrecht, que movió platas de corrupción en más de 20 países a cambio de contratos, se acercó a las dos campañas más opcionadas: la de Juan Manuel Santos, que finalmente logró la reelección, y la del candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, quien acaba de ser imputado penalmente por la Fiscalía porque Odebrecht le habría dado 1,6 millones de dólares. 

En el caso de Juan Manuel Santos, la Procuraduría inhabilitó y suspendió en mayo a Roberto Prieto, gerente de campaña, por falsedad en documento privado puesto que habría mentido en el informe de ingresos y gastos. "En el informe de ingresos y gastos por él suscrito el 25 de junio de 2014, pues, al parecer, se consignó en dicho informe que, no se habían recibido contribuciones o donaciones de particulares, ni ayudas en especie valoradas a su precio comercial", dice el fallo en contra de Prieto, haciendo referencia a la plata de la multinacional. 

(Vea: Presidente de Ecopetrol habló sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro)

En el caso de Óscar Iván Zuluaga, la Fiscalía anunció que le imputaría cargos a él y a su hijo David, que fue gerente de campaña, porque no solo habrían estado de acuerdo con el aporte ilegal de Odebrecht porque habrían mentido a la autoridad electoral para ocultarlo. La plata fue al pago de los servicios de asesoría del publicista 'Duda' Mendoza.

En el gobierno de Iván Duque estalló lo que se conoció la Ñeñepolítica. Este fue por la revelación de unos audios en los que un ganadero mencionado en casos de narcotráfico, José Ñeñe Hernández, hablaba de la supuesta entrada de recursos de forma irregular a la campaña presidencial de Duque. La Comisión de Acusaciones cerró el caso contra el ahora expresidente. 

Teniendo en cuenta el caso de Gustavo Petro y los audios de Armando Benedetti, son cuatro de seis últimas presidencias en las que ha habido polémicas por casos de presunta financiación irregular en las campañas. Al ser un fantasma que aparece cada cuatro años, la pregunta es: ¿cómo frenar este fenómeno que siembra de dudas la legitimidad de los presidentes salpicados?

De acuerdo con el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa, el tema no paso tanto por la ley, porque hay “reglas estrictas de financiación”: “Hay un tema de financiación anticipada y hay una auditoría externa que debe contratar el CNE de forma previa”.

El tema pasa más por la falta de capacidades que tiene el Consejo N para hacer un control en tiempo real de los dineros que maneja cada campaña.

Para Novoa, es necesario que “más autoridades de control electoral estén presentes en las distintas zonas del país y que haya acuerdos con la UIAF y la Fiscalía para hacer una mejor vigilancia de los recursos.

“Hay que ir pensando en campañas más cortas, financiación estatal completa, regulación estricta de propaganda y una tabla de costos previa”, dijo el exmagistrado, que también cuestionó al CNE en cuanto a su forma de fijar los topes de gastos en campaña: “es muy laxo el CNE sobre el costo máximo, hacen los cálculos es a mano alzada y sin ningún rigor”.

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“Debe haber reglas claras de financiación y unas autoridades neutrales para poder intervenir en tiempo real para atacar y tomar medidas cautelares cuando hay evidencia de que se está violando la ley electoral, expresó Novoa, que señaló que es una tarea pendiente del Congreso darle dientes al CNE.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) también habló del tema: “Tenemos un problema gravísimo y es la capacidad de control de la financiación. El problema viene desde la forma como contemplamos el CNE. La lógica es que las campañas reportan. Eso depende de un contador que puede hacer que las cuentas cuadren”.

Para Barrios, se debe hacer una reforma que permita que el tribunal electoral esté pendiente de los recursos de las campañas desde un año antes. También señaló que las campañas debería reportar en tiempo real, al menos cada semana, para hacer un seguimiento más detallado.

En ese tema también habló de una posibilidad de que la DIAN pueda cruzar datos con el CNE de lo que reporten las campañas: “Aparecen donantes cuando se va a buscar lo que donó es muy por encima de sus posibilidad. Hay que comprobar los recursos que tienen”.

En una senda parecida expresó que el tema de los recursos en efectivo sigue siendo problemáticos, pero se está haciendo la tarea de bancarizar las campañas para superar esta situación. En este mismo sentido habló de la financiación 100 por ciento estatal como una forma de luchar contra esta situación.

“Buscar financiación de privados abre la puerta a irregularidades. En cambio la financiación estatal se sabe cuánta plata da el Estado y tiene que exactamente meter lo que se gasta y lo que se vea raro será más fácil detectarlo”, dijo Barrios.

La cabeza de la MOE hizo la salvedad de que siempre existirá el riesgo de recursos irregulares ante “los dineros en efectivo del territorio o de arquitecturas de recursos que se mueven en la banca internacional”. Barrios señaló que muchas veces solo se sabe porque alguien habla y desenmascara la situación irregular. Es por eso que lo mejor que se puede hacer es aumentar la vigilancia.