La denuncia de un supuesto intento de presidente Gustavo Petro por debilitar la Registraduría y dificultar así las elecciones del 2026, tesis planteada por el exjefe del M-19 y excongresista Carlos Alonso Lucio, generó debate.
En entrevista con la periodista María Isabel Rueda en EL TIEMPO, Lucio -quien es reconocido crítico del presidente Petro-, aseguró que el mandatario buscaría “atornillarse” en el poder y que una de las rutas sería menguar las capacidades del ente que organiza el proceso electoral en Colombia.
“Petro empezó, por ejemplo, a advertir que va a recortar el presupuesto de la Registraduría. ¿Dice uno, y ante la crisis fiscal que él provocó, por qué no comienza por cerrar el monstruo del Ministerio de Igualdad, que ya la Corte Constitucional dijo que había que cerrar, y dio, inexplicablemente, dos años para ello? ¿Por qué en cambio empieza por afectar los organismos de control y la Registraduría?”, cuestionó Lucio.
"La única forma de que esto termine, si termina bien, es con que haya elecciones en el 2026, que es lo que yo creo que está en riesgo. Porque entre los proyectos de generación de crisis de Gustavo Petro está el poner en peligro y hasta hacer colapsar el sistema electoral", afirmó.
La tesis de Lucio es que un eventual recorte del presupuesto de la Registraduría, sumado a los cuestionamientos públicos que el Jefe de Estado ha hecho sobre la confiabilidad del sistema electoral (aseguró que el del régimen en Venezuela era más transparente), apuntarían a poner en entredicho la realización de las elecciones en 2026.
El senador David Luna, de Cambio Radical, asegura que lo que parece existir es un intento del Gobierno por controlar la Registraduría. "La Organización Electoral es independiente. No puede depender de ningún Presidente. Esa Organización contó los votos y declaró la elección de Petro como representante, senador, alcalde y Presidente. Hoy la critica, como lo ha hecho ya en varias ocasiones, porque la quiere controlar", dijo Luna. Agregó que "eso fue lo que se intentó hacer con la fallida intervención de la SIC" en medio de un proceso contra Thomas Greg.
Desde la Registraduría advirtieron que el impacto del recorte presupuestal decretado por el Gobierno no está aún determinado, y desde el Ministerio de Hacienda explicaron que los alcances definitivos de la tijera los terminará decidiendo cada institución.
Así, no necesariamente un recorte afectarían los planes del área electoral, pues la Registraduría tiene otros campos claves como la identificación de los colombianos. Y en todo caso, los planes de acción relacionados con las elecciones de 2026 (las de Congreso, en marzo, y la posible doble vuelta presidencial en mayo-junio) apenas están empezando a esbozarse.
Expertos en el tema electoral que hablaron con este diario indicaron que no conocen de ninguna acción concreta desde el Gobierno que pudiese poner en riesgo el proceso electoral.
“En toda mi experiencia de 8 años de la Registraduría y cuatro años del CNE las debilidades son superables, pero las elecciones se organizan con plata”, indicó el exregistrador Carlos Ariel Sánchez, que apuntó que los procesos electorales son costosos y que la Registraduría hizo varios avances en tiempos de ‘vacas gordas’. También consideró que es necesario tener en cuenta “las circunstancias objetivas de la economía del país”.
En la misma vía, el exregistrador Juan Carlos Galindo indicó que la Registraduría "es una entidad que tiene autonomía jurídica y presupuestal", pero que claramente "depende de que Hacienda gire los recursos para funcionar". "Si no se hace oportunamente se podría poner en riesgo funcionamiento de la entidad”, indicó Galindo, pero al mismo tiempo advirtió que no hay ningún elemento que hiciese pensar que desde el Gobierno se busque entorpecer las operaciones.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), consideró que la denuncia de Carlos Alonso Lucio corresponde a “una opinión muy personal" sobre "lo que cree que podía pasar”, pero coincidió con otras fuentes consultadas en cuanto a que no se advierte, al menos de momento, riesgo para las justas electorales del 2026.
Igualmente indicó que los procesos electorales son costosos por lo que hay que saber por dónde sería el recorte. “. Que no haya afectación de términos de seguridad y que no retrocedamos. Que no se retroceda en la decisión de abrir a más puestos de votación”, indicó.
A esto agregó que se debe recordar que cualquier proceso electoral, sin importar el gobierno de turno, depende de varias instituciones, no solo la Registraduría. Por lo que más allá del trabajo del ente que organiza el proceso, debe garantizarse que órganos de control, Fuerza Pública y en general el Estado en pleno estén en la misma sintonía.
REDACCIÓN POLÍTICA