El reto que supone para el Gobierno adelantar tres procesos de paz simultáneos

Con el inicio de una fase de diálogo con la ‘Segunda Marquetalia’, grupo desertor del acuerdo de paz de 2016 que es comandado por alias Iván Márquez, el Gobierno emprende su tercer proceso de paz simultáneo. Este proceso se suma a las mesas de negociación que lidera la oficina del alto comisionado, Otty Patiño, con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y con el autodenominado ‘Estado Mayor Central’ (Emc), disidencia de las extintas Farc.

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Si bien no es nuevo que los gobiernos busquen una salida negociada a los conflictos con más de un grupo al tiempo –durante la istración Santos hubo mesas simultáneas con las Farc y el Eln–, la pregunta que queda en el aire es si la oficina de paz tiene la capacidad de negociar con la guerrilla activa más antigua del continente y al mismo tiempo con dos grupos que tienen una génesis similar (el Emc y la ‘Segunda Marquetalia’ nacieron tras la renuncia al acuerdo de paz de 2016, el primero antes de la firma y el segundo después), pero que se oponen entre sí.

Hasta hoy, el proceso con Eln es el más consolidado y el que más ha avanzado de cara a la consecución de acuerdos definitivos; sin embargo, no ha estado exento de tropiezos. El cese del fuego que la guerrilla desmintió y el rapto de Luis Manuel Díaz han marcado un proceso que en abril arrancará su séptimo ciclo y que tiene en la extensión de la tregua de 180 días –que incluye el cese del secuestro por parte de ese grupo de manera temporal– y en el pacto para la participación de la sociedad civil sus dos grandes hitos.

En la otra orilla, en la de las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’, aunque hay una mesa y un compromiso de no secuestrar, todavía no hay una agenda definida y el mecanismo para verificar el cese del fuego sigue sin estar completamente instalado.

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Más complejo es el escenario con el grupo de desertores que lidera ‘Iván Márquez’, pues existen obstáculos sobre los cuales no hay claridad. Como lo indica la base jurídica de la JEP, es decir, la Ley 1957 de 2019, aquellos que firmaron los compromisos de La Habana y luego abandonaron el proceso no podrán recibir ningún beneficio del acuerdo. Pero la tesis bajo la cual sustenta el Gobierno el inicio de esta negociación es que en el acuerdo no existe limitación para que los desertores ingresen a nuevos procesos, algo que no es del todo claro, según varios analistas.

Pero más allá de este debate jurídico, el Gobierno, y particularmente la Oficina del Comisionado para la Paz, tendrá que enfrentarse al reto de dialogar con dos grupos que se autorreconocen a sí mismos como únicos herederos de las Farc y que hoy se enfrentan, por ejemplo, por el control territorial en municipios del norte del Cauca.

“Existe un tema muy fuerte de simbolismo de lo que para las disidencias implica ser disidente, porque cuando uno escucha hablar a los mandos del ‘Estado Mayor’ o de la ‘Segunda Marquetalia’, ellos niegan ese estatus y dicen que los disidentes son los que abandonaron el proyecto revolucionario y firmaron el acuerdo, y eso seguramente será un tema que se llevará a las mesas”, explica el experto en temas de paz y profesor de Ciencias Políticas de la Javeriana Andrés Ortega.

Para Andrés Cajiao, coordinador de la Unidad de Monitoreo de la Fundación Ideas para la Paz, hay otro elemento que debe ser analizado: cómo los acuerdos alcanzados en una mesa pueden repercutir en otra.

“Plantear tres procesos de negociación al tiempo es muy complejo, sea el gobierno que sea. ¿Por qué? Porque aquí estamos jugando con los intereses de tres actores distintos, que en ocasiones conviven en las mismas regiones y hay que entender que lo que pase en una mesa de negociación va a tener influencia en las demás negociaciones: si se le da una concesión a un actor, el otro lo querrá”, manifestó, y agregó que hay que considerar puntos o acuerdos que se pactarán con un grupo y que no serán bien vistos por el otro.

Ambos analistas coinciden en que un aspecto por resaltar es el aumento en la planta de la oficina de paz del Gobierno y en el cambio de rumbo que hubo tras la salida de Danilo Rueda. “El excomisionado quería adobar todo, no delegaba, hoy las cosas parecen diferentes. Uno esperaría que la Oficina del Alto Comisionado se prepare metodológica y técnicamente para abordar los tres procesos”, agregó Ortega.

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Para los analistas, el tener tres procesos de negociación simultáneos abre la puerta para que se pueda empezar a hablar de un cese del fuego multilateral. Este tema ha sido mencionado en varias ocasiones por los negociadores del Gobierno, sin embargo, en la práctica no parece una opción sencilla.

Uno de los primeros escollos que aparecen son las alianzas que ya existen entre algunos de estos grupos para sacar a otros de un territorio específico y ejercer control. Es el caso que denunció la Defensoría del Pueblo en septiembre del año pasado, cuando habló de combates del Eln y de la ‘Segunda Marquetalia’ contra el frente ‘Dagoberto Ramos’ del ‘Estado Mayor Central’.

A esto se le suma la alianza entre la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, una de las principales estructuras del grupo de ‘Iván Márquez’, con el Frente Comunero del Eln en el departamento del Nariño. Es decir, este escenario pondrá a prueba uno de los grandes interrogantes de estos procesos: la unidad de mando de cada una de estas estructuras armadas.

“En el caso del Eln, por ejemplo, hay algunas estructuras que simple y llanamente se reservan el derecho a aplicar o no aplicar las decisiones de las instancias superiores, porque, dicen ellos, viven una realidad distinta. Es lo que ha ocurrido por ejemplo en el departamento del Chocó”, le explicó a EL TIEMPO Carlos Velandia, excomandante del Eln y ahora promotor de paz.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA