Los obstáculos que se advierten en proceso de paz con la 'Segunda Marquetalia'

El Gobierno y ‘Segunda Marquetalia’, grupo armado bajo el mando de alias Iván Márquez, anunciaron el viernes el inicio formal de “un proceso de diálogos sociopolíticos”, en el cual se prevé un debate jurídico en torno al estatus de la negociación y al camino que tomará esta istración para su sometimiento.

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Esta segunda oportunidad que se le da al grupo de desertores de los compromisos pactados con las extintas Farc, algunos de ellos expulsados por la JEP de la justicia transicional, fue anunciada en un comunicado conjunto de 11 puntos en los que se hace énfasis en la necesidad de tener un proceso “ordenado, ágil, riguroso y respetuoso”.

“(Se pactó) desarrollar de manera inmediata acuerdos previos para el desescalamiento del conflicto y puesta en marcha de transformaciones para la construcción social del territorio, definición de agenda y protocolos”, dicen las partes en un comunicado.

Dicho comunicado deja entrever que el proceso tendrá carácter político, y no la naturaleza jurídica que aplica, a partir de lo establecido en la ley ‘paz total’ (Ley 2272), con los grupos que carecen de estatus de grupo rebelde.

Cabe recordar que ‘Segunda Marquetalia’ nació en 2019, cuando un grupo de excombatientes de las Farc, liderados por ‘Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’ y el ‘Paisa’ abandonaron el proceso y volvieron a las armas, lo que causó su expulsión de la justicia transicional. Hoy cuenta con unos 1.751 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo.

Es justamente en este último aspecto en el que se concentran gran parte de las dudas ante una eventual mesa, pues, como lo indica la base jurídica de la JEP, es decir, la Ley 1957 de 2019, aquellos que firmaron los compromisos de La Habana y luego abandonaron el proceso no podrán recibir ningún beneficio del acuerdo.

Pero la tesis bajo la cual sustenta el Gobierno el inicio de esta negociación, y que el ex alto comisionado de paz, Danilo Rueda, planteó, en entrevista con EL TIEMPO, antes de su salida, es que en el acuerdo no existe limitación para que los desertores ingresen a nuevos procesos.

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A esto hay que sumarle que desde la Oficina de Paz se espera que las conclusiones de la experta de la ONU nombrada para verificar los supuestos obstáculos al acuerdo con las Farc les dé la razón a quienes consideran que ‘Santrich’ sufrió un “entrampamiento” y que eso fue lo que originó el nacimiento de ese grupo.

Pero más allá de los argumentos que pueda exponer el Gobierno, lo cierto es que de ser así, se iría en contravía de las propias afirmaciones de esta istración. En febrero del año pasado, en un concepto enviado por Presidencia, firmado por el entonces secretario jurídico, Vladimir Fernández, a la Corte Constitucional –en el marco de una serie de demandas en contra de la ley–, aclararon que los desertores (puntualmente ‘Segunda Marquetalia’) solo podrían acogerse a un acuerdo mediante un proceso de sometimiento.

“Estas personas no podrían acudir a la JEP, ni tramitarían sus beneficios en el marco de un acuerdo de paz, sino en el escenario del sometimiento a la justicia (...) Dicho de otra forma, su proceso no va por medio de diálogos, sino de acercamientos y sometimiento a la justicia”, se lee en el documento.

Al respecto, EL TIEMPO consultó con del equipo jurídico que hicieron parte de la mesa en La Habana.

“El Gobierno y el presidente sí tienen un amplio poder para iniciar procesos de conversación, no hay ninguna prohibición en esa materia y así lo dejó claro la Corte en su más reciente fallo sobre la ‘paz total’. El problema que hay es respecto a los desertores. Recordemos que hay una provisión en el artículo 66 transitorio del acto legislativo 01 del 2012 que dice que no se podrán otorgar instrumentos de justicia transicional a personas que hayan sido reincidentes”, dijo un exasesor del proceso que pidió reserva de su nombre.

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Una visión diferente tiene Andrés Cajiao, coordinador de la Unidad de Monitoreo de Ideas para la Paz. “El Gobierno parte del concepto de que esta disidencia es producto de un incumplimiento de la implementación del acuerdo”, señaló.

Agregó que el argumento del Gobierno no es del todo realista porque “aquí hay unos obstáculos jurídicos complejos debido a que el acuerdo de paz tiene unos cerrojos y eso tiene un marco de constitucionalidad que no permite que los actores que fueron firmantes, lo incumplieron y ahora están bajo justicia ordinaria puedan entrar a nuevos procesos o al menos a la justicia transicional”.

“Se tendrá que revisar cómo se resuelve la situación jurídica, del lado del Gobierno creo que todavía falta detalles de técnica y de procedimiento del proceso, que son temas que implican siempre unos debates en torno a cuánta paz o cuánta justicia estamos dispuesto a sacrificar y de si estos nuevos procesos realmente traen paz”, opinó por su parte el profesor de Ciencias Políticas Andrés Ortega.

Igual de complejo sería el proceso si el Gobierno opta por el segundo escenario –instalar un espacio de conversación sociojurídico–, pues en la sentencia de la Corte que le puso límites a la ‘paz total’ se declaró inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia. Esa definición, advierte la Corte, la debe hacer el Congreso a través de una ley, la cual ni siquiera ha sido radicada.

Con este anuncio, el Gobierno sumaría su tercera mesa de negociación simultánea, algo que para los analistas de paz, no es un escenario sencillo. “Plantear tres procesos de negociación es muy complejo, sea el Gobierno que sea. Se juegan con los intereses de tres actores y todo lo que pase en una mesa va a tener incidencia en la otra, sobre todo si hay incentivos”, concluyó Cajiao.

Horas después de la solicitud del Gobierno y de la ‘Segunda Marquetalia’ para que Cuba (además de Venezuela y Noruega) acompañe el proceso de paz, el canciller de ese país, Bruno Rodríguez, respondió: “Aceptamos la invitación realizada por el Gobierno de Colombia y la organización armada rebelde Segunda Marquetalia a acompañar el proceso de diálogo de paz que se inicia entre esas contrapartes. Cuba ratifica su firme posición a favor de la paz en Colombia”, escribió en su cuenta de X.

REDACCIÓN POLÍTICA