En medio de dudas jurídicas, se inicia proceso de paz con ‘Iván Márquez’

El gobierno de Gustavo Petro anunció el inicio de los diálogos con la ‘Segunda Marquetalia’, grupo armado conformado por desertores del acuerdo de paz con las extintas Farc y que opera bajo el mando de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. En total, son 11 puntos en los que se hace énfasis en la necesidad de tener un proceso “ordenado, ágil, riguroso y respetuoso”.

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La noticia fue confirmada por la oficina del alto comisionado de Paz que hoy encabeza Otty Patiño, y ratifica la decisión de Danilo Rueda, quien en octubre del año pasado, en entrevista con EL TIEMPO, reveló que se había reunido con ‘Márquez’ y que había una propuesta de preagenda de diálogo.

“(Se pactó) desarrollar de manera inmediata acuerdos previos para el desescalamiento del conflicto y puesta en marcha de transformaciones para la construcción social y ambiental del territorio, definición de agenda y protocolos de negociación”, dicen las partes en un comunicado conjunto que cuenta, además, con la firma de Carlos Martínez Mendoza, embajador de Venezuela en Colombia.

Pero más allá del anuncio, los analistas prevén el inicio de una discusión jurídica en torno no solo al estatus de la negociación y del propio grupo, sino al camino que tomará el Gobierno para su sometimiento, que hoy no es claro. Cabe recordar que la ‘Segunda Marquetalia’ nació en 2019 cuando un grupo de excombatientes de las Farc, liderados por ‘Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’ y ‘el Paisa’ abandonaron el proceso y se rearmaron.

La base jurídica de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Ley 1957 de 2019, indica que aquellas personas que se sometieron a ese mecanismo de justicia y posteriormente desertaron (también aplica para quienes no reparen a sus víctimas) no podrán recibir ningún beneficio producto del acuerdo y su implementación.

La tesis bajo la cual sustenta el Gobierno el inicio de esta negociación, y que el mismo Danilo Rueda planteó antes de su salida, es que en el acuerdo firmado no existe ninguna limitación para los desertores en lo que tiene que ver con adelantar nuevos procesos de negociación.

Además, desde la oficina de Paz se espera que las conclusiones de la experta de la ONU nombrada para verificar los supuestos obstáculos al acuerdo con las Farc les de la razón a los funcionarios que consideran que ‘Santrich’ sufrió un “entrampamiento” y que eso fue lo que originó el nacimiento de ese grupo.

“El Gobierno parte del concepto de que esta disidencia es producto de un incumplimiento de la implementación del acuerdo”, señaló, y agregó que eso no es del todo realista porque “aquí hay unos obstáculos jurídicos complejos debido a que el acuerdo de paz tiene unos cerrojos y eso tiene un marco de constitucionalidad que no permite que los actores que fueron firmantes, lo incumplieron, y ahora están bajo justicia ordinaria, pueden entrar a nuevos procesos o al menos a la justicia transicional”, señaló Andrés Cajiao, coordinador de la Unidad de Monitoreo de Ideas para la Paz.

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Para Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre y exmagistrado auxiliar de la JEP, considera que es una situación que tiene varias aristas y sobre la cual es muy pronto para tener una conclusión. Sin embargo, plantea varios escenarios que podría buscar el Gobierno para sacar adelante el proceso.

“Está la postura que se basa en que sí se puede dar una negociación, pero sin los alcances de un modelo transicional. También se puede pensar en un modelo propio para la ‘Segunda Marquetalia’ o permitir el ingreso de sus al sistema de la JEP, lo que implicaría una serie de cambios en el marco legal”, opinó.

Pero el panorama de la negociación es aún más complejo si se tiene en cuenta que el Gobierno anunció el inicio de “diálogos sociopolíticos” y no la instalación de un espacio sociojurídico, como se supone hace la oficina del alto comisionado para la Paz, a partir de lo establecido en la ley ‘paz total’ (Ley 2272), con los grupos que carecen de estatus político; lo que va en contravía por lo dicho por esta misma istración.

Hay que recordar que en febrero del año pasado, en un concepto enviado por Presidencia a la Corte Constitucional –en el marco de una serie de demandas en contra de la ley–, aclararon que los desertores (refiriéndose puntualmente a la ‘Segunda Marquetalia’) solo podrían acogerse a un acuerdo mediante un proceso de sometimiento a la justicia y no por medio de una negociación con fines políticos.

“Estas personas no podrían acudir a la JEP, ni tramitarían sus beneficios en el marco de un acuerdo de paz, sino en el escenario del sometimiento a la justicia (...) Dicho de otra forma, su proceso no va por medio de diálogos, sino de acercamientos y sometimiento a la justicia”, se lee en el documento firmado por el entonces secretario jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández.

Igual de complejo sería el proceso si el Gobierno opta por el segundo escenario, pues en la sentencia de la Corte que le puso límites a la ‘paz total’ se declaró inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia. Esa definición, advierte la Corte, la debe hacer el Congreso a través de una ley, la cual ni siquiera ha sido radicada.

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Además del inicio formal de las negociaciones, que aún no tiene fecha definida, en el comunicado se anuncia el desarrollo de acuerdos que permitan el desescalamiento del conflicto y el interés por impulsar la conformación de zonas fronterizas de paz, temas sobre los cuales no hubo mayor detalle.

También se mencionan los diálogos regionales, la creación de protocolos para una futura mesa y la solicitud que les hicieron a los gobiernos de Cuba, Noruega y Venezuela, a la ONU y a la Iglesia para que acompañen el proceso. “Aceptamos la invitación realizada por Colombia y la organización armada ‘Segunda Marquetalia’ a acompañar el proceso de diálogo de paz”, señaló Bruno Rodríguez, canciller de Cuba.

Con este anuncio, el Gobierno sumaría su tercera mesa de negociación simultánea, algo que, para los analistas de paz, no será un escenario sencillo. “Plantear tres procesos de negociación es muy complejo, sea el Gobierno que sea. Se juegan con los intereses de tres actores y todo lo que pase en una mesa va a tener incidencia en la otra, sobre todo si hay incentivos”, concluyó Cajiao.

REDACCIÓN POLÍTICA