Crece la expectativa por definición de ‘zona de ubicación’ en la que se concretaría el frente 33 en el Catatumbo

A medianoche del pasado domingo venció el decreto que suspendía las operaciones militares y policiales contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo -estructura que, a su vez, hace parte de las disidencias de Calarcá-, sin que el Gobierno haya anunciado si renovará la medida ni cuándo se instalará la zona de ubicación temporal acordada para el preagrupamiento de esa estructura armada ilegal.

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El silencio, frente a un tema que en teoría es prioridad para el Gobierno, genera varias dudas. No hay que olvidar que el ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que si los integrantes del frente 33 no se concentraban en la zona acordada antes del 18 de mayo “se acaba la mesa de negociación”.

Por ahora, solo Otty Patiño, consejero comisionado de Paz, ofreció algunas pistas sobre la posible prórroga del decreto y el futuro inmediato de las negociaciones con este frente, parte del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte.

“Estamos trabajando en ese nuevo decreto. No es un ultimátum, hay que mirar cómo va marchando eso, pensando en la protección de las comunidades y la actitud que tienen los atacantes del Eln, que ha sido agresiva. También hay que ver la disposición que tengan los del frente 33 de marchar hacia esa ubicación temporal”, dijo Patiño en entrevista con Blu Radio el fin de semana.

Al respecto, EL TIEMPO conoció que la propuesta para definir dicha zona ya fue entregada al presidente Gustavo Petro junto con el informe sobre los resultados de la suspensión de operaciones ofensivas y que la decisión final sobre una eventual prórroga y la fecha de instalación del espacio para la concentración de tropas está en manos del jefe de Estado.

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El acuerdo sobre la creación de una zona de ubicación temporal se firmó a comienzos de mayo, tras un encuentro entre el Gobierno y delegados del frente 33 en Cúcuta. El pacto establece que esta zona se ubicaría en zona rural de Tibú, bajo los parámetros de la Ley 2272 de 2022 (ley de ‘paz total’). Dicha ley autoriza este tipo de mecanismos sin que ello implique el retiro de la Fuerza Pública.

Sin embargo, el acuerdo se dio en un escenario crítico para la población del Catatumbo: una guerra abierta entre el frente 33 y el Eln por el control territorial del Catatumbo. De acuerdo con datos del Puesto de Mando Unificado (PMU) en la región, los combates han provocado el desplazamiento de más de 66.000 personas, el confinamiento de cerca de 11.500 y al menos 130 homicidios.

Además, un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos da cuenta de 35 muertes asociadas a esa agrupación durante el cese del fuego bilateral previo a la publicación del decreto de suspensión de operaciones ofensivas.

La falta de información precisa sobre cómo funcionará la zona de ubicación también ha sido objeto de críticas. La defensora del pueblo, Iris Marín, pidió que cualquier decisión se tome con base en la protección de la población civil. También cuestionó los riesgos de permitir la concentración de un grupo armado sin que exista un cese bilateral de hostilidades.

“El Estado debe proteger a la población frente al accionar armado de ambos grupos. ¿De qué manera la protección estatal a la zona no representará una ventaja militar para el frente 33 frente al Eln?”, señaló el pasado fin de semana x. Marín también expresó dudas sobre los mecanismos de verificación que aseguren que la zona no se utilice para expandir control territorial o atacar civiles señalados de apoyar al grupo rival.

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Desde las disidencias, alias ‘Andrey Avendaño’, vocero del frente 33, reiteró hace dos semanas que la zona de ubicación no pretende generar más violencia ni convertirse en una zona de despeje, sino mostrar avances del proceso y permitir el regreso de las personas desplazadas por los enfrentamientos. “Como lo reglamenta la Ley 2272, no es una zona de distensión”, indicó.

“Lo que busca es ayudar a bajarle la intensidad al conflicto armado en el Catatumbo. No solamente con el silencio de los fusiles del frente 33, sino que de verdad ayude a generar tranquilidad y posibilidades de retorno a las comunidades desplazadas por la violencia impuesta contra el pueblo a partir del 16 de enero del año en curso por los señores del Eln”, agregó.

No obstante, persisten las incertidumbres sobre cuántos hombres se concentrarán, si lo harán con armas, y quién verificará el cumplimiento de los compromisos. Luis Fernando Niño, alto consejero de Paz del departamento, expresó su preocupación por la falta de detalles. “No sabemos cuántos hombres van a ingresar, ni si lo harán con armas o sin ellas. Tampoco sabemos quiénes serán los verificadores”, señaló días atrás. Niño recordó que una implementación mal planificada podría derivar en un fracaso similar al de la zona de distensión del Caguán.

(Siga leyendo: ‘Si no se concentran, se acaba la mesa de negociación’: Armando Benedetti sobre zonas de ubicación con el frente 33).

Este frente, liderado por alias Jhon Mechas y alias Richard, hace parte de las disidencias del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, que a su vez integra el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), conocidas como las disidencias de ‘Calarcá’.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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