Las claves del quinto ciclo de paz entre Gobierno y disidencia de Walter Mendoza, que arranca este jueves en Tumaco

Este miércoles, en la ciudad de Tumaco, Nariño, dará inicio el quinto ciclo de negociaciones entre el Gobierno y la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB)’, disidencia que tiene como principal vocero a alias Walter Mendoza y que agrupa a los ‘Comandos de la Frontera’ y a la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’.

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Este nuevo encuentro se da más de un mes después del cierre del cuarto ciclo en el municipio de La Hormiga (Putumayo), que concluyó con acuerdos como la construcción de una hoja de ruta para un acuerdo definitivo y el compromiso de ambas partes para avanzar en la sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de coca en los departamentos de Nariño y Putumayo, los dos más afectados por esta problemática, según datos de la ONU.

“Nosotros nos comprometemos a entregarles una hoja de ruta para que en el próximo ciclo discutamos ese tema. La hoja de ruta es todo esto que estamos comentando: tiene que llegar a un punto en donde digan, “Listo, dejamos las armas” y firmamos un acuerdo de paz”, dijo Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno, a finales de abril en diálogo con este diario.

Este ciclo también estará marcado por el asesinato de 11 militares ecuatorianos a principios de este mes, perpetrado -según autoridades de ese país- por los Comandos de la Frontera, aunque el grupo niega la autoría del hecho. El ataque fue realizado con artillería pesada mientras los militares realizaban una operación contra la minería ilegal -una de las rentas que explota ese grupo armado ilegal- en la provincia de Orellana.

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Otro tema que volverá a estar en la agenda de la mesa es la situación jurídica de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de la Frontera, quien fue capturado en febrero, al cierre del tercer ciclo de negociación entre el Gobierno y la ‘Coordinadora Nacional’.

Aunque el cabecilla estuvo presente durante el anterior ciclo de manera virtual y desde el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, este es uno de los temas que sigue generando tensión entre las partes.

“Según la ley de ‘paz total’, si la negociación llega a un punto de no retorno, le corresponde al presidente evaluar esa situación para determinar si es procedente o no enviar al solicitado al país requirente. Claro, en el evento en que se produzca una extradición, la pregunta es: ¿continuará la mesa? ¿No continuará? La tesis que nosotros hemos defendido es que la paz es un bien superior que va más allá de la situación personal de alguno de los líderes de cualquier organización que esté en la mesa”, manifestó Novoa a EL TIEMPO.

Otros asuntos en la agenda, según confirmaron los propios negociadores, son los caminos jurídicos para un eventual acuerdo de paz. Cabe mencionar que este grupo no tiene carácter político reconocido y varios de sus son firmantes del acuerdo de paz de 2016, por lo que no podrían tener beneficios de un proceso de justicia transicional. Entre los caminos que se exploran aparece la posibilidad de hacer ajustes a la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz).

Finalmente, también es posible que se empiecen a tocar temas relacionados con la entrega de material de guerra, como ya sucedió con el Frente Comuneros del Sur, otro grupo que hace presencia en Nariño.

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“Hemos hablado de un proceso gradual de dejación de armas. La gobernanza criminal que manejan los grupos armados está fundamentada en dos grandes aspectos: la economía ilegal y las armas; es decir, el poder coercitivo que otorga un arma. Hemos pensado en las armas a través de una entrega gradual, porque a eso se debe llegar: a un acuerdo final para el fin del conflicto”, dijo Novoa.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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