De la Calle escribe sobre la influencia de Uribe en el acuerdo de paz

Resumen: este documento examina de manera objetiva las características del Acuerdo de Fin del Conflicto con las Farc, lo cual incluye el examen de las experiencias que fueron tenidas en cuenta y las diferencias introducidas en el acuerdo.

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En particular, es importante notar que uno de los antecedentes que influyeron en la posición del Gobierno en la mesa de negociaciones corresponde a las experiencias derivadas del Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM), el cual tuvo aplicación en el gobierno de Álvaro Uribe, a partir de 2007. Este reconocimiento muestra que la agresiva descalificación de lo acordado es injustificada. En efecto, el PCIM tiene muy importantes elementos de desarrollo agrario y de trabajo con las comunidades como elemento importante para lograr la erradicación de cultivos ilícitos.

De igual manera, aunque se afirma que pactamos la suspensión de las aspersiones aéreas, esto es absolutamente contraevidente, conclusión que se logra con la simple lectura del acuerdo.

El aumento del área cultivada, que constituye un serio problema para Colombia, puede haber sido parcialmente incentivado por la equivocada decisión de las Farc de romper el marco de confidencialidad en el que se debían desarrollar las conversaciones. No obstante, este fenómeno es complejo, a él contribuyen diversas causas, y es un error convertirlo en una simple bandera electoral.

Por fin, un balance de la situación de seguridad, traspasada por el narcotráfico, muestra nuevas direcciones. Esas nuevas realidades deben conducir al Gobierno a buscar caminos innovadores, dejando de lado controversias ideológicas que ya han sido desbordadas por los hechos.

Uno de los insumos tenidos en cuenta para la formulación de una nueva política en materia de cultivos ilícitos corresponde a los avances logrados en el PCIM.

Hay múltiples documentos sobre los resultados obtenidos. Por todos, me limito al documento del Cede de la Universidad de los Andes ‘Una evaluación del plan de consolidación integral de La Macarena (PCIM), escrito por Daniel Mejía, María José Uribe y Ana María Ibáñez de 2011.

La iniciativa se desprende del resultado de varias evaluaciones del Plan Colombia. Se encontró que la falta de articulación entre los esfuerzos militares y sociales “no generaba una reducción sustancial de los cultivos ilícitos que fuera sostenible en el mediano plazo” (documento citado).

El objetivo era pasar de manera progresiva de la acción militar y judicial, al reconocimiento de los cultivos como un problema de desarrollo agrario que exige presencia integral del Estado, políticas de ayuda a las familias cultivadoras, atención a las economías lícitas, prioridad de la sustitución voluntaria de la coca, estabilización de los derechos de propiedad y formalización de baldíos.

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Como veremos, en sus líneas esenciales, estas ideas aparecerán de nuevo en el Acuerdo del Teatro Colón, aunque en este hay un mayor énfasis en la utilización de mecanismos de participación comunitaria, dado que se perfecciona la idea de que el destinatario no es tanto el cultivador individual sino las comunidades de las que hace parte.

Una visión a vuelo de pájaro de los resultados muestra lo siguiente: importante reducción del área cultivada. Para el 2008, ya la región mostraba una importante reducción del área cultivada.

Según el mismo documento, “entre 1994 y 1998 aumentó el número de hectáreas erradicadas por aspersión. Estos esfuerzos se redujeron casi en su totalidad en el periodo de las negociaciones de paz (1998-2002). Una vez se cancelaron los diálogos de paz y se eliminó la zona de distensión, en febrero de 2002, se continuó con la aspersión de los cultivos de coca. En 2005, con la llegada del Plan Verde para la erradicación manual de los cultivos y la creación de los Grupos Móviles de Erradicación se modificó la estrategia de erradicación en la zona, dándole mayor prioridad al mecanismo manual. Este giro en la composición de los esfuerzos de erradicación es más claro con la llegada del PCIM en 2007, momento en el cual disminuye el número de hectáreas asperjadas y aumenta el número de hectáreas erradicadas manualmente. Este es un primer hecho que refleja el cambio en la estrategia de la lucha contra las drogas”.

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La constatación de esta realidad muestra que la idea de concentrar la disminución de la aspersión en un solo gobierno, no solo no corresponde a la realidad sino que muestra un marcado interés político.

Se privilegió el desarrollo alternativo frente a la erradicación forzosa.

Interdicción. Producción de droga. Como se lee en el informe, “la presencia del Estado en la región es un canal para combatir la producción de drogas ilícitas. Entre 1998 y 2008 se desmantelaron 453 laboratorios utilizados para la producción de estupefacientes en la región. Durante la zona de distensión (1998-2002) no se llevaron a cabo desmantelamientos de laboratorios. Entre 2002 y 2003, años posteriores a la ruptura de las negociaciones de paz con las Farc, se destruyeron cerca de 20 laboratorios al año. En 2006, cuando se comenzó a despejar la zona para la puesta en marcha del PCIM, se destruyeron en total 171 laboratorios, el mayor número de desmantelamientos por año que se presentó durante todo el periodo”.

Esto indica que las críticas al Acuerdo del Teatro Colón provenientes de seguidores de Andrés Pastrana, al omitir que durante la zona de distensión se suspendió el desmantelamiento de laboratorios, les resta validez a las mismas. Y en segundo lugar, tal como lo han sostenido varios autores (Rico, Zuleta), el papel del cultivo en toda la cadena del narcotráfico no tiene la mayor incidencia. Es la interdicción el punto clave, terreno en el que Colombia es bastante eficiente. De cierta manera, una estrategia centrada en los cultivadores y los consumidores, como ocurre con la visión del actual gobierno, diluye el hecho de que allí no está el eslabón más relevante.

En aras de la brevedad, el documento muestra que aumentó el área con cultivos lícitos; disminuyeron los enfrentamientos que pasaron de 220 en 2006 a menos de 40 en 2009; la deserción guerrillera logró su máximo en 2008; en 2007 se revirtió la tasa de homicidios de manera más marcada que en el nivel nacional (27 por ciento en los años 2006 y 2007 frente al 2 por ciento nacional); el índice Gini en la zona mostró mejorías en la desigualdad en comparación con el nivel nacional; aumentó la titulación de predios; y el desplazamiento forzado se redujo en un 74 por ciento entre 2006 y 2009.

Reafirmo que, con diferencias, estas líneas de política del gobierno de Uribe contribuyeron a la configuración del Acuerdo del Teatro Colón. Aun itiendo que se trató de un programa piloto y que vinieron luego nuevas complicaciones, lo que muestra esta evidencia es que en la polarización existente en materia de cultivos ilícitos hay mucho más de pasión política que de realidad empírica.

El núcleo esencial del Acuerdo del Teatro Colón sitúa el centro de gravedad en el desarrollo agrario, la política social, la presencia del Estado, la participación comunitaria, y la búsqueda de soluciones voluntarias a la sustitución con énfasis en las comunidades y en la participación de las mismas.

Las Farc se comprometieron a “contribuir de manera efectiva, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

Para ese efecto se pactó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). A diferencia del Plan de La Macarena, como se dijo, el esquema le dio un mayor impulso a la participación de las comunidades. No se previeron pagos individuales a excepción de pequeños auxilios de supervivencia temporal en especie. La idea central era la acción del Estado para crear condiciones en el territorio.

El Plan se inscribió en el contexto de la Reforma Rural Integral, pactada en el punto 1 del Acuerdo. Estas dos circunstancias puede contribuir a explicar el porqué de una oposición tan cerrada, dadas las connotaciones políticas.

En la formulación del Nuevo Acuerdo se hizo énfasis como lo pedían los voceros del ‘no’ en el plebiscito, en el encuadramiento de la participación en la órbita de las autoridades ordinarias. Así mismo, se proclamó en forma reiterada, que la finalidad era la consolidación del estado de derecho, los valores democráticos y la salida de la ilegalidad.

A fin de llevar a la práctica estas políticas, se previó que “se celebrarán acuerdos entre las comunidades, el Gobierno Nacional (subrayo) y las entidades territoriales”. Si esto no es posible, habrá erradicación forzada priorizando la manual.

Por fin, se agregó que “El Gobierno no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión. Las Farc consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual”.

Este punto, de claridad meridiana, fue reemplazado por la falsa afirmación de que en La Habana habíamos prohibido la aspersión. Nuevamente apareció la mano invisible de la política electoral.

Es cierto que la explosión en el número de hectáreas con coca es un serio problema que a todos nos concierne. Es cierto que el Gobierno enfrenta una seria encrucijada. Mientras gobiernos europeos y cortes norteamericanas cada vez muestran mayor rechazo al uso de la aspersión aérea con glifosato, y nuestras cortes claman por la aplicación del principio de precaución, la situación frente a Estados Unidos es muy difícil y exigirá del Gobierno la mayor sabiduría para satisfacer los intereses de su principal aliado pero estableciendo salvaguardas sobre las conveniencias nacionales.

Este es un tema verdaderamente nacional. Confiemos en que transcurridas las elecciones, podamos abrir un espacio incluyente de diálogo sobre las alternativas y posibilidades.

HUMBERTO DE LA CALLE

ESPECIAL PARA EL TIEMPO