Tres meses después del primer ciclo de negociación, y luego de un breve periodo de crisis, las delegaciones del Gobierno y de la 'Segunda Marquetalia' se volverán a reunir para tratar temas pactados en Caracas. El escenario será Tumaco, en donde se esperan delinear las condiciones para la segunda ronda de conversaciones que tendrá como sede a Cuba.
En entrevista con EL TIEMPO, Armando Novoa, jefe negociador con la ‘Segunda Marquetalia’, reafirmó que hoy no es posible solicitar el levantamiento de la orden de captura de ‘Iván Márquez’, pero dijo que el compromiso de tratar el tema en la mesa permitió sacar del congelador al proceso. Además, dijo que le gusta la propuesta de la Defensora del Pueblo de tener delegados de la entidad en la mesa y que trabajan en encontrar soluciones para los escollos jurídicos a los que se enfrenta el proceso.
¿Cómo se logró resolver y volver a la mesa?
Bueno, hemos tenido obstáculos de distinto orden. Inicialmente, la dificultad estaba en delimitar y acordar unas reglas claras para los operativos de extracción de los delegados de la Segunda Marquetalia, con el propósito de que pudieran trasladarse a los sitios de la reunión de la mesa. Tenía que ver con los cuadrantes, con algunas reglas excepcionales que se establecieron para ellos, pero finalmente ese ime se resolvió, aunque un poco tarde. Entonces eso hizo que se fuera corriendo el cronograma de las actividades previstas que estaban contempladas, por ejemplo, la reunión de Tumaco prevista para el 23 y 24 de julio pasado.
Y a partir de allí, procesos que marchan con cierta fragilidad, mientras más se dilaten en el tiempo y tengan menos continuidad, ponen en riesgo la continuidad misma del proceso. Necesitábamos agilizar y retomar el o directo con ellos. Después, a raíz de esta discusión que le estoy mencionando, llegó una solicitud en el sentido del levantamiento de la orden de captura de Iván Márquez, orden de captura que tiene fines de extradición y queríamos precisar si esa condición tenía, digamos, un carácter perentorio o si había la posibilidad de que fuéramos moviendo esa discusión en la medida que se desarrollaran las conversaciones. Finalmente, logramos restablecer el canal directo con el jefe negociador de la Segunda Marquetalia, yo organicé un viaje confidencial a la zona rural del municipio de Tumaco y pude reunirme el martes pasado, no solamente con Walter Mendoza, sino con algunos del equipo negociador y con otros comandantes de la estructura de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Fueron alrededor de 10 a 12 personas.
¿Cuál fue el ambiente en esa reunión?
En esa reunión hablamos con franqueza, con sinceridad, examinamos las dificultades, examinamos los asuntos que teníamos pendientes de evacuar en forma inmediata, que se habían aplazado por esas dificultades que menciono, y se acordó retomar la agenda de negociación salida del primer ciclo.
¿Y qué se acordó?
Vamos a hacer dos reuniones. La primera es una reunión preparatoria del evento de Tumaco, que es un evento masivo con líderes sociales del territorio, las delegaciones, autoridades locales y territoriales a nivel nacional, países garantes y acompañantes y nosotros. A partir de esa reunión se completarán todos los detalles del evento grande en Tumaco que realizaremos el 21 y 22. En esa reunión de Tumaco estuvieron presentes las delegaciones de ambos equipos, lo que implica entonces mover a los comandantes de la Segunda Marquetalia. En Tumaco presentaremos los logros del primer ciclo, se constituirán unos equipos de trabajo para examinar la adopción de protocolos y reglas para construir con la participación de las comunidades unos proyectos económicos que ofrezcan alternativas de vida a campesinos que están en el territorio con la finalidad de ofrecer alternativas diferentes al cultivo de la hoja de coca.
En esa reunión de Tumaco acordaremos la fecha del segundo ciclo, los temas a tratar, seguramente avancemos en la definición de la agenda de conversaciones, es decir, los temas sustantivos y también las medidas de desescalamiento militar y social, el tema de la georeferenciación, de las acciones que debería tomar el Gobierno para rodear de garantías el desarrollo de las conversaciones hacia adelante, etcétera.
El comisionado Otty Patiño le dijo no al pedido de Iván Márquez, ¿ellos pusieron nuevamente el tema del levantamiento de la orden de captura sobre la mesa?
Sí, pero no entramos a la discusión de fondo. Hicimos una revisión del asunto, escuchamos las razones por las cuales ellos consideran que Iván Márquez debe estar cerca de la mesa, insisten en que él tiene el carácter de comandante principal de la Segunda Marquetalia y en razón a eso, y también porque hace parte del equipo político asesor que ellos integraron, debe estar muy cerca de la mesa. Iván Márquez, como se sabe, no está en el país y eso hace un poco difícil la decisión del levantamiento de la orden de captura, más cuando hay una solicitud de extradición.
Además, la medida no depende solo del gobierno colombiano. Aunque con Estados Unidos no hay un tratado de extradición vigente, dentro de un principio de buena fe tanto el gobierno Estados Unidos como el gobierno colombiano han venido dándole desarrollo a ese tema. De parte nuestra propusimos que, entendiendo la importancia del asunto, el desarrollo de la negociación no podía sujetarse a una solución anticipada a ese asunto, el cual debe hacer parte de las consideraciones de la mesa. Dijimos que estábamos en disposición de examinar el tema con la condición de que la mesa pudiera retomar los diálogos y discutir el asunto con los elementos de juicio, tal vez con un acompañamiento técnico de un equipo de abogados o de juristas. Pero todo eso solo se comentó. La reunión del martes no fue un encuentro de la mesa, sino de los jefes negociadores, entonces punteamos algunos temas para desbloquear la mesa y nos pareció una buena noticia que ellos adoptaron también una posición similar a la nuestra.
Ellos se comprometieron al desescalamiento, ¿eso sí se ha cumplido durante este congelamiento?
Ellos de tiempo atrás han hecho una manifestación de un cese unilateral de fuego, entonces nos interesa que se mantengan en esa posición, que avancemos en algunos pasos relacionados con la georeferenciación y que también por parte del Gobierno Nacional, muy de la mano con las Fuerzas Armadas, que en estos asuntos son fundamentales, podamos otorgar unas garantías al equipo negociador y sobre todo medidas de alivio frente a las comunidades en donde ellos tienen presencia. El desescalamiento podría tener como paso siguiente, por ejemplo, compromisos en relación con el reclutamiento de menores, como actividades concertadas de desminado humanitario y otras medidas en la misma dirección para que el volumen de riesgo para las comunidades vaya disminuyendo. Simultáneamente, también debemos acordar acciones tempranas para la reconversión de esas economías ilícitas en el territorio a través de algún programa piloto, con proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Territorial de los departamentos. En el caso particular de Nariño, hay que trabajar muy de la mano con el gobernador, con el alcalde del municipio Tumaco y, por supuesto, con el apoyo muy decidido de las autoridades de orden nacional.
¿Por qué eligieron a Nariño para dar inicio a este plan?
Si no recuerdo mal, Tumaco tiene la mayor concentración de cultivos de coca en el territorio, pero también hay una economía de extracción, de comercialización de oro y otras actividades complementarias, digamos que acompañan, a todas esas prácticas de economía ilicitana. Tenemos un abandono estructural del Estado colombiano, todos los programas, o la mayoría de ellos, que se han puesto en ejecución, no han tenido sostenibilidad ni consistencia. Es el peor de los mundos porque tenemos economías ilegales, los índices de pobreza y exclusión muy altos, abandonó del Estado, cultivos de coca y eso es el caldo de cultivo para la presencia de las agrupaciones al margen de la ley, unos con una vocación más política, como puede ser la Segunda Marquetalia, pero hay delincuencia común, entendemos que hay estructuras del Eln, entendemos que hay estructuras de lo que se llamaba Estado Mayor Central y todo eso se traslapa en el territorio.
¿Les preocupa justamente la presencia en el territorio de las disidencias de Mordisco?
Es un riesgo real y por eso necesitamos tener territorios de paz, concitar una voluntad muy firme de las comunidades para que, en el contexto de la mesa, y de las mesas que están adelantándose en este momento, se rechacen manifestaciones de violencia. Se necesita el acompañamiento y la sincronización de la política de paz con el avance en las mesas. Respetando la autonomía de cada una de las mesas, y entendiendo que cada uno de estos grupos tienen dinámicas diferentes, no es descabellado pensar en la idea de que debemos avanzar a que Nariño sea un departamento modelo de paz territorial.
¿Qué se ha avanzado en el asunto de la georeferenciación?
La georeferenciación, que es un término técnico, tiene como propósito principal identificar las estructuras de los grupos al margen de la ley que tienen vocación de negociación para que el Estado y la Fuerza Pública puedan adoptar medidas de correspondencia a efecto de que allí, en las zonas en donde ellos estén presentes, se adopten unas medidas de carácter militar y social que puedan marcar la diferencia. Pero claro, por ejemplo, en el proceso del año 2016 con las antiguas Farc, la georeferenciación y la consiguiente ubicación de tropas dentro de una determinada área territorial se produjo al final del proceso, aquí estamos hablando de un mecanismo que se adoptaría al inicio del proceso de conversaciones. Por tal motivo, tenemos que dotar a ese mecanismo de unas características que permitan que sea eficaz, que les den seguridad a las comunidades y esa georeferenciación se tendrá que robustecer en la medida en que avancen las conversaciones.
Este proceso se enfrenta a escollos jurídicos serios, ¿qué soluciones se ha planteado el Gobierno?
Hay que diferenciar dos cosas aquí. Se han hecho críticas en el sentido de indicar que con base en el acto legislativo 2 del 2017 y en la reforma constitucional que se llamó el marco jurídico para la paz del 2012, el Gobierno no tenía competencia para instalar una mesa de conversaciones con un grupo o con una organización reincidente. Por otra parte, están las medidas de justicia transicional que eventualmente deberían aplicarse para los de una agrupación que está en proceso de negociación y que culmina en un acuerdo de paz. Son dos cosas diferentes. Frente a lo primero, está claro luego de la sentencia de la Corte Constitucional de hace dos semanas que el Gobierno sí está habilitado para establecer mesas de diálogo con estructuras armadas en las que a su interior existan personas que han desertado el acuerdo de paz de 2016. En el caso de la Segunda Marquetalia hay tres grupos de integrantes: los reincidentes, los disidentes del acuerdo, es decir, los que no lo firmaron y hay quienes llegaron a la estructura que llegaron después del acuerdo.
Entonces, a partir de esa diferenciación tienen que explorarse las fórmulas del caso y si usted entra en detalle, pues, va a encontrar un mayor grado de dificultad para el tratamiento de quienes son reincidentes frente a quienes son disidentes y quiénes son nuevos. Estamos estudiando fórmulas con un equipo de expertos en el tema que nos permitan encontrar soluciones que faciliten los diálogos y que den las garantías jurídicas del caso para quienes participen de un proceso de paz que sea irreversible. Estamos en eso y ese tema tiene que ser uno de los puntos de la agenda temática de la mesa de negociación.
Da la impresión de que una ley de sometimiento podría resolver de alguna forma este asunto, ¿ha conversado con el presidente Petro o con el ministro de Justicia sobre ello?
Yo creo que necesitamos armonizar la política en esa materia, de hecho, hay algunos anuncios, yo no quisiera anticiparme a la discusión, pero lo que sí le puedo decir es que estamos trabajando en un conjunto de fórmulas, que no es una sola, que tienen distintas vías para lograr una respuesta a los posibles vacíos que tenemos en la actualidad sobre el tema. No podemos olvidar experiencias anteriores; ningún proceso de paz anterior arrancó con un marco jurídico definido que se hubiera cumplido al final. El marco jurídico de la paz de 2016, que fue adoptado mediante el acto legislativo en el 2012, cuando se iniciaban las conversaciones con las Farc, tuvo que ser modificado y reemplazado por las medidas de justicia transicional que desembocaron en la creación de la JEP.
Si bien es cierto que ese marco jurídico es indispensable, no contar con ese marco en este momento no significa que estemos improvisando o que no estemos pensando en el tema. Pensar en el tema y abrir canales de solución implica entrar en un nivel de detalle que solamente podemos tener presente en la medida en que las conversaciones avancen. Ahí caben desde soluciones de sometimiento en la justicia y medidas transicionales, hasta otro tipo de medidas que, como somos muy conscientes, hoy no tienen un ambiente adecuado en el Congreso de la República.
La Defensoría del Pueblo solicitó estar en la mesa, ¿aceptarán ese pedido?
No puedo comprometer la posición del comisionado de paz, pero a mí, en lo personal, esa propuesta me gusta. Me parece que la Defensoría ayudaría mucho, por ejemplo, buscando mecanismos de articulación para el seguimiento y verificación a las medidas de desescalamiento militar. Tiene que haber un mecanismo de verificación y tal vez no deberíamos pensar en grandes estructuras nacionales, sino en unos instrumentos expeditos ágiles de naturaleza preventiva en los territorios, con autoridades que tengan presente presencia cotidiana allá. Ojalá el consejero comisionado avance con esa propuesta.
Con este congelamiento, ¿la meta de lograr la paz en 2026 sigue siendo realista?
Acabamos de hacer un seminario de tres días con los de la delegación para fijar un plan de trabajo que quisiéramos compartir con la Segunda Marquetalia. Hablamos de unas victorias tempranas en la mesa, hablamos de un cronograma, hablamos de las fechas en que deben adelantarse los ciclos y, por supuesto, para nosotros el universo de la negociación son dos años. No tiene mucho sentido hablar de una negociación de varios años más. Por las características que tiene esta mesa, creemos que tiene que haber, como se dijo muy al principio, una negociación ordenada, eficaz y que le muestre al país que sí es posible transitar por una senda de reconciliación en los territorios. Nosotros mantenemos la idea de que debe haber un acuerdo al final del Gobierno y, aunque los tiempos son cortos, creemos que si hay voluntad y claridad en los propósitos, esa meta se puede alcanzar.
¿La situación política de Venezuela y la presencia de Márquez en ese país pueden tener algún efecto en la mesa?
Varios comentarios al respecto. Primero, Venezuela es un país garante de esta mesa de conversaciones y a decir verdad hasta la fecha no tenemos queja alguna del papel que han desempeñado, especialmente a través del embajador Carlos Martínez, quien ha estado muy dispuesto a apoyar todo lo que se relaciona con el desarrollo de la mesa. De hecho, el primer ciclo de conversación lo hicimos en Venezuela y anteriormente se hizo una reunión en Venezuela para anunciar la instalación del primer ciclo. Por supuesto que la estabilidad institucional de Venezuela es muy importante para la suerte del proceso de paz que adelanta el Gobierno y la Segunda Marquetalia, pero en mi condición de jefe negociador no podría ir más allá. Quisiéramos seguir contando con el apoyo no solamente de Venezuela, sino de los demás países garantes, de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal. Esperemos que Venezuela, como lo ha hecho hasta ahora, apoye decididamente una solución de paz pronta y clara, porque somos países vecinos y las perturbaciones que tengamos aquí pueden tener una incidencia del otro lado de la frontera y viceversa.
Teniendo en cuenta que el segundo ciclo será en Cuba, ¿se ha pensado en tener a ese país como sede permanente de los diálogos?
Nosotros creemos que la sede permanente, si se trata de eso, debe estar en Colombia y ojalá en los territorios en donde la presencia de la Segunda Marquetalia. Creemos que la cercanía de la mesa a los territorios puede facilitar la adopción de fórmulas que permitan avanzar en el concepto de paz territorial, que no es una paz solamente en el territorio porque tiene implicaciones de carácter nacional.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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