Colombia requiere un cambio en el modelo de atención en salud mental

La salud mental de los adultos mayores en Colombia demanda una mayor atención no solo del sector, sino de todo el Gobierno, la academia, las instituciones y los colombianos, por tratarse de un tema de salud pública que podría agravarse y seguir afectando el bienestar y la calidad de vida de este sector de la población.

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Esta es una de las conclusiones de la investigación ‘Salud y bienestar mental de la persona mayor en cinco ciudades de Colombia’, que acaba de publicar la Universidad CES, y que revela, entre otras, que 44,2 por ciento de los adultos mayores tienen riesgo de conducta suicida.

La investigación, realizada con 2.506 personas mayores de 60 años de Bucaramanga, Medellín, Popayán, Santa Marta y Pereira, encontró que en esta última ciudad ese porcentaje de conducta suicida se eleva a 62,5 por ciento, lo que requiere atención especializada de profesionales de la salud física y mental.

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Además, el análisis estableció que el 15 por ciento de la población mayor consume sustancias legales e ilegales como tabaco o cigarrillo, cannabis, cocaína, anfetaminas, tranquilizantes, entre otras, y que 8,1 por ciento de los consultados utiliza varios medicamentos de forma simultánea. El estudio también concluyó que 1 de cada 3 personas mayores tiene afición al juego (chance, Baloto y bingo, entre otros).

Doris Cardona Arango, líder de la investigación, explica que ante los resultados “debemos estructurar y ejecutar acciones para elevar todos estos porcentajes en el país; la salud mental contribuye a la salud social; por lo tanto, en la persona mayor, estar bien le garantiza una mayor calidad de vida, independiente de los padecimientos y las limitaciones”.

Yolanda Torres de Galvis, directora del Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental (CESISM), de la Universidad CES, señaló que las cifras arrojadas por el estudio en adultos mayores son una muestra de las alteraciones y problemas de la salud mental de los colombianos, que incrementó sus alteraciones y problemas con la pandemia de covid-19.

Por supuesto, el personal de la salud no es ajeno a padecer de esas patologías. Una investigación del CESISM estableció que este sector, durante la pandemia –que no se ha ido–, también presentó alteraciones que dejaron secuelas.

El análisis se hizo con 711 profesionales en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, entre otras ciudades, en el que los médicos representan el 67,9%; el personal de enfermería, 22,8%, y otros profesionales como auxiliarles, fisioterapeutas, nutricionista, cerca del 9,3%.

Se determinó, por ejemplo, que 40 por ciento del personal registró trastornos mentales de ansiedad, depresión, problemas de sueño o insomnio. Los médicos fueron los más afectados para todos los trastornos estudiados, al presentar el 35,4% ansiedad; 26,7%, depresión, y 13%, insomnio, seguidos por otros profesionales con 31,8% ansiedad; 18,2%, depresión, y 4,5%, insomnio.

“Esta situación se acompañó por sentimientos de disgusto, pena y culpa, y culmina en síndrome de desgaste profesional, fenómeno que se conoce como Moral injury, definida como estrés psicológico, uno de los agresores más severos en estos tiempos”, afirmó Torres, quien resaltó que uno de los caminos iniciales que se debe considerar para atender de mejor manera la salud mental de los colombianos es revisar los programas de prevención y atención en este aspecto para el personal médico.

Las cifras de la Universidad CES confirman una tendencia creciente que ya la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) de 2015 había registrado, a tal punto que el Ministerio de Salud y Protección Social advertía que estas patologías eran la segunda causa de consulta en el país.

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La ENSM de 2015 –la de 2020 no se pudo realizar por la pandemia– reveló que el 44,7 por ciento de las niñas y los niños tienen indicios de algún problema mental y el 2,3 por ciento evidencia trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También que en la adolescencia los trastornos más frecuentes son la ansiedad, la fobia social y la depresión. Asimismo, un dato interesante es que la ideación suicida se presenta en el 6,6 por ciento de esta población, en tanto que en la adultez el 6,7 por ciento ha experimentado trastornos afectivos.

Por otro lado, la encuesta deja ver que el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas inicia, en promedio, a los 13 años y que otras sustancias de alto consumo son el tabaco y la marihuana, incrementando el riesgo de enfermedades crónicas, disfunción familiar, pérdida de vinculos sociales, patología dual (salud mental más adicción) e incluso la muerte, especialmente por suicidio.

En efecto, el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses documentó el número de suicidios que en el primer semestre de este año registró 1.564 muertes por esta causa y, de mantenerse la tendencia, en diciembre se superará la cifra de 2021, cuando se reportaron 2.962 casos (8 diarios), el número más alto en la historia de Colombia.

Manuel Acevedo Jaramillo, rector de la Universidad CES, afirmó que las investigaciones de la institución académica y de otras entidades coinciden en que se deben buscar mecanismos que lleven a la reducción de condiciones multimórbidas como la depresión, la soledad, la ideación suicida y el consumo de sustancias psicoactivas –legales e ilegales– mediante la identificación de los factores de protección que pueden ser fortalecidos.

“Es claro que los problemas de salud mental han ido incrementándose por diversos factores, como diagnósticos tardíos, modelos no adecuados de tratamiento e, incluso, porque hay estigmatizaciones a las personas y familias donde se presentan estos casos. Esas barreras hay que romperlas, porque la salud mental de los colombianos debe ser una prioridad de salud pública. Solo así hallaremos caminos de prevención y atención efectiva”, explicó Acevedo.

Agregó que si bien en el país se han hecho esfuerzos por atender la salud mental de los colombianos, que incluyen la formulación de una Política Nacional (2018)en este tema con cinco ejes, las cifras indican que es necesario reforzarla e incluso reorientarla con la participación, insiste, de todas las entidades y sectores.

En este sentido, la Universidad CES y 15 de sus especialistas construyeron una hoja de ruta que será presentada este lunes, 10 de octubre –justo cuando se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental–, que consta de ocho puntos para mejorar la prevención y la atención en este campo.

Se abordará, entre otros temas, la modificación del modelo con el que se está abordando la salud mental, dejando constancia de que debe reestructurarse desde la patología dual y no a partir únicamente de la salud mental y el consumo de drogas de forma independiente.

Adicionalmente, el documento plantea la necesidad de analizar la legalización de drogas como un tema de salud pública (ver nota anexa) y sugiere un tratamiento especial en prevención y atención en salud mental a adultos mayores, niños y jóvenes, además de la urgente necesidad de llevar la atención especializada a las regiones, sobre todo a zonas rurales, y producir más evidencia científica al respecto con la intención de generar mayor interacción entre el Gobierno, la academia, los gremios y las empresa privadas a fin de que haya más investigación de campo sobre estas enfermedades.

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“Esos puntos, estamos seguros, son clave para trabajar por la salud mental de los colombianos. Debemos unir esfuerzos y actuar intersectorial e interistrativamente en estos temas a nivel local, departamental y nacional para hallar soluciones. Uno de los aspectos relevantes es la consolidación y robustecimiento de la Mesa Nacional de Investigación en Salud Mental, que permitirá tomar decisiones más acertadas con base en evidencia científica”, concluyó Acevedo.

Para el médico Guillermo Castaño, doctor en psicología de la salud y adicciones, especialista en farmacodependencia y experto en patología dual, el reto de la legalización de las drogas va más allá de resolver problemas relacionados con el cultivo, la producción, el tráfico y los problemas conexos (delincuencia, violencia, corrupción, lavado de activos, afectación del medioambiente y un largo etcétera).

Según el experto, se requiere un cambio de modelo de la atención en salud mental, en el que se privilegie la prevención, la oportunidad en el a los servicios y se deje atrás la atención fraccionada donde, por un lado, se atienden los trastornos mentales y, por otro, las alteraciones por uso de sustancias, aspectos que deben tenerse en cuenta en los debates del Congreso de la República sobre la legalización del consumo del cannabis para uso de adultos.

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“Los dos temas no son solamente un reto legislativo, son de salud pública. La legalización del uso de la marihuana y otras drogas son temas complejos y la academia puede y debe alertar sobre los riesgos y consecuencias que esto traería. Si se decide hacer, se deben estructurar programas para prevenir el consumo en poblaciones vulnerables (menores de edad, mujeres embarazadas, enfermos mentales, personas de la tercera edad) y para los adultos que deciden consumir, que tengan la mayor información posible, con el fin de que tomen decisiones adecuadas y asuman los riesgos de manera consciente”, afirmó.

Si se dejan vacíos en información y pedagogía, advirtió Castaño, se corre el grave riesgo de multiplicar los casos de trastornos mentales y agravar los problemas de salud pública relacionados con el consumo de drogas.

El experto agregó que una persona con trastorno mental puede tener 10 por ciento de probabilidades de suicidio y si le suma consumo de drogas, llegaría a 20 por ciento.

Apuntó que los estudios han mostrado que quien fuma marihuana con altos contenidos de tetrahidrocannabinol lo hace a diario y si, además, tiene antecedentes familiares de esquizofrenia, posee tres veces más riesgo de sufrir episodios psicóticos.

“Hay enfermedades mentales que están dormidas y el uso de drogas las dispara. Por esa razón es urgente diseñar programas de prevención al consumo y detección temprana de los trastornos mentales y dar a los pacientes una atención integral e integrada y no continuar con la salud mental por un lado y la adicción por otro. Debemos cambiar el modelo y verlo como una patología dual”, concluyó Castaño, quien advirtió que la cocaína, los opiáceos, las anfetaminas y sus derivados son “completamente inconveniente legalizarlas”, por el alto poder adictivo y los graves deterioros biopsicosociales que producen.

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