Alarma por la expansión del conflicto armado en el país

El Ejército y la Policía verifican desde hace un par de semanas el origen y alcance de dos videos que comenzaron a circular en Meta y Casanare. En estos, supuestos disidentes de las Farc resucitan el cobro del ‘impuesto de guerra’, que la extinta guerrilla instauró décadas atrás.

Portando fusiles de asalto y uniformes camuflados, identifican con nombre y apellido a sus víctimas: ganaderos, contratistas y hasta dueños de fincas de recreo.

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“Ya lo tenemos ubicado a usted, sus casas y todo lo que concierne a su vínculo familiar. No queremos hacer (sic) medidas de presión para que usted llegue acá”, se oye en uno de los videos de quien sería el jefe del frente 10 de la disidencia, alias Jerónimo. Y se verifica si otro se grabó en Venezuela.

Esas amenazas, unidas a la seguidilla de masacres de civiles (la más reciente el viernes, en Buesaco, Nariño) y a ataques a policías en Antioquia y a militares en Arauca (asesinados con tiros de gracia), coinciden con una alerta radicada el pasado 20 de agosto en el Congreso.

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En esta, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría y la Mesa Nacional de Víctimas piden que se apruebe de inmediato el trámite legislativo para la extensión de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por otros 10 años. Y sus argumentos son contundentes.

Advierten de una “persistencia y expansión del conflicto armado” en el país y el regreso de actores armados a varias regiones, incluidas ciudades capitales.

“El conflicto armado persiste en amplias zonas de la geografía nacional, se ha expandido a nuevos territorios, e incluso en algunas regiones se ha agudizado”, se anota en el documento.

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Y se agrega: “La persistencia y expansión de esos grupos se han visto favorecidas por la permanencia de circuitos económicos ilegales (...), por la falta de respuesta coordinada del Estado (...)”, y por fallas en la protección a potenciales víctimas.

Además, hablan de regiones específicas como los Montes de María (entre Sucre y Bolívar), donde hace menos de un mes líderes de la zona denunciaron que la violencia de bandas al servicio del ‘clan del Golfo’ y de las Autodefensas Gaitanistas desplazó a 27 familias, como en los peores años de la guerra entre paramilitares y guerrilla.

También le dicen al Senado –donde solo le falta un debate en plenaria a la extensión de la ley– que en Catatumbo, Bajo Cauca, Valle, Nariño y Cauca –al igual que en Putumayo, Caquetá y Meta–, la violencia que se creía superada con el proceso de paz con las Farc está volviendo a escalar.

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Algunas de esas regiones fueron escenario del asesinato de 17 jóvenes solo en las dos primeras semanas de agosto: fueron tres masacres, que se suman a las 33 que –según la ONU– se han perpetrado en lo que ha corrido del 2020.

En el documento se señalan como responsables no solo a las disidencias de las Farc, que grabaron los videos extorsivos, sino además al ‘clan de Golfo’ y a las Autodefensas Gaitanistas, que atacaron en Montes de María. Así mismo, al Eln, al Epl, a ‘los Rastrojos’, ‘los Caparrapos’ y estructuras urbanas identificadas como ‘los Pacheli’, ‘la Constru’ y ‘la Cordillera’.

Estos tres últimos actores armados –dice la alerta– son responsables de “la persistencia de los escenarios de riesgo en centros urbanos, específicamente en las áreas metropolitanas de Medellín y Barranquilla, así como en sectores de ciudades como Cali, Cúcuta, Bogotá y otros centros urbanos”.

Esa expansión de conflicto, señalan, tiene fuentes de financiación aseguradas y jugosas. La coca sigue estando en el primer renglón y luego, la minería ilegal y el cobro de ‘vacunas’.

Sobre el narcotráfico anotan que la gasolina del conflicto continúa saliendo de las 154.000 hectáreas de coca que según la ONU tapizan a Colombia.

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Este panorama ha desencadenado de nuevo la lucha por el control territorial, en la que queda en medio la población civil.

Episodios recientes, como el desplazamiento de más de 600 personas en Cáceres, Antioquia, el jueves pasado –por amenaza de organizaciones armadas–, les dan la razón. Y lo confirman más de 58 desplazamientos masivos entre enero y octubre de 2019, que afectaron a 15.000 personas.

Otro dato que incluye la alerta es que en lo corrido del 2020 se han documentado 26 casos de reclutamiento forzado de menores de edad: 10 de ellos los ejecutaron las disidencias de las Farc; 9, el Eln; 6, las bandas criminales (‘bacrim’), y en la otra está por establecer a sus responsables.

En medio de ese panorama violento, los líderes sociales siguen siendo objetivo. Entre enero y abril se han documentado 65 asesinatos de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos. Eso equivale a 15 por mes.

“La protección a los líderes sociales y defensores no ha sido garantizada de manera adecuada, no obstante la existencia de marcos normativos y políticas públicas en materia de prevención y protección, y debido a las dificultades existentes para implementar mecanismos de protección colectiva y fortalecer las estrategias de autoprotección”, enfatizan la Defensoría, la Procuraduría, la Contraloría y la Mesa Nacional de Víctimas.

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¿A qué se refieren? A lo que califican como graves falencias en la operatividad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que se evidencian en que entre abril de 2019 y marzo de 2020 se evaluó a 2.550 víctimas con nivel de riesgo extraordinario, extremo o inminente, pero solo 360 tienen protección implementada.

La situación es más difícil con las medidas de protección colectiva. En los últimos 4 años se han elevado 764 solicitudes, pero la UNP solo ha aplicado 105.

El Gobierno ha dicho que trabaja para frenar la ola de violencia. Incluso, el presidente Iván Duque advirtió: “Hay que tener claro que a más coca, menos paz. Detrás de los cultivos ilícitos hay estructuras criminales que masacran jóvenes, asesinan líderes sociales, excombatientes e intimidan gobernantes. Entre todos debemos enfrentarlos con contundencia”.

(Consulte aquí todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

De hecho, se alista un plan de acción militar para arreciar la lucha contra grupos ilegales. Y el Congreso avanza en la ampliación de la vigencia de la Ley de Víctimas para garantizar la reparación integral de más 8 millones de personas afectadas de forma directa por el conflicto armado.

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