EE. UU. dijo que lo que Mancuso sabe lo ponía en peligro; ¿Y Jorge 40?

Una vieja carta de un alto funcionario estadounidense podría entrar a jugar dentro del pulso que Colombia libra para que el exparamilitar Salvatore Mancuso regrese a responder por sus crímenes.

Tal como lo reveló EL TIEMPO la madrugada del domingo pasado, el gobierno Trump decidió frenar su deportación a Italia, bajo el argumento de que resultaría perjudicial para sus intereses. Y, alegando razones de seguridad nacional, anunció que sería enviado a Colombia.

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Y a lo largo de la semana lo han calificado como un sujeto peligroso para la sociedad, como sustento de su retención, a pesar de que el 27 de marzo terminó de purgar 12 años de cárcel.

Incluso, el juez Richard J. León, que ordenó su deportación a Italia, negó las medidas cautelares que pidió su defensa y itió que no podía oponerse a la decisión política de enviarlo a Bogotá.

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Pero en una carta de Paul O’Brian, entonces jefe de la Oficina Antinarcóticos y drogas peligrosas del Departamento de Justicia (dirigida a la Fiscalía de Colombia, el primero de diciembre de 2008), se deja en evidencia que Estados Unidos sabe lo que Mancuso ha revelado sobre influyentes políticos colombianos y militares (activos y retirados), lo que lo podría poner en peligro.

Mancuso, autor de decenas de sangrientas masacres, dio detalles de esos nexos en versiones entregadas al fiscal colombiano Leonardo Cabana los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2008.

Y amplió la información en decenas de audiencias posteriores.

En ese momento, el gobierno Uribe acababa de extraditarlo (marzo de 2008) y el paramilitar estaba dispuesto a contarlo todo, bajo la supervisión de funcionarios federales.

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“Durante la versión libre, Mancuso nombró a varios oficiales militares, policiales y políticos de alto rango que brindaron apoyo material a las actividades criminales de las Auc”, dijo O’Brian.

Y agregó: “Algunas de estas personas ya no pertenecen a agencias gubernamentales, mientras que otras son muy activos de las fuerzas armadas, la política y las fuerzas del orden en Colombia (...). Además de sus declaraciones en versión libre, como es de su conocimiento, Mancuso ha declarado y continúa siendo testigo en los procesos ante la Corte Suprema de Colombia”.

Por eso le pidió a la Fiscalía que protegiera a su familia, que podría ser blanco de represalias.

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“En consecuencia, Estados Unidos apoya la solicitud del Sr. Cabana pidiendo al gobierno colombiano que evalúe la amenaza contra de la familia de Mancuso y tome las medidas”, señala la carta que la defensa de Mancuso va a usar para demostrar que (según ellos) hay una “cacería política” contra del otrora poderoso ‘expara’. De hecho, su defensa usará esta y otras constancias para intentar que Estados Unidos acceda a dejar a Mancuso en ese país, bajo la sombrilla de la Convención contra la Tortura.

El requisito es que Mancuso pruebe que agentes del Estado ponen en peligro su vida, y la carta de O’Brian pareciera ayudar. Incluso, se señala que otra persona que podría dar fe de la gravedad de las confesiones de Mancuso es Robert Spelke, abogado del Departamento de Justicia, responsable de su enjuiciamiento.

“Muchos de los mencionados siguen en el poder. La JEP ya tiene una carta con nombres”, dijo la defensa de Mancuso.

Mientras se define su futuro judicial, EL TIEMPO reveló este sábado que Colombia ya pidió la deportación al país de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

El ‘expara’ cumple su pena de 12 años este domingo y pasará de la Cárcel de Pensilvania a una de Migración y a cuarentena.

“Considerando los cargos criminales pendientes que hay en Colombia contra el señor Tovar Pupo, la República de Colombia considera de suma importancia su retorno al país en orden a proteger los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, dice la Cancillería.

Y agrega: “En esta consideración, el Ministerio de Justicia ha requerido información a Estados Unidos del señor Tovar, quien fue excluido del programa de Justicia y Paz y debe retornar a Colombia en orden a cumplir con los requerimientos de las autoridades y a responder en el proceso judicial iniciado contra él por varios cargos criminales”.

Uno de ellos es el del crimen del profesor Alfredo Correa de Andréis (2004) y otros más, ligados con su actividad paramilitar.

EL TIEMPO estableció que ‘40’ –cuyo abogado en Estados Unidos, Joaquín Pérez, fue el mismo de Mancuso– alista un pronunciamiento en el que dirá que está dispuesto a regresar, pero bajo garantías de seguridad.

Según allegados al ‘expara’, insistirá en ser acogido en la JEP.

Dicha jurisdicción ya le advirtió que lo aceptarían como tercero civil por actividades entre 1996 y 1998, época de su paso de ganadero a ‘para’. Pero el resto de crímenes quedarían bajo la órbita de la justicia ordinaria.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

El Gobierno de Colombia también revisa el caso del narcotraficante Miguel Ángel Mejía, alias el Mellizo, quien intenta evadir su regreso a Colombia, donde tiene deudas pendientes, tras ser expulsado de Justicia y Paz.

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