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En la mira, magistrado que puso contra las cuerdas a Álvaro Uribe
EL TIEMPO revela ampliación de denuncia de Uribe contra José L. Barceló, citado a versión en Cámara.
José Luis Barceló y Álvaro Uribe Foto: Claudia Rubio / EFE
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Decenas de interceptaciones hechas al expresidente Álvaro Uribe Vélez hacen parte de la evidencia que le sirvió a la Corte Suprema de Justicia para abrirle investigación formal –por presunto soborno a testigo y fraude procesal– y dictarle medida de aseguramiento.
En algunas de ellas se oye al exmandatario hablar con su apoderado Diego Cadena, sobre las visitas a testigos en cárceles y procedimientos que hoy tienen en detención domiciliaria al abogado.
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Y si bien Uribe tomó distancia sobre conductas de Cadena, desde antes de que el proceso pasara a la Fiscalía y de que el expresidente recuperara su libertad, ya habían cuestionado los audios.
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Tras calificarlos de ilegales, primero, denunciaron el caso ante la Fiscalía y pidieron investigar al analista del CTI encargado de las escuchas. Luego, uno de los alfiles de Uribe, el representante Ricardo Ferro, denunció ante la Comisión de Acusación a José Luis Barceló, el magistrado encargado de la génesis de la investigación y quien citó a indagatoria al expresidente.
El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez pronunció un discurso de más de una hora en la sede del Centro Democrático, después de la indagatoria en la Corte. Estuvo acompañado por sus abogados y del partido. Foto:Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO
'Me quería encarcelar'
Y Uribe –a través de su abogado David Espinosa– se constituyó en víctima y ya amplió en dos ocasiones la denuncia contra el hoy exmagistrado, quien acaba de ser citado a versión por los representantes investigadores: el uribista Edward Rodríguez, y Mauricio Toro (Partido Verde).
La primera precisión que hacen allegados al caso es que no todos los audios están cuestionados y tampoco es la única prueba recaudada contra Uribe.
Edward Rodríguez, representante investigador del caso del Cartel de la Toga en la Comisión de Acusación. Foto:Centro Democrático
Pero el exmandatario busca demostrar que Barceló le vulneró varios derechos y pide que lo procesen penalmente por prevaricato por acción, que contempla una pena de hasta 8 años.
De hecho, pidió que se unificaran varios procesos contra Barceló y que se le llamara a indagatoria, como el entonces magistrado hizo con él.
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Mientras estuvo en prisión somiciliaria, Uribe amplió en dos ocasiones la denuncia contra Barceló y pidió que lo llamaran a indagatoria. Foto:EL TIEMPO
EL TIEMPO tuvo exclusivo a las dos ampliaciones de denuncia que el exmandatario hizo (la primera el 19 de agosto pasado y la otra 24 horas después), mientras estuvo en casa por cárcel, y empieza por calificar como “curioso” que luego de que Barceló cerró la investigación en contra de Iván Cepeda y le compulsó copias a él, el caso quedó en manos del mismo magistrado.
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Además, llama la atención en la “celeridad histórica” con la que actuó el togado cuando Juan Guillermo Monsalve –testigo clave contra Uribe – dijo que estaba siendo presionado.
“Se trató de un hallazgo inevitable, se entendía que ese número era el o para notificarle a Córdoba sobre los asuntos que cursan en contra de él (...) Eso no es un error judicial”: Barceló.
“Lo que también realizó Barceló antes de entregar el caso (que constitucionalmente nunca debió tener) fue permitir que ingresaran al expediente múltiples interceptaciones a mi teléfono, pero no porque legalmente se hubiera ordenado mi interceptación, sino porque en otro proceso (adelantado en contra del representante Nilton Córdoba), supuestamente escuchando al representante, me había interceptado por “error””, dice Uribe.
Y agrega que, “según Barceló, no se dieron cuenta sino mucho después”. Pero, “incluso después de que se ordenó la suspensión, se me siguió escuchando”.
Óscar álvarez, analista del CTI, aseguró que advirtió sobre el error de la interceptación a Álvaro Uribe. Foto:Archivo Particular
Uribe asegura que a pesar del error, los audios no se excluyeron y se intentó justificar el yerro señalando que, cuando se le pidió el teléfono a Córdoba él dio su número. “Eso fue desmentido por Córdoba”, dice Uribe.
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Y tras citar otros episodios (como el supuesto ocultamiento del expediente y la negativa de práctica de pruebas) concluye: “Con esta breve contextualización, demostraré cómo Barceló vulneró de manera consciente y voluntaria varias disposiciones legales, lo que se puede adecuar al delito de prevaricato por acción, con el único propósito de encarcelarme injustamente”.
El analista el CTI dice que, al advertir el error, "inmediatamente manifestó vía verbal al Gerente del Caso (...) Clara López como Gerente investigadora. Y a Iván Cortes.
La defensa
Barceló no se ha pronunciado sobre la citación a versión. Pero cuando se conoció la denuncia, señaló: “La Corte no interviene de manera ilegal; si lo hace, lo hace de manera legal, como lo dice la ley. Ahora se dice que hay una denuncia en contra nuestra; expondremos nuestros argumentos y la Comisión hará la respectiva investigación”.
Y ya había dicho: “Se trató de un hallazgo inevitable, se entendía que ese número era el o para notificarle a Córdoba sobre los asuntos que cursan en contra de él y por eso se tuvo en cuenta para el monitoreo. Eso no es un error judicial”.
El testimonio del analista del CTI, Óscar Álvarez, será clave, pues, según dijo, advirtió del error oportunamente.
Jaime Granados, abogado penalista. Foto:EFE
¿Qué dijo el del CTI?
Esta parte de la denuncia estuvo a cargo del abogado Jaime Granados, cabeza de la defensa de Álvaro Uribe Vélez.
En denuncia ante la Fiscalía, le señaló a Francisco Barbosa que, en su criterio, "existen suficientes elementos de prueba para pregonar posible responsabilidad penal en contra de distintos servidores públicos por la grave e irregular vulneración a la intimidad de la que fuera víctima el ex Presidente Uribe, en atención a la
interceptación de su teléfono personal realizada, entre el 9 de marzo de 2018
y 9 de abril de 2018, hechos que, a pesar de su gravedad, acaban de
cumplir dos años y permanecen en absoluta impunidad".
En su ampliación de denuncia, Granados asegura que el 10 de octubre de 2018, presentaron denuncia penal contra el investigador Óscar Álvarez, por la posible
comisión del delito de prevaricato por omisión.
Y el penalista recalca que, en declaración ante la Fiscalía, Álvarez dijo cómo había procedido cuando se dio cuenta del error: "Inmediatamente manifestar vía verbal al
Gerente del Caso o al dueño de la investigación que es la autoridad respectiva (...) A los funcionarios, Clara López como Gerente del Caso, Gerente Investigadora. Y
al Doctor Iván Cortes".
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