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La denuncia contra cerebros de lujoso megaproyecto de la calle 100 con carrera Séptima

Hablan de enriquecimiento ilícito. Supersociedades busca someterlos a control. Esta es la defensa.

Fachada Edificio en la K7 con calle 100 Bogotá 3 de marzo del 2024. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

03.03.2024 13:00 Actualizado: 04.03.2024 00:00

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El ‘elefante blanco’ más lujoso y costoso de Colombia. Así han empezado a llamar sus propios inversionistas a un megaproyecto inmobiliario que se empezó a levantar en una de las esquinas más cotizadas del norte de Bogotá: la calle 100 con carrera Séptima.

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En planos, fotos y voz a voz se ofrecieron dos imponentes torres de oficinas y un exclusivo centro comercial, más grande que Unicentro y el Andino juntos. Además, un supermercado ancla, sumado a obras de infraestructura.

A la izq. lo que le ofrecieron a los inversionistas; a la der., lo que va de la obra tras 12 años. Foto:EL TIEMPO / Archivo Particular

Las dos cartas reservadas

Esa es la denuncia contra Aldea Proyectos SAS. Foto:EL TIEMPO

Pero, 12 años largos después, la obra ha sido ejecutada en un 47 por ciento y el dato más fresco que estableció EL TIEMPO es que un grupo de inversionistas está hablando de desvíos de dinero y hasta de falsedad documental.

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Ese diario conoció en primicia que el pasado viernes se radicó una denuncia en Fiscalía por parte de tres inversionistas que concentran el 25 por ciento del proyecto.

Los señalamientos

El penalista Marlon Díaz instauró la denuncia penal . Foto:Archivo particular

A la denuncia se une la notificación de la Superintendencia de Sociedades, del 12 de febrero pasado, de someter a control el proyecto aduciendo su crítica situación financiera y istrativa.

A través de su apoderado, el penalista Marlon Díaz, están pidiendo que se abra de inmediato una indagación y se formule imputación a los cerebros del proyecto –Julián Bonilla Nieto, Sandra Bonilla Nieto y los demás responsables– por istración desleal agravada, falsedad en documento privado y hasta enriquecimiento ilícito por medio de la empresa promotora Aldea Proyectos SAS.

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Hasta ahora, solo investigaciones periodísticas y autoridades habían puesto los focos en el megaproyecto. Pero ahora son algunos de sus inversionistas los que piden que se investigue. Se trata de June SAS, Barragán e hijos y CIA SAS y Boa Hora SAS, que han inyectado más de 94.000 millones de pesos.

A la denuncia –que anexa documentos– se une la notificación de la Superintendencia de Sociedades, del 12 de febrero pasado, de someter a control el proyecto aduciendo su crítica situación financiera y istrativa.

Dineros desviados

Julián Bonilla, cabeza de Aldea Proyectos SAS. Foto:Archivo particular

En la denuncia ante la Fiscalía, el penalista Marlon Díaz asegura que hay evidencia de un millonario desvío de capital.

Según señala, “en la asamblea de inversionistas del 23 de junio de 2022, la Fiduciaria Itaú confirmó que los promotores habían recibido directamente recursos por más de 30.000 millones de pesos”, y que habían sido girados a terceros.

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Uno de esos movimientos de dinero se dio por la venta del privilegiado piso 26 del megaproyecto. Con la plata, dicen, cubrieron facturas de proveedores, devolvieron aportes y pagaron comisiones para reestructuración financiera.

Y habla de una auditoría forense, de agosto de 2023, que, asegura, concluyó que la plata del fideicomiso no fue istrada adecuadamente y no se siguió el procedimiento para los pagos y giros.

También señala que parte de la plata desviada sirvió para pagar intereses a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), otro de los inversionistas cuyo caso denunció EL TIEMPO y recogió la Contraloría. Y añade que hay contradicciones entre el área disponible y las ventas, entre otras anomalías.

La defensa del proyecto

EL TIEMPO se comunicó con Julián Bonilla, cerebro del megaproyecto, quien aseguró que aún no ha sido notificado de la denuncia penal. itió que los inversionistas que la radicaron no han estado de acuerdo con decisiones tomadas.

Pero, advirtió, que estas han sido respaldadas por la mayoría de los fideicomitentes y accionistas.

“Los promotores tenemos un 46 por ciento. Y, otro grupo de inversionistas, que tiene un 30 por ciento, ha apoyado las decisiones adoptadas”, explicó. Y descartó irregularidades y, menos, falsedades.

No obstante, itió que se trata de un proyecto difícil, afectado por decisiones de las últimas 5 istraciones de Bogotá.

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“Después de varios cambios en el proyecto de la Séptima y del marco normativo, en febrero conocimos la decisión del alcalde Galán de seguir con el Corredor Verde en el tramo que nos afecta”, dijo.

Y agregó que incluso tuvieron que demandar al Distrito y llegar a un acuerdo para que se modificara el Plan Parcial del proyecto.

Respuesta a Supersociedades

Estas es la respuesta a la Supersociedades por anuncio de sometimiento a control. Foto:EL TIEMPO

“Ya tenemos la solución jurídica, el marco normativo y decisión política. Ha sido un tema complicado y todo esto genera incertidumbre entre inversionistas e interesados en el proyecto, que no tiene precedentes”, explicó Bonilla.

Y anticipó que se presentó recurso ante la Supersociedades negándose al sometimiento a control.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Entre otros puntos, le señalan a esa entidad que parece desconocer que la situación que atraviesan “es consecuencia de actuaciones arbitrarias jurídicas que se ocasionaron por parte de las autoridades del orden distrital, que le impidió a la sociedad y al proyecto construir las obras que hasta marzo de 2019 se realizaban de manera exitosa y que a raíz de esas decisiones le impidieron continuar en ejecución de las obras y que sólo hasta finales de 2023 se logró subsanar”.

“Somos una firma sólida –con activos de 1,4 billones de pesos – y el proyecto es viable. Rechazamos un sometimiento que lleve a un proceso de insolvencia. Estaríamos dispuestos a una reorganización”, señaló Bonilla.

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